El Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) ha publicado un informe sobre la ineficiencia del gasto público en la región
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Aproximadamente 220.000 millones de dólares, una suma cercana al 4,4% del PIB (Producto interno bruto) de la región. Este es, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (IDB o Inter-American Development Bank) el coste total de la difundida ineficiencia del gasto público en los países de América Latina y el Caribe.
Según el informe, que se extiende por más de 400 páginas bajo el título Better Spending for Better Lives. How Latin America and the Caribbean Can Do More with Less, si se empleara bien todo este río de dinero, los gobiernos podrían erradicar uno de los problemas más graves de toda la región, que cuenta con casi 640 millones de habitantes: la pobreza extrema.
Según recuerda el prefacio del informe, publicado en la colección Development in the Americas, el presidente de este organismo internacional con sede en Washington (EE.UU.), Luis Alberto Moreno, “los latinoamericanos podrían tener acceso a más y mejores servicios de educación, servicios sanitarios, seguridad e infraestructuras si sus gobiernos usaran los recursos existentes como hacen los mejores países del mundo”.
“Mientras las políticas fiscales y en materia de gastos reducen la desigualdad, en América Latina y el Caribe, aproximadamente un 5%, en las economías avanzadas lo hace un 38%”, continúa Moreno, añadiendo que “falta mucho por hacer”.
Gasto público de más de 1,9 billones de dólares
“El gasto público en América Latina y el Caribe ha crecido de media 7 puntos porcentuales durante los últimos 20 años, un aumento que, por desgracia, no se refleja en un aumento similar del capital físico y humano de calidad, o en resultados sociales duraderos”, afirma el informe, subrayando que la mayor parte de los países de la región “gasta el dinero de modo ineficiente”.
Si bien la cantidad de bienes y servicios producidos en la región superó durante 2016 los 5,3 billones de dólares, el gasto público superó los 1,9 billones de dólares. Para tener una idea: se trata de un volumen similar al PIB de Brasil, recuerda el informe.
El gasto público consolidado en los países de América Latina y el Caribe es de media equiparable al 29,7% del PIB, es decir, que ha aumentado un 6% aproximadamente respecto a principios de los años 2000. La cuota, sin embargo, varía de país a país: de más del 35% del PIB en Argentina, Brasil o Ecuador, a menos del 20% del PIB en Guatemala y en la República Dominicana.
El gasto de los dos países más “manirrotos” de la región es superior o similar a la media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE o OECD en siglas inglesas), pero – subraya el informe – su PIB por capita es inferior a la mitad que el de el país medio de la OCDE.
Fuentes de la ineficiencia
Entre las fuentes de la ineficiencia, el informe menciona el public procurement, o sea esa parte del gasto público dedicado a la adquisición directa de bienes y servicios, por ejemplo computadoras para las escuelas o el proporcionar servicios básicos como el agua, la electricidad o el gas, pero también la contratación pública. En 2016 el volumen de este gasto rondaba en los países latinoamericanos y caribeños en torno a los 450.000 millones de dólares.
Se trata de una partida, subraya el informe, que como un “imán” atrae las ineficiencias y, en particular, la corrupción. Aunque por su “naturaleza escondida” es difícil cuantificar el coste exacto de la corrupción, el informe del IBD calcula que del 10% al 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con fondos públicos corre el riesgo de mala gestión o corrupción.
Como recuerda el informe, la investigación “Operación Autolavado” (Operação Lava Jato) sobre la vasta red de corrupción creada por el coloso brasileño de la construcción Odebrecht, se ha extendido en 14 países del mundo, tanto latinoamericanos (entre los cuales Colombia y México) como africanos.
Gasto salarial
Otro elemento de ineficiencia es la masa salarial, que constituye una partida importante en el gasto público de los países de América Latina y del Caribe. Lo que absorbe casi la tercera parte del gasto de la administración pública son los sueldos de los empleados públicos: de media el 29%, es decir, el 8,4 del PIL. La tasa es inferior en los países miembros de la OCDE, donde constituye menos de la cuarta parte: il 24,2%, equivalente al 10,6% del PIB.
En algunos países de la región, este porcentaje es más alto. En Argentina, los salarios constituyen el 30% del gasto público y el 12% del PIB nacional. También en Argentina el 76% (o sea, más de tres cuartas partes) de la masa salarial afecta a los dependientes municipales y provinciales: absorben más de la mitad del gasto de las administraciones provinciales, revela el informe. En Brasil, la masa salarial representa casi el 54% del gasto público, y en México y en Perú el 42%.
Según un escenario “moderado”, la ineficiencia constituye en conjunto el 1,2% del PIB o el 14% del gasto salarial (aproximadamente 52.000 millones de dólares), afirma el informe. El nivel de ineficiencia se acentúa más en los países con di inefficienza è più accentuato nei Paesi con primas salariales más altas y con una proporción más baja de trabajadores no cualificados.
Trasferencia de dinero
La tercera y última fuente de ineficiencia identificada por los autores del informe son las transferencias de dinero, que constituyen el 29,4% aproximadamente del gasto público en la región. Se trata de pagos realizados en el cuadro de programas sociales (por ejemplo, transferencias condicionadas de dinero y pensiones no contributivas), subsidios (sobre todo los energéticos) y después las pensiones contributivas.
Lo que más alimenta la ineficiencia son precisamente las subvenciones para el suministro de la energía eléctrica. Estas representaban de hecho en 2015 casi dos tercios, o sea, aproximadamente el 61% de todos los subsidios suministrados en la región. Aquí el alcance de la ineficiencia, y por tanto “el margen de mejora”, “es enorme”, se lee.
El problema de las transferencias de dinero es doble. Por un lado, no se destinan a las personas que más lo necesitan. “En la práctica, muchos beneficiarios de estos subsidios no son pobres”, subraya el informe del IDB; y sobre todo, estas transferencias no resolverían, en cualquier caso, el problema de raíz. Aunque tienden a reducir la pobreza en el corto plazo, “a menudo no erradican la pobreza y la desigualdad a largo plazo”, recuerda la responsable de redacción del informe, Carola Pessino.
Círculo vicioso
El problema quizás más grande es que precisamente por la gran falta de confianza hacia las autoridades o hacia quien gobierna – a todos los niveles, tanto nacional como local – la mayoría de los habitantes de la región prefiere las soluciones inmediatas, es decir, a corto plazo, como por ejemplo transferencias de dinero, en vez de invertir para el futuro. Algunos países se han “comido” los frutos del boom de las materias primas de los años 2000, gastando esas entradas en subsidios, transferencias de dinero y salarios, explica el informe.
“Cuando hay un alto nivel de desconfianza, a causa de la ineficiencia del Gobierno o de la flagrante corrupción, los ciudadanos prefieren las transferencias a las inversiones a largo plazo”, explica el informe, que señala que durante décadas, las inversiones públicas en infraestructuras han disminuido de forma sistemática en la región. En los años 80 eran, de hecho, casi el 10% más altas respecto a hoy.
La situación de las infraestructuras en la región no es buena. Al contrario, según el Economist (10 de marzo) es “inadecuada” (aunque hay notables excepciones, como Chile, que además sale bien parado en el informe del IDB). De hecho, más del 60% de las carreteras de la región están aún sin asfaltar, respecto al 46% de las economías emergentes en Asia y al 17% en Europa. Y dos terceras partes de las aguas residuales no son tratadas.
Los autores del informe, por tanto, no tienen dudas. “Corregir estas ineficiencias sería más que suficiente para eliminar la pobreza extrema, e incluso para disminuir la pobreza moderada en muchos países. Los ahorros podrían utilizarse para construir 1.225 hospitales con 200 camas (unos 47 más en casa uno de los 26 países de la región)”, observan. Es decir: para vivir mejor no hace falta necesariamente gastar más, sino gastar mejor, como sugiere el título del documento.
