De nada sirvieron las peticiones de, prácticamente, todos los sectores de la vida política, social, religiosa de Guatemala al presidente Jimmy Morales. Ayer viernes se conoció el acuerdo con el gobierno de Donald Trump para que Guatemala sea “tercer país seguro”.
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Guatemala ha firmado el acuerdo con una espada al filo del cuello. Trump había advertido al país centroamericano que le iba a castigar con la imposición de aranceles a los productos guatemaltecos si no aceptaba dar a los migrantes que soliciten asilo o refugio en Estados Unidos la misma protección que se les da en la Unión Americana.
A cambio, Morales ha dicho que está negociando con Washington ayudas para el combate al crimen organizado, la migración irregular o las visas de trabajo temporal. En ese sentido, los refugiados que quieran solicitar refugio o asilo en Estados Unidos y han pasado por Guatemala deberán hacerlo en este último país.
Trump había tratado de hacer el acuerdo previamente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero no lo logró. Ahora, aprovechando la comprometida situación de Morales en Guatemala, lo ha logrado. Su justificación es que, ahora, quienes buscan asilo o refugio estarán alejados de los tratantes de personas.
El acuerdo se ha hecho sin contar con con el conocimiento del pueblo guatemalteco y contraviniendo un mandato de la Corte y a espaldas del propio Congreso. Durante muchos días, Morales había dicho que Guatemala no iba a firmar un acuerdo con Estados Unidos de “tercer país seguro”.
Guatemala –como México o cualquiera otro país del área– no tiene ni la solvencia económica ni la infraestructura para atender a miles de migrantes que provienen de Honduras o El Salvador y que tienen que pasar por Guatemala para dirigirse a México y, después, a Estados Unidos.
Se calcula que entre hondureños y salvadoreños (además de cubanos, haitianos, africanos, nicaragüenses, etcétera) cada año Guatemala, como “tercer país seguro” habrá de atender a más de cien mil personas, mismas que serán trasladadas desde Estados Unidos para solicitar ahí refugio o asilo.
La pregunta que está en el aire es si Guatemala tiene las condiciones suficientes para ser “tercer país seguro”. Lo mismo que ha pasado con la política implementada por el gobierno de Trump, “Quédate en México”, la respuesta es, obviamente no.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo, por su parte a el periódico español El País que Guatemala “no es un país seguro ni para quienes piden asilo ni para sus propios habitantes”. Además, es un país que expulsa migrantes y que vive en condiciones de pobreza extrema en más de la mitad de su población.
