Cuando todavía no se han olvidado el debate y las protestas por el desmonte del oratorio católico que durante años funcionó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se produce una nueva y similar polémica en Colombia.
La razón: la propuesta de tres representantes a la Cámara, quienes consideran que la Capilla María Auxiliadora no debe seguir siendo de uso exclusivo de los católicos, convertirse en «un lugar de culto neutro» y piden que no se destinen más recursos para su mantenimiento.
La capilla se queda
Ante esta propuesta, congresistas católicos y ciudadanos empezaron a protestar por redes sociales con el hashtag #LaCapillaSeQueda y expusieron sus argumentos contra la propuesta, por considerar que se pueden adecuar otros espacios para religiones diferentes, sin necesidad de desmontar el oratorio de culto católico.
El representante católico Erwin Arias Betancur criticó la iniciativa por considerarla moda y porque ya se cuenta con otro salón para confesiones diferentes: «Esta es la Capilla Católica que existe en el Congreso, frente a ella hay un salón de oración para otras religiones y sólo ahora @JuanKarloslos quiere montarse en la moda de cerrar capillas? Con la Fe no Juan, respete».
Precisamente unos de los proponentes es el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, quien anteriormente ha defendido iniciativas como la aprobación de la eutanasia y la legalización del consumo recreativo de marihuana. En diálogo con la Revista Semana aseguró que «no es justo con otro tipo de expresiones religiosas… todas las tradiciones que existen en nuestra sociedad deberían todas ellas poder participar de dicho espacio».
Por su parte, Julián Hoyos Aristizábal, director de la Fundación Conciudadanos, reaccionó de manera contundente en sus redes sociales: «Primero quisieron cerrar la Capilla del aeropuerto, ahora también quieren cerrar la del Congreso. ¿Quién les dio permiso de anular la fe de los colombianos? ¿Quién se creen?».
Un estado laico, el argumento
La propuesta –que deberá ser votada por la plenaria de la Cámara de Representantes- se basa en que Colombia es un estado laico y en la libertad de cultos que garantiza la Constitución Nacional. Además, citan una Jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual «la autorización para destinar recursos públicos con miras al estímulo de un rito religioso vulnera los artículos 1° y 19° de la Constitución en lo concerniente a la laicidad del Estado”.
Juan Carlos Losada asegura que tendrán el apoyo necesario para transformar el oratorio: «Creo que en este Congreso, mucho más liberal, mucho más progresista, menos conservador, vamos a encontrar voces de apoyo» y aseguró en el diálogo con Semana que no pretende atacar la fe católica: «Tengo un camino espiritual muy propio, además de ser católico de religión, de tradición, de familia… valoro esos espacios de recogimiento, simplemente quiero que ese espacio se democratice».
De otra parte, el representante a la Cámara Luis Miguel López se opuso a la propuesta en sus redes sociales: «Esfuerzos por acabar lugares de encuentro de la fe católica son dicientes de la situación que enfrentamos». Además pidió que se respetaran los derechos adquiridos, «no se puede vulnerar el derecho cerrando la capilla para beneficiar a otros que también tienen su lugar de oración» y aseguró que se pueden adecuar otros espacios.
Otra de las críticas llegó desde las redes sociales de la exsenadora Milla Romero Soto, quien escribió: «Nuevamente vemos la persecución de los políticos de izquierda contra los católicos, ya no disimulan sus diabólicas intenciones».
El Cristo de la Corte Constitucional
Hace algunas semanas se había presentado un caso con alguna similitud: la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia no estuvo de acuerdo con retirar un crucifijo que está en una de las paredes de la Sala Plena de la Corte Constitucional, tal como lo había solicitado un ciudadano que interpuso una tutela en ese sentido.
El ciudadano aseguraba en la tutela que el crucifijo era «como si fuese una demostración del sesgo estatal, específicamente de la jurisdicción constitucional, a la religión católica» y afirmó sentirse atacado como ateo.
Sin embargo, la Corte no consideró que esto vulnere el principio de igualdad y consideró que el carácter pluralista del Estado «lleva a asumir una posición tolerante y respetuosa de las tradiciones culturales de una población, que si bien pudieran tener "un contenido religioso", no se agotan o limitan en éste, razón por la cual no constituyen fuente de desconocimiento del principio de neutralidad estatal que rige las relaciones Iglesia - Estado dentro de un ente estatal laico».
