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Primero fue detenida la periodista Cristiana Chamorro, acusada de lavado de dinero y de incitar la injerencia extranjera en asuntos internos de Nicaragua. Acto seguido, fue detenido el ex embajador en Estados Unidos (bajo el gobierno de Daniel Ortega, de 2007 a 2009) Arturo Cruz.
A las detenciones de Chamorro –la principal opositora y posible amenaza del régimen sandinista para las elecciones del próximo 7 de noviembre—y de Cruz, han seguido otras dos: la del académico Félix Maradiaga y la de Juan Sebastián Chamorro García, primo de Cristiana, hija del asesinado periodista Pedro Joaquín Chamorro y de la ex presidenta Violeta Barrios viuda de Chamorro.
Las acusaciones son similares. El objetivo es claro: Daniel Ortega, de 75 años de edad y quien fuera dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, no quiere ninguna figura opositora que le haga sombra para obtener la reelección a la presidencia de Nicaragua… por tercera ocasión.
El clamor ha sido generalizado, tanto dentro como fuera de Nicaragua. Chamorro García, de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, había estado anunciando que estaba bajo vigilancia policial permanente, mientras que Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanca fue detenido justo después de estar en la Fiscalía a donde acudió a declarar por actos contra la soberanía, terrorismo y apoyo a las sanciones internacionales contra el gobierno.
La figura principal de la oposición en las próximas elecciones, Cristiana Chamorro, resumió el móvil de su detención y de la detención de los otros tres opositores: "Daniel Ortega tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror porque nosotros, unidos. vamos a derrotarlos en las próximas elecciones".
Cabe señalar que desde el año pasado, una controvertida ley impide, bajo pena de cárcel, que organizaciones civiles reciban apoyos del extranjero y que personas participen en manifestaciones públicas contrarias al régimen. Además de la detención, la ley impulsada por Daniel Ortega, inhabilita a quienes cometan esos “delitos” para ocupar cargos públicos.
El uso discrecional de esa ley la ha convertido en un arma política de grueso calibre para combatir cualquier amenaza opositora. Mucho más, para combatir a quienes pudieran impedir el cuarto mandato de la historia moderna de Nicaragua encabezado por Ortega.
Por su parte, la Iglesia, que ha sido duramente perseguida por el gobierno de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha reaccionado con rapidez ante estas detenciones. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, pidió el pasado fin de semana que cesen los interrogatorios y detenciones de opositores al régimen.
Brenes –sin nombrar a nadie, puesto que es muy peligroso hacerlo en la actual coyuntura nicaragüense—llamó a la población (58 por ciento de ella de filiación católica) a no escuchar esas voces que predican violencia, “no escuchar esas voces que predican división, no escuchar esas voces que predican confrontación, esas voces que predican para descartar al otro”.
Gran conocedor del alma del pueblo, el cardenal y arzobispo de Managua llamó a la gente a seguir dando la pelea por la legalidad en su país. “No nos desanimemos, sigamos adelante para construir un país como el Señor quiere: un país en comunión, en unidad, en el que todos podamos escucharnos y descartar lo negativo y aceptar lo bueno”.
Por su parte, el Obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, dijo: "No se puede vivir excluyendo al otro, censurando y descartando al adversario, porque entonces la política se militariza y se la priva de su verdadero sentido, que es la búsqueda del bien común”.
El prelado, uno de los más críticos de Ortega, señaló que, para que el país no entre en una dinámica devastadora, se debe "dejar de mirar atrás, dejar de anclarnos al pasado sin aprender de él, porque se pone en peligro el futuro de nuestro pueblo, especialmente de los más pobres y débiles, que tienen que pagar en la pobreza y los costos más altos".
Para el obispo Álvarez, “Nicaragua debe encontrar el compromiso con la creación de una nueva nación, de un estado funcional, basado en la división de poderes, el respeto a los derechos humanos, la seguridad jurídica del individuo y las inversiones económicas y un sistema democrático basado en una transparencia, sufragio justo y libre”.
Pese a todo esto, la "cacería" de opositores sigue en Nicaragua. El objetivo es inhabilitarlos para que, legalmente, no puedan estar en las boletas del 7 de noviembre. La presión internacional sube de tono. Pero parece que sus ecos no llegan al palacio presidencial de Managua.
