Un nuevo “Plan Marshall” para Europa, ¿funcionará?

La letra pequeña: Europa no quiere que los fondos del COVID se utilicen para fines poco claros y para la corrupción

Sin lugar a duda, se puede catalogar de histórico el reciente pacto que la Unión Europea para hacer frente a la crisis económica que se deriva del parón económico acaecido por la pandemia de la Covid-19.

Lo más inédito de este pacto no es sólo la cantidad de recursos que se van a movilizar desde el plano internacional, sino que además estas medidas son en términos de política fiscal, política que hasta la fecha está relacionada con la acción propia de cada gobierno integrante de la Unión Europea en virtud de su soberanía. 

El problema es que para una crisis de tipo global se precisan sin duda medidas que trascienden la dimensión de nacional para recaer en acuerdos a nivel de Unión Europea. En una economía globalizada, las medidas unilaterales tienen pocas opciones de ser exitosas en su propósito de recuperar los niveles de actividad.

Tras largas negociaciones, tensiones  y tira y aflojas entre los países del norte y del sur de Europa, los 27 han acordado por unanimidad un fondo de reactivación para paliar los daños económicos de la Covid-19 con una dotación de 750.000 millones de euros. Por primera vez, las transferencias se harán con respaldo a emisión de deuda de la propia UE. 

Del “what ever it takes” que anunció Draghi en el 2012 que comprometía de forma extraordinaria la política monetaria del Banco Central Europeo para sostener el euro tras la crisis del 2008, hemos pasado al “Deal” de política fiscal del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

¿Se puede comparar con la crisis de 2008? 

Nos adentramos en un siglo en el que las crisis no pueden afrontarse de forma nacional, pero las medidas que se tomen no pueden ignorar las causas específicas que la han generado.

Por ejemplo, la crisis del 2008 se fraguó con una ingeniería financiera fraudulenta que jugaba con información asimétrica en mercados globalizados. El estallido de la burbuja inmobiliaria puso de manifiesto una crisis de credibilidad del sistema financiero.

Los problemas de credibilidad e información oculta, pues se desconocía la naturaleza de las garantías de tres trillones de dólares en activos financieros tóxicos diseminados por todo el mundo, acaban dando problemas de ineficiencia muy grave en los mercados, tal y como demostró Akerloff.   Esto produjo un shock de demanda de dimensiones dantescas que reflejó procesos inéditos de deflación.

La respuesta de los gobiernos ante esa crisis fue en muchos casos la austeridad. En España, los planes de impulso de la demanda por vía de política del gasto público dieron apenas un tímido efecto que sólo logró postergar en apenas unos meses los efectos de la crisis.

Las causas de la crisis por la Covid-19 son muy diferentes a las del 2008. La crisis actual se sustancia en la paralización económica por el miedo al contagio. El miedo no reside en los instrumentos de financiación ni en los procesos productivos, sino en la relación entrega agentes económicos.

Dicho de otra manera, en una economía en la que todas las relaciones de intercambio fueran digitales, la Covid-19 apenas acarrearía una paralización, en cambio la crisis del 2008 seguiría siendo devastadora.

Bajo este esquema se nos presenta un shock combinado de oferta y de demanda y, en consecuencia, no se apreciarán ni grandes inflaciones ni deflaciones. El traslado de los efectos será directo al nivel de producción de la economía. Eso lo convierte en especialmente temible. Y por eso exige un análisis profundo de qué tipo de respuesta se puede coordinar entre todos los países de la UE.

Como un barco parado en medio del mar

Para exponer el porqué le sugiero un símil. Imagine que un numeroso grupo de personas viaja en un barco que de repente se para en altamar.  La solución debe tomar en cuenta cuál es la causa.

Si el problema es que no tienen suficiente gasóleo porque el disponible estaba adulterado, de poco servirá añadir más combustible sin antes limpiar el motor. Si no se sanea primero el motor difícilmente van a poder salir de la situación con éxito.

Es diferente si el problema si la causa era que parte de la carga de gasóleo se hubiera caído pro la borda por un fuerte oleaje o que el depósito perdiera combustible por una grieta. En ese caso, o se añade combustible o hay que remar.

Remar en un bote cuando hay inercia no entraña problema, pero arrancar cuando se está varado es muy diferente y costoso. La fuerza individual de cada viajero es insuficiente para romper la resistencia inicial y alcanzar la suficiente inercia.

Además, como el esfuerzo sería ímprobo se darían incentivos estratégicos en los que cada uno esperaría que remase el resto.  Esto da lugar a que en equilibrio, el barco va a estar estancado durante mucho tiempo.

Si bien en el primer caso se precisa austeridad para emplearse en el saneamiento del motor del barco, en el segundo se precisa de combustible desde el principio para hacer que el motor vuelva a funcionar, en este caso la austeridad sería absolutamente inútil. Y en ese impulso inicial que aúne los incentivos la actuación de los gobiernos puede y deber ser importante.

Por eso, es una muy buena noticia que la UE haya adoptado el compromiso de ese impulso para los diferentes barcos europeos que se encuentran varados por el parón económico de la Covid-19. Una flota europea varada en medio del océano sería la puntilla definitiva a una Unión Económica que estaba derivando demasiado en no ser más allá de una región de comercio libre.   

No obstante, si bien ese compromiso puede constituirse como condición necesaria frente a la crisis económica, no es en si una condición suficiente. Las reticencias de los países del norte de Europa, denominados frugales, han ido en dirección de reclamar el control de los fondos. 

Con el dinero de Europa no se juega

Efectivamente, sería ingenuo regalar “combustible” sin ningún tipo de condición a países que no se comprometieran a utilizarlo íntegramente en poner en marcha el motor y en desviarlos a engrasar otros grupos de interés o poder. 

España no ha sido un país ejemplar en términos de lucha contra la corrupción. No hace muchos años que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia publicó un estudio que estimaba la corrupción anual en casi un 5% del PIB anual tomando como referencia los sobre costes en obras públicas.  Otro estudio de la Universidad de la Laguna lo estimaba en 38.000 millones anuales.

Por otra parte, es normal que escandalice a los frugales la larga lista de casos como los EREs, Gürtel, Bárcenas o los falsos cursos de formación de Andalucía, siendo el peor de todos en volumen de dinero desviado, con 2.875 millones, de los cuales 1.155 provenían de subvenciones de la UE. No parece muy sensato que se utilizara la baza de acusar de rácanos a los países frugales cuando el propio partido gobernante de España es de los que menos puede abanderar la lucha contra la corrupción.

Por lo tanto, si bien es importante la cantidad de este “nuevo Plan Marshall” tal como lo han bautizado, más importante es qué mecanismos se han establecido para lograr que los fondos sirvan para sus fines. Por eso se van a dar serias condiciones en los Planes de reforma nacional de cada uno de los receptores con una vigilancia intensa por parte de las Instituciones Europeas y con la necesidad de que las decisiones se tomen por mayoría cualificada.

Este punto es muy importante porque en el caso de que los bloqueos sucedieran bajo derecho de veto, podría darse incentivos estratégicos de competencia entre países de la propia Unión y así tener una mayor incertidumbre en esta estrategia para que todos los barcos dejen de estar varados. Y eso también sería demasiado costoso para poder llegar a buen puerto.