¿Por qué se mantienen o incluso aumentan las cifras de un fenómeno que debería estar erradicado de nuestras sociedades desde hace mucho tiempo?
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Para abril de este año, casi 100 mujeres habían sido asesinadas en Venezuela a pesar de que la ley adoptó en 2014 el “feminicidio” como figura legal, un delito que es pagado hasta con una pena máxima de 30 años para quienes atenten contra la vida de una mujer sólo por su sexo.
No hay más estadísticas por los momentos, pero el flagelo azota dentro y fuera de Venezuela, país que cuenta con un Ministerio de la Mujer y decenas de institutos de protección inmersos en la burocracia presidida por un hombre que se dice “protector” de las mujeres, “feminista” y “único” capaz de cobijarlas.
En México, por ejemplo, una comisión especial para investigar estos asesinatos de mujeres se dedicó a buscar las causas y encontraron cosas muy interesantes: en las regiones donde hay crímenes contra mujeres hay otras formas de violencia contra ellas que están presentes en la vida social, de forma constante, tolerada socialmente y por las autoridades, las cuales crean un clima de impunidad.
Las mujeres denuncian un clima violento contra ellas, las autoridades no responden y las mujeres quedan en mayor riesgo. Sólo el 65 por ciento de las niñas y mujeres asesinadas habían presentado denuncias de violencia.
El año 2016 estuvo marcado por lamentables casos de asesinatos a mujeres que movilizaron, tal vez como nunca antes, a la población de países como Argentina –donde el 88% de los casos no fueron denunciados ante la Justicia- Chile, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana. En Perú, Argentina y Chile se produjeron casos realmente aberrantes de violencia contra la mujer que indignaron a toda la sociedad. Muchas de ellas fueron asesinadas. Salieron manifestaciones exigiendo justicia bajo el lema “Ni una menos” .
Colombia se vio conmocionada por el aberrante caso de violación y asesinato de una menor de siete años en Bogotá el mes de diciembre antepasado. El presunto criminal, Rafael Uribe Noguera, enfrenta cargos de hasta 60 años de cárcel, ante la inexistencia de penas mayores en el país.
Los asesinatos de mujeres no solo no han mermado en la mayoría de los casos, sino que incluso van en aumento. Brasil es emblemático y Argentina experimenta como ningún otro territorio el fenómeno: el asesinato de una mujer cada 30 horas, 230 entre el primer día del año y el 31 de octubre, según estudios de la ONG La Casa del Encuentro.
¿Por qué se mantienen o incluso aumentan las cifras de un fenómeno que debería estar erradicado de nuestras sociedades desde hace mucho tiempo?
El forense español Miguel Lorente considera que uno de los mayores factores para perpetuar esta problemática es la falta de acciones estatales y voluntad política para enfrentar y prevenir los asesinatos de mujeres. Olga Amparo Sánchez, fundadora y coordinadora de la Corporación Casa de la Mujer, coincidió: “Hay factores de orden cultural en la actualidad, porque a mayor autonomía de las mujeres también hay una mayor resistencia de muchos varones para aceptar esa autonomía”.
Ciertamente, la debilidad de las instituciones locales, la falta de voluntad de los líderes políticos, entre otros factores, impiden enfrentar el atraso cultural detrás de la violencia violencia contra la mujer y los asesinatos.
Adriana Quiñones, Representante de ONU Mujeres en Guatemala, precisó, por ejemplo, que entre los 25 países con las tasas más altas de asesinatos de mujeres en el mundo, 14 están en América Latina y el Caribe.
Los expertos coinciden al explicar que estas muertes son la culminación de una serie de actos violentos. El problema es que la gente a menudo no puede reconocer la cadena mortal de los acontecimientos que conducen a esto. Una relación ciertamente no va directo al asesinato sino que el abuso se intensifica en forma progresiva y sin una intervención y apoyo oportuno, las mujeres pueden terminar asesinadas.
“En América Latina –apunta Quiñones- tenemos una cultura de alta tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas. Lo ves en los medios todo el tiempo: los crímenes contra las mujeres se presentan con imágenes muy crudas y nadie parece preocuparse por ello. La violencia se normaliza; es vista como parte de la vida de las mujeres”.
En algunos países de la región, las tasas de violencia doméstica llegan a niveles tan altos como el 50 por ciento. Pero la violencia contra las mujeres también ocurre en el autobús, en las calles y en el lugar de trabajo. Sabemos que a menudo las mujeres no denuncian la violencia pero, incluso cuando lo hacen, muchos crímenes contra las mujeres no son investigados a fondo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), tampoco da cifras alentadoras y se extiende a toda la región: “Cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujeres”, sentenció en un informe publicado en octubre.
Es fundamental llevar esta problemática al debate público para visibilizarla. Pero la sola estrategia de visibilizar esta violencia no basta y, por ese motivo, las sociedades latinoamericanas están lejos de blindarse ante este flagelo.
Mientras la región observa perpleja como sus mujeres son asesinadas continuamente y de las formas más aberrantes, las estadísticas siguen hablando de una situación crítica en esta materia. En Perú, cada mes se dan en promedio 11 asesinatos de mujeres y 23 tentativas; 16 de las 39 mujeres asesinadas en octubre en Argentina habían denunciado previa violencia machista en su contra; más de 100 mujeres son asesinadas al año en México D.F.; 58 casos se dieron en Chile en 2015; más de 38.000 mujeres fueron agredidas por su pareja en Colombia en 2016, entre muchos otros números que la región no enfrenta.
Honduras es el país de la región con el mayor número total de asesinatos de mujeres (531 en 2014), lo cual representa 13,3 por cada 100.000 mujeres.
“Las tasas más altas a nivel regional corresponden a El Salvador y República Dominicana. En términos de números absolutos, Argentina y Guatemala se ubican en segundo y tercer lugar, con más de 200 casos cada uno en 2014”.
Y aunque ya son 15 países en la región los que tienen leyes con respecto a esto, expertos aseguran que es extremadamente difícil conocer la magnitud del problema en América Latina.
Uruguay, por ejemplo, ha implementado un proyecto piloto exitoso con los tribunales, la policía y el Instituto Nacional de las Mujeres. En una situación de alto riesgo, un juez puede ordenar al agresor que use bandas electrónicas conectadas a un dispositivo que la mujer en riesgo lleva consigo. Si el agresor se acerca a ella, el dispositivo alerta automáticamente a la policía. Durante el programa ambos reciben también apoyo psicológico. Hasta ahora, ninguna de las mujeres que forma parte de este programa ha sido asesinada.
Las iniciativas son variadas e incluyen protocolos y legislación. Pero la voluntad política es crucial. Para poner fin al drama del asesinato de mujeres en la región y fuera de ella lo primero es, sin duda, evitar la impunidad.
