El Papa Francisco firmó nuevas leyes anti-corrupción para administradores, empleados de la Curia Romana del Estado de la Ciudad del Vaticano y de los organismos afines este 29 de abril de 2021.
En primer lugar, el Papa fija su objetivo citando el Evangelio: “La fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada, según la Escritura, con la fidelidad en las cosas importantes. Así como ser deshonesto en las cosas de poca importancia está relacionado con ser deshonesto en las cosas de importancia (cf. Lc 16,10).”
Las nuevas leyes anti-corrupción firmadas por el Papa deberán ser respetadas por los directivos y administrativos, y siguen a las ya fijadas para cardenales y monseñores que prestan servicio en la Curia Romana.
Todos los empleados de la Curia y de los organismos afines tienen prohibido aceptar, por razón de su cargo, "regalos u otros beneficios" de un valor superior a 40 euros, entre otros detalles.
Quien maneje dinero de las arcas vaticanas deberá declarar que no tiene pendiente condenas ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal.
El Vaticano informó que los ‘administradores o gestores de fondos’ de la Santa Sede no podrán tener activos en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen en contra de la doctrina de la Iglesia.
La nueva normativa sale al paso a los últimos escándalos financieros que involucran a la Secretaría de Estado en el uso ‘opaco’ de dinero del Óbolo de San Pedro, en especial en la compra de un edificio de lujo en Londres (en Sloane Avenue) que ha generado pérdidas de hasta 200 millones de euros del erario pontificio; dinero proveniente de las ofertas de los fieles destinadas a actividades caritativas.
El Papa exige transparencia a todos los empleados en niveles directivos de la Santa Sede, y a todos los que desempeñan funciones de administración activa, funciones jurisdiccionales o de control.
La operación limpieza del Papa insiste en que las personas involucradas en la gestión del dinero de la Santa Sede tengan una reputación y un actuar irreprochable.
Por ello, deberían firmar, antes de aceptar algún cargo, una declaración en la que sostienen que no han recibido condenas, que no están sujetos a procesos penales pendientes o investigaciones por corrupción, fraude, explotación de menores y evasión fiscal.
En el "Motu Proprio”, se indica que los funcionarios o personas que trabajen en área económica con el Vaticano no deben estar manchados de delitos de cuello blanco. Es decir, declarar de no tener dinero en efectivo o inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales.
Además, de no estar relacionados con crímenes de financiación del terrorismo, en paraísos fiscales o participaciones en empresas que operen en contra de la Doctrina Social de la Iglesia.
Al respecto, Report, transmisión periodística de la RAI, ha denunciado esta semana, citando el testimonio del ex revisor económico del Vaticano, Libero Milone (2015-2017) que el APSA había realizado en pasado operaciones financieras “desorganizadas” e inversiones “incompatibles con las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia”.
Milone afirma que el APSA invirtió 20 millones, por muchos años, en un fondo que financiaba al laboratorio farmacéutico, Sandoz, el cual usaba el dinero del Vaticano, (obviamente a sus espaldas, debido a la falta de control) en la producción de la “píldora del día después” Lencya (abortiva). Solo después, el APSA resuelve su error y vende las cuotas societarias.
El 26 de noviembre de 2019, el papa Francisco ya se había lamentado del escándalo por corrupción del apartamento en Londres y elogió los mecanismos internos para destaparlo, durante la charla con los periodistas a bordo del vuelo papal de regreso de Japón.
“Es la primera vez que un escándalo financiero del Vaticano se destapa desde dentro”, dijo en esa ocasión el Obispo de Roma al referirse a los registros hechos a las oficinas de la Secretaría de Estado y a la suspensión del director de la Agencia de Información Financiera por ilegalidades de carácter financiero.
La firma de estas nuevas leyes anti-corrupción para administradores del Vaticano, sigue a la del 19 de mayo de 2020, cuando Francisco promulgó el nuevo código de contratación pública para evitar la corrupción.
Por ello, la Santa Sede ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por voluntad del Papa, con el objetivo de ajustarse a las mejores prácticas para prevenir y combatir" este fenómeno "en sus diversas formas".
Cabe destacar que el Papa ha decidido añadir artículos al Reglamento General de la Curia Romana, con una medida que concierne los cardenales jefes de dicasterios hasta los vicedirectores con contratos directivos de cinco años, y a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión.
Los ‘gerentes o personal ejecutivo’ de la Curia tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años para no violar las leyes anti-corrupción mencionadas anteriormente.
La Secretaría para la Economía podrá realizar comprobaciones sobre la veracidad de las declaraciones realizadas en papel por los declarantes, y la Santa Sede, en caso de declaraciones falsas o mendaces, podrá despedir al empleado y reclamar los daños y perjuicios sufridos.