En 2015 más de 250 personas fueron ajusticiadas por los cuerpos de seguridad; denuncian persecución policial contra los pobres “El Ministerio Público abrió una averiguación a ocho Policías del estado Aragua tras difundirse un video en el que se visualiza como tres funcionarios bajan de un vehículo en donde se encontraba una de las víctimas, se escucha una detonación de arma de fuego y la víctima cae al suelo, luego se escuchan más disparos y se observó uno de los policías echándole agua a tres víctimas que estaban tirados en el suelo”.
Esta descripción es una de las muchas historias de personas inocentes que estarían entre los más de 250 venezolanos fallecidos durante los Operativos de Liberación del Pueblo, OLP, que desde julio de 2015, puso en práctica el gobierno de Nicolás Maduro.
Ocurrió 18 de agosto de 2015, en la calle I, de la Zona Industrial I del estado Aragua. La víctima se llamaba Nicolás Manuel Salgado Silva, de 35 años de edad; y la versión oficial dice que “murió en un enfrentamiento” con la policía.
El testimonio está recogido en la versión digital del Informe Anual (enero – diciembre) del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos, PROVEA, donde se da a conocer el balance de la situación de los derechos humanos en Venezuela, desde la perspectiva de esta organización no gubernamental.
Inti Rodríguez, coordinador de investigación de PROVEA, presentó el Informe físico este 20 de julio, en la comisión de derechos humanos que dirige Pedro Arturo Moreno en la Central de Trabajadores de Venezuela, CTV; pero antes, habló para Aleteia.
Junto a la también activista por los derechos humanos, abogada Susana Rojas, explicó que este informe lo publican desde hace 28 años de manera consecutiva.
OLP son ajusticiamientos
“El gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una gestión incapaz de garantizarle los derechos humanos a los venezolanos, y lamentablemente en el Informe de PROVEA del año 2015, hemos recogido las cifras más negativas en la historia reciente de Venezuela como se evidencia en los OLP, que son una razzia contra los pobres”, dijo.
“Estos operativos dejaron más de 250 personas ejecutadas por los cuerpos de seguridad en la supuesta intención de combatir a la delincuencia, pero esta cifra ha sido superada en 2016 por los registros que se llevan hasta la fecha”, señaló Inti.
De igual manera, indicó que PROVEA ha denunciado que con la aplicación de este operativo policial-militar, se dio inicio a “una represión generalizada”, porque “llevó más sufrimiento a las barriadas populares, incrementó las ejecuciones policiales, las detenciones arbitrarias y los allanamientos ilegales”.
OLP son desahucios
Un problema adicional vinculado con la OLP, refiere el coordinador de PROVEA, es que durante su ejecución, 976 viviendas situadas en comunidades populares fueron destruidas de forma ilegal y arbitraria por los funcionarios de seguridad.
En ese orden, 1421 personas beneficiarias de la Gran Misión Vivienda Venezuela, fueron desahuciadas y desalojadas forzosamente; se produjeron 15.000 allanamientos ilegales en viviendas y los funcionarios incendiaron 10 viviendas durante los operativos.
Esto se produjo “luego que el presidente Maduro alentara actos de criminalización de familias en cuyos núcleos, uno de sus integrantes estuviera presuntamente vinculado a la comisión de hechos punibles”, cita del Informe 2015.
Efectivamente, la señora Omaira del Carmen Ramírez, una de las víctimas, cumplió este 19 de julio cinco meses sin que el Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie sobre la admisión de la Acción de Amparo Constitucional instruido contra el ministro del poder popular para relaciones interiores, justicia y paz, Gustavo González López.
El ministro, responsable de la aplicación de los OLP, está señalado por haber violado por vía de hecho y con violencia el derecho constitucional a una vivienda digna de la señora Ramírez y sus dos hijos. Fueron víctimas de un desalojo arbitrario el pasado 24 de agosto de 2015, durante uno de estos operativos en Tanaguarena, estado Vargas.
Inti Rodríguez sostiene que “nunca antes en Venezuela ningún operativo de seguridad ciudadana había violado tanto las garantías del derecho a la vivienda como estos OLP”. Sin embargo, dice finalmente que “lo importante de todo este registro histórico, es que los ciudadanos y las comunidades se deben convertir en sus propios protagonistas y empujar la puesta en práctica de sus derechos constitucionales”.
