El obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, comentó al semanario español Alfa y Omega que la expulsión del nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag pudo haberse debido a que éste habría exigido la liberación de presos políticos y el mejoramiento de las condiciones carcelarias que enfrentan muchos de los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Viendo cómo están las cosas hoy en Nicaragua, esta versión del obispo Herrera –quien además señaló que el silencio y el temor de opinar libremente sobre el contexto social y político “se ha instalado en el país a consecuencia de la represión, encarcelamiento y persecución que la Administración Ortega ha ejecutado contra ciudadanos”—cobra sentido, más aún si se analizan las últimas condenas a opositores prominentes como Cristiana Chamorro Barrios.
Condenada por querer participar en la contienda presidencial
Durante 2021, cuando se anunciaron las elecciones generales en Nicaragua, a celebrarse el 7 de noviembre, comenzaron a surgir nombres y posibilidades de enfrentar la quinta reelección de Daniel Ortega al frente del Gobierno. Una de estas cartas fuertes de la oposición era Cristiana Chamorro Barrios, hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro (asesinado durante la dictadura de Anastasio Somoza) y de la presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios.
Desde que anunció su posible candidatura para enfrentar a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que fue apresada a principios del mes de junio de 2021 y condenada a permanecer en arraigo domiciliario, pasaron unas cuantas semanas. Sin embargo, el pasado 11 de marzo fue declarada culpable y condenada a ocho años de prisión por "lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica".
En realidad, el “delito” de Cristiana Chamorro, una periodista actualmente de 68 años, muy reconocida en Nicaragua, fue haber lanzado su posible candidatura. De inmediato el aparato de inteligencia de Ortega advirtió que Chamorro --“la hija de Violeta”, como la conoce la mayoría de los nicaragüenses—representaba un serio peligro para la permanencia del régimen sandinista: iba a ser la persona que uniera a la oposición en las elecciones.
El mejor recurso, el método
El método de acusar a los candidatos presidenciales y a los líderes de oposición de lavado de dinero, traición a la patria, desviación de recursos, acciones a favor del extranjero (de Estados Unidos) y de delitos abstractos como “falsedad ideológica”, e imponerles cárcel preventiva resultó el recurso privilegiado por el orteguismo para llegar –como llegó—en solitario a triunfar en las elecciones del año pasado.
Cada semana se han venido dando los resultados de los “juicios” en contra de personas consideradas por la oposición y por todos las organizaciones nacionales e internacionales como presos políticos. A la condena de ocho años de prisión domiciliaria que le impuso el juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno de Managua, le siguieron penas de entre siete y 13 años a colaboradores y familiares de Cristiana Chamorro
Ella fue la séptima aspirante a suceder a Ortega en ser acusada de delitos de lavado de dinero y traición a la patria. Los otros seis son el académico Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos; el activista, académico y líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga; el economista Juan Sebastián Chamorro; el periodista Miguel Mora, el líder campesino Medardo Mairena y el abogado Noel Vidaurre.
Cómo se arma un expediente
El caso de Cristiana Chamorro, por ser hija de un periodista héroe de la lucha contra Anastasio Somoza y una ex presidenta de Nicaragua (quien, por cierto, venció a Ortega en las elecciones de 1990), ha sido el más seguido por la prensa internacional. Sin embargo, la información del independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos da cuenta de más de cuarenta opositores encarcelados en el período que va de mayo a noviembre de 2021.
La Fiscalía afín a Ortega acusó a Cristiana Chamorro no por su profesión periodística, sino por su condición de presidenta de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El Ministerio de Gobernación –quien fue el encargado de la denuncia—aseguró que la Fundación "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, periodo 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero".
Junto con Cristiana Chamorro fueron condenados a 13 años de prisión el contador general y el administrador financiero de la Fundación, Marcos Fletes y Walter Gómez, respectivamente, y a siete años el conductor personal de Chamorro, Pedro Vásquez, que fueron acusados por delitos similares. Ortega los ha llamado "traidores a la patria", "criminales" e "hijos de perra de los imperialistas yanquis".
Una ola de represión cubre a Nicaragua, aislada del mundo, con un presidente que se ha convertido en la mejor versión de aquello contra lo que luchó en los tiempos de Anastasio Somoza.
