El acuerdo provisional sobre los nombramientos episcopales, firmado por la Santa Sede y la República Popular China en septiembre de 2018 y renovado en 2020 y 2022 por dos años cada vez, ha sido renovado esta vez por un período más largo de cuatro años, anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 22 de octubre de 2024.
La Santa Sede se declaró decidida a "continuar un diálogo respetuoso y constructivo" con China y abierta a "seguir desarrollando las relaciones bilaterales en interés de la Iglesia católica en China y del pueblo chino".
En su comunicado de prensa, la Santa Sede afirma haber alcanzado un "consenso" con vistas a la "aplicación efectiva" del acuerdo, cuyos términos permanecen secretos pero que otorga al Papa la última palabra sobre el nombramiento de obispos en China. Hasta ahora, se han nombrado diez obispos en seis años.
Recientemente, un obispo de 99 años que había sido reconocido por Roma durante mucho tiempo fue finalmente nombrado por Pekín. El único incidente destacable en los dos últimos años fue el nombramiento unilateral por parte de Pekín del obispo de Shanghai, monseñor Shen Bin, que fue finalmente reconocido por Roma en julio de 2023.
Sin embargo, todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre el estatus de la Asociación Patriótica, el organismo controlado por el Partido Comunista Chino que controla la Conferencia Episcopal de China Continental, actualmente no reconocida por Roma. Según el acuerdo de 2018, los obispos chinos están ahora obligados a unirse a esta organización.
"Durante las consultas amistosas, las dos partes decidieron prorrogar el acuerdo por otros cuatro años", dijo Lin Jian, portavoz de la diplomacia china, en una rueda de prensa para los medios internacionales con sede en Pekín por la mañana.
Aseguró que ambas partes habían hecho "comentarios positivos sobre la eficacia de la aplicación del acuerdo" y que "mantendrían contactos con espíritu constructivo y seguirían promoviendo la mejora de las relaciones entre China y el Vaticano".
Aunque de carácter estrictamente pastoral, el acuerdo de 2018 supuso un paso de gigante en las relaciones entre China y la Santa Sede, que no se habían intercambiado oficialmente desde la ruptura diplomática con la República Popular China de Mao en 1954.
La renovación del acuerdo por tercera vez consecutiva era esperada: en su vuelo de regreso de Singapur el pasado septiembre, el Papa Francisco dijo estar "contento con las conversaciones con China" y elogió la "buena voluntad" que guiaba las negociaciones sobre el nombramiento de obispos.
Otro signo tangible de este acercamiento fue el seminario celebrado en mayo sobre el centenario del Concilium Sinense, el primer sínodo chino. Joseph Shen Bin, Presidente de la Conferencia Episcopal China y Obispo de Shanghai.
Por último, como en 2023, dos obispos chinos participan actualmente en la asamblea sinodal sobre la sinodalidad, e incluso han hablado públicamente ante los demás miembros. Además del Papa Francisco, se habrían reunido con los demás obispos de lengua china, en particular con el cardenal-obispo de Hong Kong, Stephen Chow, así como con un obispo de Taiwán.
Críticas al acuerdo
Desde 2018, sin embargo, el acuerdo ha sido objeto de críticas. Dentro de la Iglesia católica, el cardenal Joseph Zen considera que pone en peligro a la "Iglesia subterránea", aquella que no está afiliada a la Asociación Patriótica. La detención y condena a una multa simbólica del obispo emérito de Hong Kong en un caso de injerencia extranjera en 2022 ensombreció las relaciones entre China y la Santa Sede.
El acuerdo también ha sido muy criticado fuera de la Iglesia, especialmente por las autoridades taiwanesas, que han expresado su preocupación en varias ocasiones. La pequeña isla, que defiende su independencia de China continental, puede contar con un poderoso aliado en Estados Unidos, que percibe este acercamiento como un compromiso con el principio de defensa de la libertad religiosa en un contexto más general de tensiones entre las dos superpotencias.
"En ningún lugar se ataca más la libertad religiosa que en China", dijo el secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, en 2020. La administración de Joe Biden, aunque menos demostrativa, ha estado en línea con la de su predecesor en este tema.
