Once mil 763: el número de procesiones prohibidas o reprimidas por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua desde 2019. Una cifra escalofriante que sirve para recordar la opresión cada vez más brutal que sufren los católicos en este país latinoamericano, donde la Iglesia se ha convertido en persona non grata. La Iglesia es considerada por Daniel Ortega, en el poder desde 2007, como uno de los principales apoyos de la oposición tras pedir el fin de la violencia durante las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
Desde entonces, ha sido objeto de un aluvión de acoso y medidas destinadas a frenar la libertad religiosa. Las manifestaciones de fe se impiden con regularidad, incluidas las procesiones, como en la Semana Santa de 2024, cuando se prohibió el Vía Crucis al aire libre. Se cancelaron nada menos que 4 mil 800 procesiones. Cada vez, las parroquias intentan encontrar otras soluciones para que los fieles puedan vivir plenamente la Semana Santa y la subida hacia la Pascua, ofreciendo procesiones "intramuros", es decir, en el interior de las iglesias, o rezos de rosarios.
La piedra en el zapato de Ortega
En un país de mayoría cristiana, "la Iglesia es una piedra en el zapato de Daniel Ortega", como declaró a Aleteia la abogada exiliada Martha Patricia Molina en enero de 2024.
El presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, procedentes del sandinismo, han instaurado una férrea dictadura. Desde 2018, los católicos se enfrentan a una oleada autoritaria.
Además de las numerosas medidas restrictivas de la libertad de culto, cada una más ingeniosa que la anterior, las congregaciones religiosas son regularmente objeto de órdenes de expulsión (como las clarisas, obligadas a abandonar sus conventos la noche del 28 de enero), y los sacerdotes y obispos son objeto de detenciones arbitrarias, como Monseñor Álvarez, detenido desde hace casi un año.
