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El pasado 7 de septiembre de 2021, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México resolvieron por unanimidad la inconstitucionalidad de la penalización del aborto tras derogar un artículo del Código Penal del Estado de Coahuila (norte del país), con lo que se abre ahora la posibilidad de que el resto de los estados del país (32 entidades) modifiquen, también sus leyes al respecto.
El fallo de la SCJN ha traído consigo reacciones de euforia por los partidarios del aborto, llamándolo “un fallo histórico” y en otros casos, en los colectivos pro-vida, una enorme frustración al tratarse de un país mayoritariamente católico y que en las encuestas de diversos organismos realizadas al respecto, por encima de quienes están a favor se encuentra la opinión en contra.
Según un informe publicado el 9 de septiembre y realizado por los académicos del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV) este fallo “no quiere decir que se elimina el delito de aborto, en el Estado de Coahuila, ya que el código penal distingue entre tres tipos de aborto y sólo fue declarado inconstitucional el aborto auto procurado, así como eliminados los plazos para la procuración del mismo para ser reconsiderados por el Congreso Local”.
Y deja en claro que “a pesar de esto, el aborto aún sigue existiendo como delito en las 32 entidades federativas del país”.
México es un país donde las mujeres sufren extrema violencia. Cada día, al menos, son asesinadas diez mujeres por la única causa de ser mujeres. Por ello, los investigadores del CISAV señalaron que la violencia sistemática ejercida en contra de las mujeres "es deplorable" y debe ser excluida de la cultura en el país, creando normas y leyes que para tal efecto sean verdaderamente justas.
“Por ello, nos oponemos a cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, tanto de aquellas que por condiciones de omisión, presión o injusticia se sienten orilladas al drama del aborto, como de las que se encuentran aún dentro del vientre de sus madres”, subraya el CISAV en un extenso estudio difundido tras el fallo de la SCJN.
El aborto provocado, y sobre todo cuando es despenalizado, “normaliza la cultura del descarte” y quita responsabilidad tanto a las autoridades como a la sociedad civil del cuidado y protección de toda vida humana. Asimismo, su legalización “desgasta los cimientos del estado de derecho, distorsiona el concepto y la práctica de los derechos humanos minando el bien común”.
El proyecto que fue votado por unanimidad puede conducir, según el CISAV, a decidir “de manera arbitraria y discriminatoria, qué tipo de seres humanos son sujetos de derecho y quienes no”. Para este instituto de investigación, todo organismo individual de especie humana desde el momento de la fecundación es persona, posee dignidad y es sujeto del derecho a la vida y a la protección de la misma.
La probable despenalización del aborto en todos los estados del país podría hacer que se olvide el hecho de que cuanto más débil, indefensa y vulnerable es una persona, “más requiere de los esfuerzos solidarios y subsidiarios para su cuidado por parte de la sociedad y del estado”.
Y esa es la condición particular de las personas humanas nacientes y de las mujeres gestantes, “sobre todo de aquellas que se encuentran en mayor vulnerabilidad por diversas violencias y desventajas sociales”.
Para el CISAV, representa un procedimiento jurídico contra todo sentido el omitir la argumentación completa inequívoca y clara que se requiere para quitarle el tipo penal a un delito y así intentar convertirlo en un supuesto derecho, como sostiene el proyecto de la SCJN.
“La mentalidad legalista y el positivismo jurídico que la acompaña, consideran la privación de la libertad como la única sanción del delito, y desconocen o menosprecian la capacidad de la sociedad y del Estado para lograr la reinserción, el acompañamiento y la integración de los que inciden en alguna falta penal” dicen en su comunicado los investigadores mexicanos.
Además, consideraron que existen algunas atenuantes casuísticas para la exención de pena corpórea (privación de la libertad), sin que esto implique la legalización del aborto, ni la negación de su gravedad, o la reivindicación de su licitud. “El aborto provocado nunca será una opción moral, ni legítima”, afirman con contundencia.
En temas tan relevantes como el de la despenalización del aborto, el CISAV insiste en que es preciso al menos proceder previamente a la reflexión, al discernimiento y discusión social sin los cuales se minan los fundamentos de un Estado democrático de Derecho.
Para los investigadores adscritos a este Centro, la interpretación forzada de los derechos humanos sin tomar en cuenta los instrumentos nacionales e internacionales que protegen el derecho a la vida como un derecho universal, “es un retroceso jurídico y democrático en favor del autoritarismo despótico”.
Y reafirman su postura de rechazo a este proyecto de la SCJN lamentando que en estos momentos de crisis y de pandemia “se contribuya, desde la suprema instancia que debe velar por la justicia y el derecho, y por la paz social que en ellos se funda, a polarizar a la sociedad y provocar nuevas fracturas en el tejido social”.
“Ni discriminación ni violencia para nadie. Todos incluidos y todos responsables de todos”.
