Un informe preliminar de la ONU muestra la otra cara de El Chaco paraguayo: “trabajo forzoso y servidumbre por deudas”
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La región de El Chaco es una de las zonas más emblemáticas de Paraguay, sinónimo de belleza natural y tranquilidad. Está ubicado en la zona occidental del país y ocupa el 60% del territorio, aunque habitado tan solo por el 3% de la población paraguaya y en su mayoría indígenas.
Paisajes exóticos, pantanos, lagunas, aves, animales silvestres y sitios históricos, son algunos de los principales atractivos de un lugar que en los últimos años ha estado tratando de impulsarse como destino turístico.
Al mismo tiempo, esa vasta región de Paraguay, esconde grandes problemáticas sociales persistentes desde hace muchos años, pero que en los últimos días volvieron a ser puestas sobre la mesa por Naciones Unidas.
El disparador fue un informe preliminar a cargo de la relatora especial de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud, Urmila Bhoola, quien visitó el país entre el 17 y 24 de julio.
En ese sentido, a raíz de que se trata de una zona habitada principalmente por poblaciones indígenas, el informe deja entrever algunas de las principales “miserias”, entre ellas “el trabajo forzoso y servidumbre por deudas” al que son sometidos muchos de sus habitantes.
“Es un área principalmente rural, habitada tradicionalmente por diferentes grupos indígenas (Nivacle, Enlhet Norte, Enxet Sur, Angaite, Sanapana, Ayoreo, GuayaníNandeva7. Los pueblos indígenas de la región del Chaco son a menudo objeto de extrema pobreza, exclusión social y discriminación”, establece parte de la declaración.
A la hora de encontrar una explicación a la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y que los transforma en proclives al trabajo forzoso y servidumbre por deudas se menciona “la venta histórica de tierras indígenas a grandes propietarios, empresas agrarias y forestales sin consentimiento libre y previo”. Este aspecto generó que muchos de los indígenas se transformaran en mano de obra barata para los grandes terratenientes.
Según la relatora, el hecho adquiere mayor gravedad ante la ausencia del Estado en la región, la incapacidad de hablar español en algunos casos –de parte de estos indígenas- y altos niveles de analfabetismo.
Por otro lado, la relatora también pudo constatar que estos grupos “trabajan largas horas sin pausa y reciben la totalidad o la mayor parte de sus salarios en cupones o créditos que se pueden gastar en tiendas propiedad de los empleadores”.
“En muchos casos, el valor de los vales no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, dejando a los trabajadores en situación de deuda y vulnerables al trabajo en condiciones de servidumbre por deuda”, agrega la declaración.
También se aclara que no es en todos los establecimientos que sucede esto, sino en algunos casos, donde se sugiere de la existencia de esta situación.
En tanto, el informe de la relatora de la ONU también expresa lo que está haciendo Paraguay para combatir el flagelo del trabajo forzoso, el trabajo por servidumbre, el trabajo infantil, entre otras. En ese sentido, en el informe se notifica el marco institucional y las políticas enfocadas al combate de estas prácticas.
Igualmente se marcó como positivo el cambio en las actitudes sociales y culturales que cada vez más expresan conciencia sobre la explotación laboral y condenan prácticas como la del criadazgo, algo bastante extendido en el país sudamericano y considerado también una forma de esclavitud contemporánea.
Por último, se anunció de parte de la Relatoría Especial en 2018 se presentará al Consejo de Derechos Humanos un conjunto completo de recomendaciones. De momento, entre otras cosas, se pide al gobierno paraguayo “realizar un análisis del mercado de trabajo para identificar la a prevalencia del trabajo forzoso y la servidumbre por deudas, así como el trabajo infantil y sus peores formas”.
Al mismo tiempo se pide “asegurar que todas las formas contemporáneas de trabajo, incluyendo todas las manifestaciones de trabajo forzoso y servidumbre por deuda, se tipifiquen como delitos autónomos dentro de la legislación nacional”.
