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Al comenzar esta semana en Honduras el juicio contra David Castillo, un hombre acusado de ser el “autor intelectual” del asesinato de la defensora del medio ambiente Berta Cáceres, las cosas no están del todo claras sobre los móviles y sobre los responsables del crimen.
La principal tesis del asesinato que conmovió a los ambientalistas de Centroamérica (y de buena parte del mundo) es que Berta fue eliminada a balazos.
¿La razón? Se oponía con firmeza a que se construyera una presa hidroeléctrica en territorio de la etnia de los lencas.
Castillo es el expresidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa que pretendía construir la hidroeléctrica Agua Zarca.
Fue detenido en marzo de 2018, en el aeropuerto de San Pedro Sula, cuando pretendía abandonar el país centroamericano.
Para los fiscales que sustentan la acusación en contra de Castillo, este habría pagado a sicarios y proporcionado apoyo logístico para eliminar a la defensora del medio ambiente en los lencas. Su intención: poder seguir adelante con un proyecto multimillonario.
El asesinato ocurrió el 3 de marzo de 2016 en la comunidad de La Esperanza. Cinco años más tarde ha comenzado el juicio al único de los "autores intelectuales" del crimen de quien recibiera el Premio Goldman.
Este premio es el equivalente al Premio Nobel en lo que se refiere a la excelencia en defensa del medio ambiente.
Cáceres ya había sido objeto de una serie de amenazas contra su vida por su oposición a la represa, que consideraba lesiva para el medio ambiente de la región.
Por eso contaba con protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El crimen en contra de Cáceres, perteneciente a la etnia hondureña de los lencas, representó un duro golpe a los ambientalistas de Centroamérica, a menudo hostigados y liquidados por compañías que buscan el lucro por encima de todo.
La construcción de la presa de Agua Zarca estaba prevista para llevarse a cabo en el Río Gualcarque.
Ese río es sagrado para las comunidades indígenas lencas (el mayor grupo indígena de Honduras) y además resulta vital para su supervivencia.
Cáceres emprendió una campaña que tuvo repercusión mundial.
Tanto es así que logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. Y también lo hizo el Banco Mundial.
En diciembre de 2019 fueron sentenciados a entre 30 y 50 años de cárcel siete hombres por la muerte de la ambientalista, acusados de ser parte de los autores materiales.
Castillo espera la sentencia. Y la familia de Berta sostiene que existen más "autores intelectuales" del crimen (otros ejecutivos de DESA, empresarios del ramo eléctrico, funcionarios gubernamentales y militares).
Por su parte, DESA habla –a través de sus abogados defensores—de un juicio siempre "empujado por la presión internacional y basado en motivaciones políticas".
La única certeza es que Berta Cáceres está muerta, los lencas han quedado desprotegidos y la verdad de los hechos, en el éter.
