Valentina es venezolana. Tiene 11 años y cruza a diario la frontera entre Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia) para ir a la escuela, donde estudia su hermano José Andrés, un niño colombiano retornado de 14 años de edad. Ambos forman parte de los 20.000 estudiantes venezolanos que hay en las escuelas de Cúcuta y en otros municipios de la tierra cafetera.
De acuerdo con el más reciente balance presentado por las autoridades neogranadinas, en Norte de Santander la atención a venezolanos consume 120.000 millones de pesos, poco más de 40 millones de dólares, según los cálculos presentados por el gobierno departamental al rendir cuentas de la Secretaría de Fronteras y cooperación internacional.
En el balance, el gobernador del departamento Norte de Santander, William Villamizar, se refirió a los dos sectores que según dijo ocupan el grueso de la inversión: educación y salud, al tiempo que hizo votos por destinar más fondos para programas y no sólo para ayuda directa.
El 25% del monto global, unos 10 millones de dólares, se habrían destinado ya al pago de parte de las facturas de los hospitales de la región, a los que sin embargo aún se les adeudan poco más de 6,5 millones de dólares, destinados según la fuente oficial a la atención de venezolanos.
Un monto similar se ocupa en la educación de los estudiantes, la mayoría de ellos niños, que acuden principalmente a las escuelas de Cúcuta en la frontera.
Sin embargo, el dinero no es sólo colombiano. En la zona ha habido un desembolso superior a los 15 millones de dólares que figuran como fondos derivados de la cooperación internacional ante el éxodo masivo de los venezolanos que huyen de la crisis.
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En total, “son unos 120.000 millones de pesos gastados” en la atención de “inmigrantes venezolanos en el departamento”, señaló Villamizar, tras indicar que de esa cifra, el gobierno de Iván Duque ha asumido 70.000 millones de pesos, lo que representa el 58%. Los otros 50.000 millones de pesos corresponderían por ende a los aportes de organizaciones internacionales.
Uno de los países donantes es Japón. Con su ayuda terminaron en noviembre de 2018 las adecuaciones en el Centro de Migraciones de Cúcuta, gracias a lo cual quienes llegan a este espacio disponen, según los diplomático, de “un lugar adecuado”.
El dinero llega también desde las periferias a las que alude el Papa Francisco. La sede diplomática nipona es uno de los donantes más particulares y constantes. Ese gobierno donó en la última semana 4,5 millones de dólares para atender la crisis migratoria.
Los recursos deberán ser invertidos en programas ejecutados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR).
Al hacer el anuncio en rueda de prensa, el embajador de Japón en Colombia, Keiichiro Morishita, argumentó que los fondos “ayudarán a aliviar la tensión institucional que se presenta en las zonas que registran mayor recepción de migrantes”.
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Japón califica la crisis como “hito sin precedentes”
Dijo que la diáspora ha marcado un “hito sin precedentes en la región”, y sostuvo que es un desafío para otras naciones seguir el ejemplo de Colombia, que “estableció una política de brazos abiertos” al priorizar su atención “bajo el marco de los derechos humanos”.
Al igual que los desembolsos de otros Estados, los recursos tienen como destino principal los migrantes venezolanos, los colombianos retornados y las comunidades de acogida en Arauca, Norte de Santander, Cesar y La Guajira, todos fronterizos con Venezuela; además de las comunidades de Atlántico, Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Putumayo.
En la región, el sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuenta con el apoyo de ocho organizaciones. También hacen vida treinta y seis entes de cooperación internacional, los cuales brinda atención cada mes a unas 75 mil personas a lo largo y ancho de 26 municipios.
De acuerdo con el Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Juan Carlos Cortés, en la región hay 400 mil colombianos retornados, “y es el segundo departamento, después de Bogotá, con mayor número de inmigrantes”, según reseña la prensa local.
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Ejército de voluntades de la Iglesia Católica
En medio de la crisis, hay también ayuda evidente pero silenciosa. Un ejército de voluntarios de la Iglesia Católica trabajan a diario para dar acogida, alimento y asesoría legal gratuita a los migrantes.
Las ollas de caridad lideradas por los sacerdotes Hugo Suárez, José Caña, y Eduar Támara están desplegadas en la actualidad en casi un millar de parroquias entre los dos países vecinos, y cuentan con el respaldo de cinco organizaciones internacionales que apoyan su comedor.
Un caso particular es el de la Divina Providencia, el cual comenzó como una obra muy discreta pero hoy sirve casi 10 mil raciones de comida a los venezolanos y colombianos que llegan en busca de alimento.
En el sitio de inspiración cristiana se brinda atención psicológica, servicios de salud y limpieza; así como un largo etcétera que es posible tras aglutinar los esfuerzos de más de mil voluntariosentre sicólogos, galenos, abogados, estilistas y otros colaboradores que por amor a Dios, realizan de forma silenciosa las generosas obras de caridad.
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