De este gran total aproximadamente 104,000 son las solicitudes que se han acumulado desde que en marzo de 2020 se declaró la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Las tres naciones que lideran las solicitudes de asilo son Haití, Honduras y Venezuela.
Solicitudes de Haití, a la baja
Las leyes mexicanas conciben tres clases de acciones: positivas, negativas o de protección complementaria. Según informa Animal Político, en los últimos diez años (2013-2023) han sumado 148, 650 casos; de ellos, 96, 402 han sido reconocidos como refugiados, 9, 121 han recibido protección complementaria y 43,000 han sido rechazados.
De los casos positivos, el mayor número corresponde a Honduras (43,944), Venezuela (22,758) y El Salvador (14,186). Tras la pandemia y debido a la situación precaria que existe en Haití, las peticiones han aumentado: el país antillano tiene 2,931 positivos, 2, 030 de protección complementaria y 12, 700 negativos.
Sin estar claro el por qué, son los haitianos los que tienen el primer lugar entre los rechazados por México (apenas el 16 por ciento), mientras que Venezuela tiene una tasa positiva del 96 por ciento; Honduras del 76 por ciento y El Salvador de 65 por ciento.
Una plaza multiétnica
La Plaza Giordano Bruno, en la Ciudad de México, se ha convertido en un representativo de la diversidad de los migrantes que buscan refugio en México o la obtención de una tarjeta de estancia por razones humanitarias mientras tratan de cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que entre el 17 de marzo y el 5 de abril otorgó 2, 320 tarjetas por razones humanitarias a migrantes extranjeros que acampaban en las inmediaciones de la Comar en la Plaza Giordano Bruno de la capital del país;
De estas personas migrantes, 539 eran mujeres, mil 189 hombres y 592 menores de edad de Haití, Chile, Venezuela, Brasil, Ecuador, Honduras, Colombia, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Perú, Bolivia, Pakistán, Irán, India, Afganistán, Angola, República Democrática del Congo, Nigeria, Senegal, Camerún, Guinea, Mauritania y Francia.
El caso de Pierre y su familia
Animal Político mostró que, mientras las solicitudes de asilo han mantenido una tendencia al alza, la tasa de aceptación en contraste cayó nueve puntos, de 70% a 61% al cierre del año pasado y la mayor caída se dio en los solicitantes procedentes de Haití, como es el caso emblemático de la familia de Pierre Mailleky, Sherly Mertil.
La historia de Pierre comenzó en 2019, al llegar a la frontera sur de México. Desde entonces ha sido encerrado en las dependencias del INM, ha obtenido sus papeles de refugio, ha sido deportado a Haití; volvió a salir, se fue a Chile, regresó a México y hace apenas un par de semanas recibió lo que por ley le correspondía: el derecho al asilo.
Cuatro años, cientos de vicisitudes, violaciones a sus derechos humanos, amenazas, extorsión, encierros, deportaciones…, todo por tener que salir del infierno en el que están convertidos países como Haití. Cierto, el derecho a emigrar cuando la vida corre peligro es reconocido por México. Pero el caso de Pierre y su familia demuestran que ese derecho, en la práctica, es casi imposible de ejercer.
Derechos de la familia violados
Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, dijo a Animal Político: que el reciente regreso de la familia que lo sucedido es muestra de miles de personas que enfrentan lo mismo y que no han tenido la oportunidad de hacer todo lo necesario para quedarse en el país.
"La experiencia de la familia de Pierre, es muestra de las violencias sistemáticas tanto en las estaciones migratorias como en el sistema de asilo en México, que no hace efectivo el derecho de las familias", sentenció Ochoa.
Y añadió: "Hay muchísimas personas también que están esperando una resolución. Hacemos un llamado a que se puedan implementar procedimientos acelerados para aquellas personas que es evidente que requieren protección internacional, para que puedan acceder lo más pronto posible a este estatus de refugiado, y también que se garanticen todos sus derechos: que puedan tener acceso a la documentación, a un trabajo, vivienda digna y educación".
