Fue aprobada este viernes y la enviarán “urgentemente” a la nación sudamericana. La misión internacional de la Organización de las Naciones Unidas es una respuesta al pedido firme de una serie de países integrados en el Grupo de Lima, que cuenta con respaldo de la Unión Europea.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear “una misión internacional independiente” para investigar las continuas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, lo que incluye las “ejecuciones extrajudiciales” y “torturas”, cometidas desde 2014 que figuran en el demoledor informe de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.
El objetivo, se reitera, es evaluar en campo la existencia de “casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzosa, detención arbitraria, tortura”; además de otros “malos tratos, inhumanos y degradantes, ocurridos desde 2014, con el fin de que los autores respondan plenamente” por sus actos y “se haga justicia a las víctimas”.
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Agentes de la ONU dispuestos a trabajar “fuera del país”
No obstante, la reacción del gobierno de Nicolás Maduro fue inmediata. Naturalmente, en rechazo. Sin embargo, no hay paso atrás. Los investigadores de Naciones Unidas podrán trabajar desde el extranjero, como ocurre con los expertos de la ONU que investigan los casos de Siria.
La resolución “busca entorpecer el relanzamiento de las relaciones de cooperación y de asistencia técnica del gobierno bolivariano con la oficina del Alto Comisionado. Razón por la cual está destinada al fracaso”, argumentó Jorge Valero, el embajador de Maduro ante el Consejo, al rechazar la misión internacional recién aprobada.
Compuesta por varios países de Latinoamérica más Canadá, con el apoyo de la Unión Europea, la resolución propuesta por el Grupo de Lima fue adoptada por el Consejo en Ginebra gracias al voto favorable de 19 naciones, pese a los siete Estados que se opusieron y un total de 21 abstenciones.
La misión deberá ser “enviada urgentemente” a Venezuela
Los miembros de esta misión de la ONU serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, y deberá ser “enviada urgentemente” a Venezuela, según reseña la agencia AFP.
La misión deberá enviar su informe con el resultado de su trabajo durante la 45ª sesión del Consejo, que según la agenda se llevará a cabo en septiembre del año 2020.
Uno de los principales pedidos del informe Bachelet, ignorados totalmente por la administración Maduro, fue la eliminación del “grupo de exterminio” conocido oficialmente como las FAES.
Acusado de “usurpador” por medio centenar de países, incluyendo a la Unión Europea, las Fuerzas de Acciones Especiales fueron una creación del mandatario en 2017 para “combatir el crimen organizado”.
Sin embargo, el experto en criminología, Fermín Mármol García, quien dirige el Instituto de Ciencias Penales y Criminalística de la Universidad Santa María, no dudó en respaldar las acusaciones del informe Bachelet al referirse a este grupo como un “escuadrón de la muerte”.
“El FAES fue el nuevo plan no anunciado de la actuación represiva y mano dura, primitiva y anacrónica que debe entrar en desuso”, dijo el experto en seguridad ciudadana en julio, en diálogo con Aleteia, al analizar el comportamiento de este “híbrido extraño y amorfo”, al que se atribuye un número incontable de desapaciciones forzosas.
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Acuerdo de un año para actuar en Venezuela
El martes de esta semana, la ONU firmó un acuerdo sobre derechos humanos con Venezuela que autorizaría la apertura de una oficina en el país. El anuncio lo hizo la Alta Comisionada Bachelet al indicar que se hizo para aumentar la cooperación en ese campo.
A través de un comunicado se indicó que el “Memorando de Entendimiento” tendrá vigencia de un año y firmado el 20 de septiembre la expresidenta chilena y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.
“Estamos comprometidos a trabajar de manera cercana con las autoridades, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en el país”, dijo Bachelet.
Mientras que la administración Maduro aseguró que permitirá la “presencia” continua en el país “de un equipo de dos funcionarios de derechos humanos de la ONU”. El acuerdo les permitiría además acceso a centros de detención, así como “libertad de circulación en todo el país”.
Reportes de Cáritas motivan actuación de la ONU
Aunque es el principal motivo, no es el único. Se trata apenas de la punta del iceberg, tomando en cuenta que la radiografía presentada por Bachelet ante Naciones Unidas difunde también los insumos aportados por Cáritas Venezuela, según los cuales, en el 90% de los hogares venezolanos la alimentación es insuficiente.
El reporte advierte que seis de cada diez migrantes huyeron de la nación sudamericana debido al hambre, y alerta que el 15% de los niños venezolanos que atiende la institución social de la Iglesia Católica presentan “desnutrición aguda, grave, e inminente riesgo de morir”.
La particularmente grave situación de derechos humanos en Venezuela ha estado en ojo del huracán tras las críticas de Bachelet, quien de manera reiterada ha lamentado que persistan “la tortura” y las “detenciones arbitrarias”, en un complejo escenario que incluye las “ejecuciones extrajudiciales”.
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