“Es una espiral sin final”
Este año 2018 se conmemora el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Es inconcebible que, siete décadas después, Venezuela, país que tanta acogida brindó a refugiados y perseguidos por los regímenes más repudiados del mundo, se encuentre hoy en economía de guerra sin estar formalmente declarada y los derechos humanos sean impenitentemente violentados.
Recordamos, por ejemplo, el caso de los barcos cargados de judíos que huían de los nazis, a quienes ningún país del trayecto recibía, aun conociéndose que estaban amenazados de ser lanzados al mar, por órdenes de Hitler, de no conseguir anclar en ningún puerto. La Venezuela gobernada por Eleazar López Contreras (1939) los recibió con los brazos abiertos y hoy sus descendientes permanecen entre nosotros.
Este país merece mejor destino. La reacción debía producirse y de los organismos internacionales emanan cada vez más denuncias y reclamos.
Desde Ginebra, Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Hilal Elver,Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud; Philip Alston, Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos lanzaron este viernes su campanada de alerta: “Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”, mencionaron los expertos en un comunicado conjunto.
Y advierten: “Las restricciones financieras no eximen a los Estados de sus obligaciones básicas. De hecho, las medidas de austeridad que fuesen necesarias, no deben afectar el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales” señaló uno de los expertos, Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud.
En realidad, desde diciembre de 2017, varios expertos de la ONU enviaron una carta al Gobierno de Venezuela manifestando su preocupación sobre la situación de extrema pobreza y de varios derechos económicos, sociales y culturales.
Hoy, las condiciones han empeorado ostensiblemente y se carece de cifras procedentes de información oficial actualizada: “Hacemos un llamado al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”.
Para finalizar, agregaron: “No podemos dejar de señalar que estas violaciones de derechos económicos, sociales y culturales suceden en un contexto de debilitamiento de las instituciones democráticas, de persecución de opositores políticos y de una falta de respeto de los derechos civiles y políticos en el país”.