Una pregunta ronda en todos los ámbitos de la Iglesia católica en América Latina: ¿Hasta dónde va a llegar la represión en contra de la Iglesia nicaragüense emprendida por Daniel Ortega Saavedra y sus fuerzas de seguridad?
La madrugada de ayer viernes –tiempo de Nicaragua—la Policía Nacional del régimen sandinista entró en la casa curial de Matagalpa y se llevó preso al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
Y hasta el cierre de edición se sabe que lo tienen "bajo resguardo domiciliario" en Managua. La nota ha dado la vuelta al mundo y ha suscitado una oleada de repulsa que parece no tener repercusiones en Ortega.
Según el comunicado de la Policía Nacional, el allanamiento de la casa curial y el "resguardo domiciliario" del obispo Álvarez se ha llevado a cabo cumpliendo "sus funciones constitucionales"; en vías de "recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias matagalpinas".
Según la autoridad policiaca sandinista, la presencia y las palabras del obispo Álvarez resultaban “desestabilizadoras” y provocan alteraciones en el orden público. Mientras que al obispo Álvarez lo tachaban de “provocador”, los policías que estuvieron fuera de la casa curial por 16 días, se auto definieron como “pacientes”.
Acusado de incitar a la violencia
La tarde-noche de ayer viernes, el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo José Brenes, dijo que la condición física del obispo Álvarez se encontraba "desmejorada"; pero que su ánimo y su espíritu "están fuertes".
La reclusión del obispo Álvarez se dio por la "sospecha" de las fuerzas del orden –al servicio absoluto de los dictados de Ortega— de que estaba organizando "grupos violentos".
Hasta el cierre de edición de Aleteia la situación del obispo de Matagalpa seguía en la incertidumbre, aunque ensombrecida por dos declaraciones en su contra. La primera, la de la vicepresidenta y vocera de Ortega, su esposa Rosario Murillo, diciendo que "no se deben infringir las leyes, mucho menos cometer delitos"; y la segunda por parte de diputados sandinistas que acusaron al obispo Álvarez de "incitar a la violencia".
La diócesis de Matagalpa está integrada por 28 parroquias. La animadversión del régimen la ha hecho el epicentro de una escalada de ataques sin precedentes. Al menos ocho parroquias, dentro de la jurisdicción del obispo Rolando Álvarez, han reportado algún tipo de acoso policial; o sus sacerdotes han sido amedrentados en las últimas dos semanas, según reportó El Confidencial.
Protestas
Cientos de nicaragüenses en el exilio protestaron frente a la embajada de su país en Costa Rica –nación vecina que se ha convertido en la salida de miles de personas que tienen que huir de la represión, la violencia y la pobreza en la que está sumida Nicaragua—exigiendo el fin de la persecución a la Iglesia, mientras en Matagalpa aparecieron carteles pegados en los postes que decían: "Monseñor, amigo, el pueblo está contigo".
A nivel internacional, el más fuerte pronunciamiento de ayer fue el del secretario general de la ONU, Antonio Guterres; quien dijo estar "muy preocupado por el grave cierre del espacio civil y democrático en Nicaragua, y recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica".
El andamiaje que ha construido la pareja presidencial Ortega-Murillo para recluir a sacerdotes y a obispos de la Iglesia católica viene de muy lejos; pero se concretó en mayo pasado cuando, tras unos meses de "consultas", la cámara de diputados aprobó "penas más severas" para religiosos "desestabilizadores". Desde ese momento las detenciones se han sucedido hasta llegar a la del obispo Álvarez.
Muchos comentaristas nicaragüenses ven en el caso del obispo Álvarez la posibilidad del destierro o del exilio voluntario (que, en cualquier caso, es lo mismo). Seguramente, como en el caso del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, el Papa Francisco estaría buscando, primero que nada, la seguridad de su hermano obispo. Y con los Ortega-Murillo, hay que hilar muy fino.
