La Iglesia venezolana está preocupada por la detención de José Javier Tarazona Sánchez, director de la ONG FundaRedes, ocurrida el 2 de julio, luego de presentar una denuncia en el Ministerio Público de Coro, estado Falcón. Tarazona solicitó a la Fiscalía, entre otras peticiones, investigar lo siguiente:
“Por qué razón la alcaldía del municipio Páez, en el estado Apure, es utilizada como centro de operaciones por cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC”.
La responsabilidad de la detención de Javier Tarazona y sus tres compañeros recae en funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, una de las temidas policías políticas del gobierno de Nicolás Maduro. El Sebin tiene denuncias por violaciones de los derechos humanos ante organismos como la ONU y la OEA. En la Corte Penal Internacional, está señalado de cometer crímenes de lesa humanidad.
Los obispos no olvidan las muertes violentas de Fernando Albán, ocurrida el 8 de octubre de 2018; y la de Rafael Acosta Arévalo, el 29 de junio de 2019, quienes estaban bajo custodia de los cuerpos de seguridad del Estado. Tampoco olvidan que actualmente los familiares y medios de comunicación desconocen el paradero del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos. Este hombre se encuentra detenido desde septiembre de 2018; y de Hugo Enrique Marino Salas, detenido desde abril de 2019. Nadie sabe dónde están.
Otras personas menos conocidas sufrieron hechos semejantes. Por eso, algunos prelados a través de las redes sociales han sido tajantes con el caso del profesor Javier Tarazona y sus compañeros. Exigen la “fe de vida” y que se deje de “perseguir y reprimir”, a quienes denuncian la violación de los derechos humanos en Venezuela.
“Es necesario saber la fe de vida de Javier Tarazona y sus compañeros detenidos en Falcón. Se les debe respetar su integridad personal y garantizar su libre actuación en favor de los derechos humanos”, escribió Mario Moronta, obispo de San Cristóbal.
“Pareciera que en Venezuela defender los derechos humanos, decir la verdad, tener libertad de prensa, ser honesto, preocuparse por los migrantes y otras circunstancias difíciles que vive nuestra gente, es un delito. Y, sin embargo, pareciera que no es un delito el matraqueo, el irrespeto, la corrupción y la persecución a la disidencia”, dijo a través de un video en Twitter.
Por su parte, monseñor Víctor Hugo Basabe, administrador apostólico de Barquisimeto y obispo de Yaracuy rechazó la actuación policial. “La detención de Javier Tarazona, director de Funda Redes por el régimen de Nicolás Maduro, debe ser repudiada por toda la sociedad venezolana. Ya basta de perseguir y reprimir a quien denuncia y acompaña a las víctimas de delitos cometidos por órganos y funcionarios del Estado”.
Tarazona fue detenido sin orden judicial. Pasó luego de denunciar ante el ministerio público (estado Falcón), los hostigamientos y amenazas en su contra. Junto a él fueron “secuestrados” su hermano Rafael Tarazona y Omar García. Ambos activistas de FundaRedes. También, Jhonny Romero, director del Comité Nacional de Familia Víctimas de Desapariciones Forzadas en las Costas Venezolanas (Mayday Confavidf).
Pero hay una marca única en esta detención política. Ocurre un día después que Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, ratifica en un informe las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ajusticiamientos y torturas que los cuerpos de seguridad del Estado han cometido en Venezuela.
El informe recoge hechos comprendidos entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021. “La dinámica y las prácticas observadas por el ACNUDH en informes anteriores continúan suscitando preocupación. Después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, las personas detenidas fueron devueltas a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados”, dice.
Javier Tarazona se ha destacado desde el año 2005 por denunciar la presencia y actuación de los grupos armados irregulares ELN, EPL, FBL y disidencia de las FARC en territorio venezolano con la presunta complicidad del gobierno de Nicolás Maduro. Una de sus acusaciones ha sido que esas bandas ilegales estarían reclutando y adoctrinando niños en las periferias de escuelas públicas, aprovechándose de las carencias económicas.
“La crisis económica en Venezuela ha sido aprovechada por estas organizaciones criminales para intentar calar más fácilmente en niños y jóvenes a quienes les ofrecen útiles escolares y regalos”, dijo en conversación a Aleteia en 2019. La idea sería insertar a niños y jóvenes en la estructura criminal de los grupos guerrilleros.
Por estas denuncias, desde el 18 de junio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dictó medidas cautelares en su favor de Javiera Tarazona y su núcleo familiar. Entre otras decisiones exigió al Estado Venezolano lo siguiente:
“Asegurar que los derechos del beneficiario sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros”.
Tarazona también ha alertado del drama que viven los migrantes venezolanos a través de los pasos fronterizos hacia Colombia. Lo mismo con el cobro de “vacunas” (extorsiones) a las que están expuestos los habitantes de esas regiones, por parte de guerrilleros y militares.
En marzo de 2021, advirtió la presencia de las FARC-EPC y otros disidentes guerrilleros en las regiones fronterizas de Venezuela (Alto Apure) y Colombia (Arauca). La presencia de estos paramilitares generó el desplazamiento de civiles hacia Colombia. Esto en prevención a posibles enfrentamientos entre los irregulares con las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela. La confrontación llegó y tuvo su punto más álgido el 23 de abril. Varios militares venezolanos fueron secuestrados por el décimo frente de las FARC en aquel entonces. Fue en un lugar conocido como La Capilla, según Tarazona.
El 31 de mayo, 8 soldados fueron liberados. Aunque todavía se desconoce el paradero de algunos. Un escrito de la FANB indica que continuarán trabajando para la búsqueda de los soldados Danny Vázquez y Abraham Belisario. Sin embargo, todo esto se convirtió en una derrota para la FANB mientras la credibilidad de Tarazona creció con sus aciertos.
Tarazona denunció el 1 de julio que había sido hostigado por hombres armados. Fue en el hotel donde se estaba hospedando. Lo hacía en el marco de una actividad organizada por la ONG. La actividad se vio interrumpida por funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Falcón (SIPEF) y el Sebin, "amenazaron al equipo de FundaRedes diciéndoles que los estaban buscando”, confirmó la ONG Espacio Público.
El sábado 3 de julio se conoció que, en horas de la mañana Javier Tarazona y los demás detenidos habían sido trasladados desde Falcón hasta la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en Caracas. Hasta allí se presentaron varias organizaciones de derechos humanos en protesta. Las redes sociales de Tarazona fueron silenciadas.
Desde las 5 y 15 de la tarde se conoció que fue presentado en un tribunal especial con competencia en terrorismo. No permitieron que ingresaran sus abogados, sino una representación de la defensa pública. Pasadas las 7 de la noche, a través del abogado Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano se conoció que el tribunal privó de libertad a Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García. “Le imputan traición a la patria, terrorismo e incitación al odio”, publicó la organización en Twitter.
Por su parte, monseñor Mario Moronta, reafirmó la exigencia hecha en el video:
“Pedimos no sólo que se les libere, sino que se les respete este trabajo que se considera fundamental en todo país que se considera libre y justo”.
