María presidía la sección juvenil de la Unión Cívica Radical de La Paz, Mendoza, y tenía 23 años. Estudiaba Trabajo Social. El 7 de abril acudió al hospital Arturo Illia para solicitar la interrupción de su embarazo, práctica legalizada en la Argentina a finales de 2020.
De acuerdo a los medios locales, recibió misoprostol para concretar el aborto, y dos días después se presentó en otro centro con un malestar. Falleció el domingo pasado, presuntamente, de un cuadro infeccioso. El caso está caratulado como averiguación de muerte.
El triste desenlace contradice un mito con el que se apoyó la legalización del aborto: el aborto provocado en contextos de legalidad es una práctica libre de riesgos. La red de organizaciones Unidad Provida expresó tras conocerse la decisión: “El aborto nunca es seguro. Siempre mata. Lo dijimos muchas veces y lo vamos a seguir diciendo: Ninguna Ley debe atentar contra la vida humana. El Estado debe brindar soluciones para salvar las 2 vidas”.
Por su parte, el equipo de Médicos por la Vida, integrada por profesionales de la salud de distintos países de Hispanoamérica expresó: “Una vez más el #AbortoLegalMataIgual se lleva dos víctimas. ¿Los médicos se seguirán sometiendo a realizar este acto de homicidio frente a sus pacientes?”.
Desde Jóvenes por la Vida se clamó: “Lamentamos que una vida tan joven se pierda a causa de un atropello a los Derechos Humanos disfrazado de solución. El aborto siempre se LLEVA una vida, y esta vez se llevó dos”.
Las infecciones por abortos pueden provocarse tanto tras abortos espontáneos como por provocados. Uno de los argumentos más fuertes entre quienes promueven la legalización del aborto en países donde no se ha concretado, como ha ocurrido en la Argentina hasta el año pasado, es que la legalización acabaría con las prácticas ilegales que llevan a la muerte de la mujer embarazada.
Pero como señalaron estas organizaciones y muchos otros grupos, además de galenos que incluso no tienen una postura contraria al aborto, la práctica aún legalizada no está exenta de riesgos, como muestra la utilización del mismo fármaco para el tratamiento de embarazos perdidos por causas naturales.
El protocolo para la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud reconoce riesgos, aunque matiza y los considera mínimos en contextos que juzga adecuados.
“Los riesgos asociados con la interrupción del embarazo, si bien son mínimos cuando se realiza adecuadamente, aumentan a medida que aumenta la edad gestacional”, se lee en él.
Pero ni en el documento, ni en otras campañas de comunicación, el Ministerio informa con el mismo énfasis que hace con la accesibilidad al aborto legal sobre los riesgos tanto físicos como psicológicos del aborto, expuestos en numerosas ocasiones durante el debate que condujo a su legalización en 2020, y previamente, en 2018.
En un artículo publicado en 2018 en la página web del Centro de Bioética el Dr. Nicolás Lafferriere evoca un estudio realizado en Finlandia que concluyó que el índice de muerte materna vinculada al aborto es 2,95 veces más elevado que el de embarazos que llegan al parto en la población de mujeres de Finlandia entre los 15 y los 49 años de edad.
Con datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo para el Bienestar y la Salud de Finlandia, en base a más de 9000 casos, se observó que las mujeres que se habían practicado abortos tuvieron un índice de mortalidad de casi el doble en los siguientes dos años.
Otro estudio citado por el Dr. Lafferriere, de 2015, publicado en el British Medical Journal, da cuenta de cómo en los estados mexicanos con mayores restricciones al aborto entre 2002 y 2011 la tasa de mortalidad materna fue más baja que en otros con legislaciones favorables a él.
Independientemente de la investigación judicial sobre el caso ocurrido en Mendoza, las circunstancias confirman lo que la evidencia presentada por el Dr. Lafferriere y otros advirtieron: “El aborto supone siempre un riesgo para la salud de la mujer significativamente mayor que el embarazo y el parto”.
