El arzobispo expresó su conmoción, “dado el país democrático en el que vivimos”
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El Territorio de la Capital de Australia (ACT) amplió el pasado viernes una ley que obliga a informar de abusos a menores y de otros crímenes; una decisión que sería bien recibida por los líderes de la Iglesia de no ser por el hecho de que la legislación podría intentar forzar a los sacerdotes a romper el secreto de confesión.
La ley se aprobó el 7 de junio en la Asamblea Legislativa del distrito ACT, aunque tres parlamentarios liberales, Andrew Wall, Elizabeth Kikkert y Vicki Dunne expresaron su preocupación por que la cláusula sobre la confesión fuera demasiado lejos.
En un artículo para The Canberra Times anterior a la votación, el arzobispo Christopher Prowse dijo que apoyaba “el plan de conducta denunciable del Gobierno” y, de hecho, “cuando el plan del Gobierno para denunciar todos las acusaciones de abusos infantiles al defensor del pueblo no incluyó las parroquias y las comunidades de fe, avisé de esa anomalía para que se rectificara y reforzara”.
“Pero no puedo apoyar el plan gubernamental de romper el secreto de la confesión religiosa”, escribió.
Después del voto, el arzobispo expresó su conmoción ante unos legisladores que habían ido tan lejos.
La nueva ley entrará en efecto el 1 de julio, pero la cláusula relativa a la confesión no se aplicará hasta el 31 de marzo de 2019, con la intención de conceder a los líderes eclesiásticos y autoridades gubernamentales la oportunidad de trabajar en la ley.
Si no se encuentra una solución, el ACT se convertirá en la única jurisdicción del país donde los sacerdotes podrán ser condenados por mantener el secreto de confesión.
El cambio es una extensión del actual plan de conducta denunciable del distrito del Territorio de la Capital de Australia para incluir que las “actividades, instalaciones, programas o servicios” de las organizaciones religiosas informen de acusaciones, ofensas o convicciones relacionadas con niños al defensor del pueblo del ACT.
“Estoy extremadamente decepcionado porque [el proyecto de ley] se haya ampliado para incluir la intervención en el sacramento de la confesión sin ninguna consulta con la archidiócesis”, afirmó el arzobispo Prowse. “Una intrusión en la vida sacramental de la Iglesia es algo bastante extraordinario dado el país democrático en el que vivimos”.
“Estoy bastante conmocionado por esto. La manera en que nos movemos es hacia una violación fundamental de los derechos humanos básicos de expresión y libertad religiosas”.
En su escrito para The Canberra Times, el arzobispo Prowse señaló que más allá del problema de quebrantar la libertad religiosa, la ley es ilógica. Describió tres puntos además del mencionado secreto de confesión que ata a los sacerdotes:
Primero, ¿qué agresor sexual se confesaría a un sacerdote si pensara que podrían denunciarle?
Segundo, el Gobierno mismo ha reconocido que el Consejo de Verdad, Justicia y Curación de la Iglesia “dijo que las evidencias presentadas ante la Comisión Real [sobre la Respuesta Institucional a los Abusos Sexuales] sobre el abuso del secreto de confesión eran, en el mejor de los casos, selectivas y desiguales y dificultaban ver un abuso sistémico del secreto de confesión”.
Tercero, no hay garantías de que un sacerdote sepa la identidad del penitente. Si hay una pantalla en el confesionario, el sacerdote no verá al penitente. Si el sacerdote viera el penitente, quizás no lo conozca. No hay exigencia de demostrar la identidad para confesarse.
Cuarto, los sacerdotes están atados por un voto sagrado para mantener el secreto de confesión. Sin ese voto, ¿quién estaría dispuesto a aliviarse de sus pecados, buscar el sabio consejo de un sacerdote y recibir el perdón misericorde de Dios?
