El pasado 4 de junio desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva mediante la cual restringe la capacidad de solicitar asilo por parte de los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera que comparte su país con México.
Dicha orden se da en el contexto electoral de Estados Unidos (se elegirá presidente en noviembre de este año) y dentro de la cerrada competencia que mantiene Biden con el republicano Donald Trump, un asiduo propulsor de leyes anti migratorias, primero como presidente de la Unión Americana y ahora como candidato a volver a ocupar el cargo.
Se trata, pues, de un asunto de política nacional en un tema que podría ser, junto con el tema del aborto, definitorio en la contienda sobre quién de los dos candidatos vuelva a ocupar el Salón Oval de la Casa Blanca y a dirigir los destinos de la nación más poderosa del mundo.
¿La frontera estará cerrada?
Aunque así se haya entendido, o así se haya difundido, en realidad la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos no significa, ni mucho menos, un “cierre” de la frontera con México. El flujo comercial entre ambos países, principales socios comerciales el uno del otro, continúa con normalidad, lo mismo que la inmigración legal.
Lo que contempla este sorpresivo ordenamiento es que los inmigrantes ilegales que crucen la frontera solicitando asilo, serán devueltos a México cuando se rebasen los 2 mil 500 al día. Una vez que se haya rebasado ese umbral, los peticionarios de asilo serán de inmediato deportados a México.
Ciertamente, la inmigración ilegal ha crecido en este último año fiscal y Biden ha querido lanzar un mensaje para disuadir a los inmigrantes para no intentar cruzar “al otro lado” sin papeles y para convencer al electorado estadounidense de que está trabajando para asegurar la frontera sur.
Otra versión del título 42
Además de que la orden ejecutiva resulta, básicamente, una prohibición de asilo (y que será muy difícil procesar a quienes llegan hasta Estados Unidos bajo peligro inminente de su vida o la de sus familiares si son regresados a sus países de origen) puede provocar una crisis humanitaria como la que se vivió en la frontera mexicana bajo el título 42, en los tiempos de la pandemia, conocida como “Quédate en México”.
Los indocumentados que crucen sin visa o sin cita en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos serán rechazados y devueltos a sus países de origen o a México. Sin embargo, México solo acepta, actualmente, ciudadanos haitianos, nicaragüenses y venezolanos deportados de Estados Unidos.
El asunto está en que si ciudadanos de otros países son expulsados a México (un grupo grande de detenidos en 2023 procedía de países que no entran entre quienes forman parte del acuerdo bilateral, por ejemplo, los ciudadanos de China o de África), se quedarán en la frontera norte de México e intentarán ingresar por vías ilegales o se habrán de quedar a subsistir en tierras mexicanas, con los peligros que esto lleva consigo.
Los menores pueden ser los más afectados
Cuando las restricciones del Covid-19 (Título 42) impidieron que las personas solicitantes de asilo que entraran sin documentos a Estados Unidos, el aumento de niñas, niños y adolescentes que fueron enviados por sus padres o tutores a territorio estadounidense aumentaron de manera considerable.
El presidente Joe Biden había levantado esta iniciativa de su antecesor en 2021, pero con la orden ejecutiva de este mes de junio -que no aplica a menores de 18 años- podría reavivar el hecho de que los padres o tutores desesperados envíen a sus hijos en solitario a cruzar la frontera y ser detenidos por la Patrulla Fronteriza. Una vez detenidos y puestos en lista para ser deportados, ellos sí podrán buscar asilo o una protección migratoria especial para quedarse en Estados Unidos.
La Iglesia católica, tanto en Estados Unidos como en México, ha dicho claramente que unos de los puntos más importantes de una reforma migratoria comprehensiva es el no propiciar la desintegración familiar protegiendo a los menores migrantes. Sin embargo, esta orden ejecutiva podría reavivar el drama de niños vagando solos en la Unión Americana, a expensas de la trata y el abuso sexual o laboral.
