La American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists, la American College of Pediatricians, las Christian Medical and Dental Associations y la Catholic Medical Association (EE.UU.) han hecho público, a través de la FIAMC, un comunicado. En él reclaman que se informe a la opinión pública sobre la “solidez ética” de las vacunas que actualmente se están desarrollando contra la COVID-19.
El problema ético de base es la utilización, por parte de algunas de estas vacunas, de material genético procedente de fetos abortados.
“Un motivo de preocupación es el uso estándar de líneas celulares fetales derivadas del aborto para producir estas vacunas por parte de empresas como AstraZeneca y Johnson & Johnson. Lamentablemente, muchos otros candidatos a vacunas que se están desarrollando actualmente también utilizan líneas celulares derivadas de bebés abortados para su producción”.
También se refieren a las vacunas Pfizer / BioNTech y Moderna COVID-19. “Si bien es cierto que las pruebas en fase animal de estas vacunas utilizaron células fetales derivadas del aborto, es encomiable que al parecer, los métodos de producción no utilicen dichas células”.
Alternativas éticas
Los médicos piden que se favorezcan alternativas existentes que no tengan este tipo de condicionamientos éticos.
“Los profesionales de la salud y los sistemas hospitalarios deben dar a conocer al público la fuente de sus vacunas, con información específica sobre las que se producen éticamente. Brindar esta transparencia a quienes confían en ellos es la base de una buena atención médica”, afirma el comunicado.
“Si las vacunas COVID-19 se aprueban como seguras y efectivas, creemos que la utilización de la vacuna menos problemática éticamente disponible puede estar justificada por el bien intencionado logrado en la prevención de enfermedades y muerte de quienes nos rodean”, añade.
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