Un recorrido en retroceso hasta el caos actual, permite apreciar la claridad de visión de los pastores de la Iglesia Católica en Venezuela y su persistencia en el objetivo de abrir camino a la asistencia humanitaria ante lo que se veía venir. No obstante, no fue sino hasta hace pocos meses y ante el interminable éxodo masivo de venezolanos hacia el exterior, cuando el sector político se percató de que debía hacer suyo el discurso y la propuesta de la Conferencia Episcopal Venezolana al centrar la preocupación en las necesidades de las mayorías y el clamor por una ayuda que no termina de llegar pero que, en las actuales circunstancias, nadie osa colocar debajo de otras prioridades.
La saga
Una vez ocurridas las elecciones presidenciales del 2012, ya el sector productivo presentaba signos de agotamiento y la economía resentía los estragos. Ese año, el gobierno hizo una importación masiva de alimentos gastando la suma de 16.500 millones de dólares para abastecer al país y mantener una economía artificial a través de un suministro de alimentos con apariencia de normalidad.
Pasado ese año electoral, en el 2013, y mermando las divisas por concepto de ingresos petroleros, comenzó a sentirse el desabastecimiento de alimentos en el país, bajo la figura de la escasez. Ya para el año 2014, se acentúa ese desabastecimiento en todos los renglones. Los volúmenes de exportación se redujeron por falta de divisas. Las certezas estaban a la orden del día y el gobierno intentó, incluso, minimizar el problema amenazando a los medios de comunicación radioeléctricos con sanciones para quienes pronunciaran las palabritas “desabastecimiento” o “escasez”. Pero todo esto no hizo sino acrecentarse durante el 2015.
La escasez aprieta
El 2016 es un año que marcó esta fatalidad pues se hizo mucho más fuerte la carencia de alimentos y medicinas. En ese momento, la Iglesia venezolana elaboró un documento y le solicitó una audiencia al Vicepresidente de la República, para aquél entonces, el profesor Aristóbulo Istúriz. Fue concedida y la reunión se efectuó el 16 de junio del 2016. Allí, el Nuncio Apostólico –en su condición de decano del cuerpo diplomático- acompañado de la directora general de Cáritas, la socióloga Janeth Márquez, acudieron y consignaron un documento escrito contentivo de un informe con los déficits alimentarios para la fecha. De eso hace casi tres años.
Posteriormente, el Consejo Nacional de Laicos de Venezuela realizó una reunión donde se acordó exhortar –y así se hizo- al Ejecutivo Nacional a permitir la entrada de ayuda humanitaria para asistir a la población más desprovista.
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El gobierno hizo saber que su gran preocupación: no podían aceptar ayuda humanitaria sin dejar de reconocer el fracaso de sus políticas económicas, ya en aquél entonces estrepitoso. Discutían sobre el nombre que darían a esa ayuda para que no hacer evidente que se trataba de asistencia humanitaria. Hablaron de”cooperación” y otras fórmulas para denominar el asunto. Argumentaron que el gobierno tenía que pensárselo y, sobre todo, consultarlo con el Presidente Maduro. El Vicepresidente adujo que no tenía atribuciones para autorizarla. Ese fue el resultado, en pocas palabras, de aquella reunión del Nuncio y Cáritas con el régimen. No se supo más nada, no hubo respuesta a ese documento, el gobierno nunca se pronunció.
Reuniones iban y venían
Tiempo después, el propio Maduro –ante el apretón de la escasez, la inquietud social y la insistencia de la Iglesia en que la gente era lo primero- llama a una reunión a Mons Diego Padrón, entonces presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Iba a ser una reunión técnica. Los futuros constituyentistas habían acudido a pedir apoyo a la CEV para celebrar la consulta electoral que debía elegir la Constituyente. En aquella oportunidad, el obispo planteó de nuevo el tema humanitario ante los visitantes, lo que debió ser el motivo de la convocatoria de Maduro a Mons Padrón. La reunión tuvo lugar el 22 de mayo del 2017. El obispo acudió -y nuevamente la acompañante era la directora de Cáritas- con un informe actualizado sobre los déficits alimentarios en el país. Para ese momento, la desnutrición asomaba su rostro, sobre todo en la infancia y Caritas tenía todos los datos disponibles, gracias a los programas que desarrolla en función de identificar el problema nutricional y mitigar en lo posible sus efectos.
El Presidente Maduro quedó en ofrecer una respuesta pero, de nuevo, nada ocurrió. Más bien, manipuló el tema revelando al país que había sostenido una reunión privada con el presidente de la CEV, sin aclarar el contenido del encuentro. La intención era clara: en momentos en que se quedaba aislado y sin apoyos, su recurso era dar la impresión de que la Iglesia se reunía con él y mantenían una relación fluída.
La Iglesia, consciente del hambre de los venezolanos y sin atisbar el menor interés por parte del gobierno en asumir su responsabilidad, Caritas, echa mano de su estructura y activa su voluntariado y, en mayo-junio del 2017, pone en marcha el operativo conocido como las “ollas solidarias”, que llegó a cada rincón de las comunidades más necesitadas.
Informe alarmante
Para Octubre del 2017, Cáritas presenta al país un informe técnico que alarmó al país y también al gobierno. Fue contundente el dato: 11 millones de venezolanos hacía solo una comida al día y un promedio de 12 podía hacer las tres. La mitad del país estaba excluido del acceso al alimento para comer completo. El informe era estrictamente un reflejo de la realidad, sin la menor pretensión política, informa que comenzaron a actualizar mes a mes. Asistidos por Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres,trabajaron con gran profesionalismo.
El 14 de septiembre de 2018, Caritas arremete con otro demoledor informe producto de un estudio en 8 estados del país, donde se determina que el nivel de desnutrición es grave. Las cifras mostraban que más de 5 millones de niños estaban en franco proceso de desnutrición, crece el desabastecimiento y cerca de 13 millones de venezolanos solo podía comer una vez al día. Eso significa que el 15% de la población se alimentaba debidamente y consumía los estándares proteicos requeridos por el organismo diariamente. El 85% estaba en rangos inferiores, sentándose a la mesa una o dos veces al día. Obviamente, la situación toca niveles de desastre humanitario para estos momentos. La repercusión de estos informes tuvo alcance nacional e internacional.
El gobierno desconoce la emergencia
La reacción del gobierno fue refutar sistemáticamente todo lo que Caritas revelaba en sus informes. Para entonces, Delcy Rodríguez era Canciller y asistió a una reunión en la OEA donde no sólo aseveró que Caritas mentía, sino que informó que en Venezuela había “alimentos para abastecer a siete países”. A ello siguieron ataques y descalificaciones hacia los informes técnicos de y, en forma más velada, hacia la Iglesia Católica venezolana.
El discurso político se acopla
Poco a poco, el discurso político comenzó a salir de la diatriba estéril y del tema meramente electoral para acoger el grave asunto de la ayuda humanitaria. El Presidente Interino Juan Guaidó lo ha convertido en columna vertebral del debate con lo cual privilegia el drama social por sobre otras urgencias. Tal vez sea eso explica, entre otras cosas, la conexión que ha logrado con el pueblo, conexión que hacía tiempo los políticos opositores habían perdido y no atinaban a retomar. Haber escuchado antes a la Iglesia habría aportado coherencia al combate y evitado muertes y enfermedades desencadenadas por esta terrible situación.
El grupo de asesores agroalimentarios, detrás de los esfuerzos por visibilizar este problema, se reunió con Guaidó el 16 de enero de este ano 2019 donde se analizó de manera descarnada la situación a la fecha. En aquella ocasión, recomendaron que fuera la Iglesia, a través de Caritas y organismos conexos, apoyos técnicos y ONGs, la que coordinara a nivel nacional la administración de esa ayuda humanitaria. Entendiendo, claro está, que esa responsabilidad es del Estado y que todo cuanto pueden hacer otras instituciones es gerenciar la coyuntura, atender la emergencia, pero no deja de ser un paliativo.
Experiencias previas exitosas
En los años sesenta, en los albores de la democracia en Venezuela, el gobierno norteamericano presidido por John Kennedy, envió ayuda. En diciembre de 1962, se firmaron convenios con algunos países latinoamericanos para distribuir alimentos por superproducción alimentaria en el norte. Los silos estaban llenos, se aproximaba la siguiente cosecha y, antes de incinerar el excedente para ganar espacio, se tomó la decisión de asistir a varios países. “Por acuerdo del presidente Rómulo Betancourt -rememoró el experto agroalimentario Nicolás Espinoza Barrios- la administración de esos alimentos fue encomendada a la Iglesia y funcionó muy bien pues la estructura organizativa de la institución es paralela a la del Estado venezolano: donde hay una Prefectura, en cualquier pueblo, al lado hay una iglesia o una parroquia. Contando con apoyos técnicos, depósitos, equipos de refrigeración y las redes de transporte de la empresa privada, la distribución es confiable y sana en manos de Caritas”, aseguró.
La Iglesia, insistente y machacona por una buena causa
“Es la Iglesia Católica venezolana la única que ha tomado el toro por los cachos, la que no ha perdido el foco y la heroína de esta historia. Obstinadamente, venía evidenciando el problema y solicitando se le atendiera; lo hacía de forma escrita, verbal, pública y privadamente, a todo le que quisiera escuchar, dentro y fuera del país; pedía reuniones con el sector oficialista, instaba al gobierno a responder y ocuparse. En fin, la única que puede mostrar una trayectoria con acento en lo humanitario a lo largo y ancho de esta crisis”, sostiene Espinosa Barrios.
La solicitud de ayuda humanitaria fue tramitada, a lo largo de estos anos, por la Iglesia Católica. Los comunicados, exhortaciones pastorales, homilías, artículos de prensa, declaraciones de los voceros episcopales dan cuenta de la lucha sostenida de la Iglesia Católica por conseguir que la vida de la gente se coloque en el primer lugar de la agenda del país. El Bien Común está seriamente amenazado en Venezuela, la gente sufre y la familia se disuelve en un día a día de desasosiegos, sobresaltos y temores. La Iglesia acompaña, insiste, toca puertas, organiza a las comunidades para optimizar recursos escasos y esfuerzos colectivos…y mantiene la esperanza arriba.
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