Una sentencia del Tribunal Constitucional niega la ciudadanía a medio millón haitianos que viven en el país
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Se trata de cientos de miles de haitianos que desde hace tres generaciones viven en la isla como indocumentados. Muchos de ellos trabajan en los ingenios azucareros.
El pasado 23 de setiembre, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana estableció en una sentencia que no se reconocerá la nacionalidad a los hijos de extranjeros indocumentados que viven en el país, nacidos a partir de 1929. El fallo abarca la situación de casi medio millón de haitianos, en gran parte hijos de trabajadores de la caña de azúcar que la industria local necesita emplear en sus ingenios. Como la gran mayoría termina quedándose en el país, la problemática afecta prácticamente a tres generaciones de hijos de haitianos, de los cuales en el último signo dos generaciones han nacido en el país.
Las organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos y los países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), han criticado la sentencia del tribunal y hasta se pone en duda la incorporación de la República Dominicana como miembro del bloque. El criterio aplicado por los magistrados es que la nacionalidad de una persona no se transmite por el hecho de haber nacido en un lugar (jus soli), que la constitución nacional incorporó en 1929, no se aplica a los hijos de diplomáticos que ejercen funciones en el país o en condición “de tránsito” por el territorio. Es decir, si una persona no tiene residencia, se presume que está en tránsito. El criterio no tiene en cuenta la realidad por la que hay trabajadores de los ingenios que no tienen todavía residencia en el país pese a haber trabajado y vivido allí hasta durante 80 años, lo cual deja en una situación precaria prácticamente al 5 por ciento de los diez millones de habitantes de la isla, muchos de los cuales han vivido desde siempre en la República Dominicana y no hablan el creole (la versión de la lengua francesa que se habla en Haití).
Los haitianos son prácticamente la fuerza motora de la industria dominicana del azúcar. Uno 20.000 trabajadores se reparten en los cuatro grandes ingenios. El duro y riesgoso trabajo de cortar la caña de azúcar con un machete es remunerado, en el mejor de los casos, con unos 12 o 14 dólares diarios, pues se debe cortar una tonelada de cañas para recibir 4,5 dólares y por día un trabajador entrenado podrá como máximo juntar dos toneladas y media.
Por su parte, la CARICOM emitió un comunicado en el que señala que la decisión adoptada por la justicia dominicana “es contraria a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha llamado repetidamente a República Dominicana a tomar medidas que garanticen el derecho a la nacionalidad y adoptar leyes sobre inmigración y prácticas acordes con lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos”. Por este mismo motivo, la primera ministra de Trinidad y Tobago y presidenta pro tempore del bloque, Kamla Persad-Bissessar, calificó la decisión del tribunal como un acto discriminatorio y llamó a los países que integran la comunidad a tomar parte activa en este debate puesto que la “República Dominicana busca integrarse a la organización”. Por ahora dos de los 15 países miembros de la CARICOM, Guyana y San Vicente y las Granadinas, han rechazado la sentencia, que bien podría impedir que este país termine integrando el bloque.
