Darielvis Sarabia, una docente de Tucupita, estado Delta Amacuro (Venezuela), quería encontrarse con su esposo Yermi Santoyo, que tiene ocho meses trabajando en Trinidad y Tobago. El esposo consiguió 300 dólares prestados para el viaje que ella haría por el mar.
El 5 de febrero de 2022, junto a 43 migrantes, cifra que se lee en un comunicado del gobierno venezolano, zarparon desde Delta Amacuro en el extremo oriente del país para llegar a la Isla caribeña. Todos huían de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela.
Sería un feliz reencuentro para la familia. Con ella iban sus dos hijos, el varoncito Yaelvis Santoyo Sarabia de un año y cuatro meses; y la niña, Danna de dos años. No sabía Darielvis que ellos serían parte de las noticias que hablan sobre los padecimientos de los migrantes venezolanos.
Antes de la medianoche del domingo 6 de febrero, cerca de su destino, una patrulla costera de Trinidad y Tobago abrió fuego contra ellos. Los resultados son espantosos.
El niño Yaelvis Santoyo resultó herido en la cabeza y murió instantáneamente en brazos de su madre. Darielvis también fue herida por los militares caribeños. Al menos Danna estaba ilesa, igual que el resto de la tripulación, hasta donde se tienen noticias.
Darielvis fue a dar a un hospital donde se recupera de una bala que le ingresó por el brazo y el cuerpo. Mientras la niña estaba retenida en un centro de menores bajo el alegato de permanecer en “cuarentena” por prevención contra la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, Darielvis y los demás migrantes están acusados de “ingresar ilegalmente” a Trinidad y Tobago. En cualquier momento serán deportados al país del que huyeron.
La alarma se activó en los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y organismos multilaterales que cuestionan la actuación trinitense.
Los familiares de Darielvis, residentes en Trinidad y Tobago, piden que al menos entreguen a la niña. Sus padres solo buscaban una mejor calidad de vida.
La justa indignación de la Iglesia ante el abuso
Para la Iglesia venezolana no es la primera vez que ocurren estos hechos contra los migrantes venezolanos en Trinidad Tobago. Monseñor Víctor Hugo Basabe considera que el gobierno de Nicolás Maduro tiene la primera responsabilidad de que estas violaciones a los derechos de los migrantes venezolanos continúen ocurriendo.
“Aunque no soy amigo de la venganza, lo sucedido en aguas de Trinidad y Tobago lo debemos tener muy presente los venezolanos. Es parte de una cuenta de la que deben respondernos tanto Nicolás Maduro y sus secuaces, como el gobierno de una 'isla' que siempre necesitó de Venezuela”, escribió el obispo de Yaracuy, el 8 de febrero.
Así mismo, se conoció que la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), tenía previsto analizar el tema en su reunión semanal e iba a dar a conocer un pronunciamiento oficial. “Evidentemente”, dijo monseñor Jesús González de Zarate, presidente de la CEV, “será de cercanía a los familiares del niño” Yaelvis, adelantó en mensaje para Aleteia.
Los obispos también iban a hacer “un llamado de atención sobre la migración forzada”; y que muchos migrantes “se ven sometidos al fenómeno de la trata de personas”, aseguró.
No es la primera arremetida de Trinidad y Tobago contra migrantes venezolanos
Es de reconocer que, ante hechos similares, la Iglesia venezolana no ha guardado silencio, sino que se ha colocado en la vanguardia de la denuncia. Tal fue el caso de una veintena de personas que fueron deportadas desde las costas de Chatham Beach, en Trinidad y Tobago. Aquello sucedió el domingo 22 de noviembre de 2020.
La decisión de Trinidad y Tobago generó una alerta mundial. En aquella oportunidad los migrantes se mantuvieron a la deriva en mar abierto durante varios días, publicó Aleteia .
“Dejamos sentada ante la comunidad internacional una clara posición de repudio a los referidos actos. Y ratificamos el apoyo a estos niños y sus familias, manteniendo contacto con nuestra Diócesis Carúpano y de Trinidad y Tobago, para exigir al gobierno de ese país cumpla con los convenios internacionales, a favor de nuestros hermanos venezolanos migrantes que están en su territorio”, dijo la CEV.
Lo mismo ocurrió el domingo 6 de diciembre del mismo año. Aquello cuando otro grupo de migrantes había partido hacia Trinidad y Tobago en busca de una mejor forma de vida.
La Guardia Costera encontró 19 adultos y niños ahogados, a unos 11 kilómetros de las costas de Güiria, en la Península de Paria (Venezuela). Habían intentado ingresar a Trinidad y Tobago y fueron devueltos por ser considerados “ilegales”.
En esa ocasión la CEV exigió a las autoridades de Venezuela y a las de Trinidad y Tobago el respeto para los migrantes en los siguientes términos:
“Están obligadas a respetar íntegramente y sin discriminación de ningún tipo todos los derechos humanos de las personas migrantes, específicamente todos los deberes de prevención, investigación, sanción a los responsables, reparación integral de las violaciones a los derechos humanos y no discriminación”.
Organismos multilaterales consternados
El asesinato del niño Yaelvis Santoyo Sarabia conmovió a directivos de los organismos multilaterales como ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados; la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la UNICEF.
“Estamos profundamente entristecidos por esta tragedia y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos que lloran esta pérdida y deseamos una pronta recuperación a los heridos”, dijo el doctor Eduardo Stein, representante especial conjunto del ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, según se lee en el portal de este organismo .
“Nadie en búsqueda de seguridad, protección y nuevas oportunidades debería perder la vida. Este incidente pone de manifiesto la difícil situación a la que se enfrentan las personas que se desplazan durante los desesperados y peligrosos viajes buscando seguridad”, añadió Stein en el comunicado de solidaridad con las víctimas.
Por su parte, Jean Gough, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, indicó:
“Ningún niño o niña migrante debería morir jamás, ya sea viajando con sus padres o solo. Ninguna madre quiere poner en riesgo la vida de sus hijos en un pequeño barco en alta mar, a menos que no tenga otra opción”.
Explica que dos de cada tres venezolanos en movimiento son mujeres y niños y se les debe apoyar. “Este trágico evento es un claro recordatorio de que ellos son los más vulnerables entre los vulnerables. Merecen especial atención, protección y seguridad, en cualquier lugar y en cualquier momento”, expresó.
En Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, también se han sumado a denunciar estos hechos que conmocionan de nuevo al mundo.
“Nada justifica la agresión con arma letal contra una embarcación civil, aunque se encuentre en aguas territoriales de otro Estado”, dijeron a un medio digital de Caracas.
Según los datos de ACNUR (2021) más de 6 millones de venezolanos se encuentran dispersos por el mundo, representando el segundo movimiento humano transfronterizo más numeroso después del de Siria (ACNUR, 2021).
Las razones son las que históricamente han tenido las diversas migraciones que se han dado y siguen ocurriendo en el mundo: buscan una mayor calidad de vida; huyen de la crisis humanitaria; y no quieren seguir a las expresas de un gobierno que se caracteriza por la violación de los derechos humanos. Ese es el caso de Venezuela.
