En la lista de las cien personas más influyentes del año 2021 de la revista Time aparece el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (1981). Su manejo institucional, su presencia y vestido, las reformas que ha emprendido –entre las cuales, desde el 7 de septiembre pasado figura el Bitcoin como moneda de curso común—lo han catapultado a los titulares de muchos sitios del mundo..., y le han generado encendidas protestas en su país.
Además, de la adopción del Bitcoin, reelección inmediata y jubilación obligatoria de jueces, en el proyecto de reformas a la Constitución salvadoreña que próximamente revisará a la Asamblea Legislativa, se había especulado que también incluiría reformas al matrimonio homosexual, a la eutanasia (a la que la propuesta llamaba “ortotanasia”) y a la ley que penaliza el aborto.
Sin embargo, este fin de semana, el presidente salvadoreño descartó esa posibilidad y lo hizo –fiel a la costumbre que se va extendiendo entre algunos mandatarios de la nueva generación—a través de su cuenta de Facebook. En efecto, el pasado viernes 17 de septiembre, respondiendo a la presión que se había generado, particularmente de los obispos salvadoreños, decidió desconocer esas posibles reformas.
Para Bukele, las iniciativas sobre matrimonio homosexual, eutanasia y aborto, son absolutamente falsas y responden a “rumores” esparcidos por la oposición a su Gobierno que ha emprendido una “campaña sucia” en torno al paquete de reformas constitucionales que pretende llevar a cabo para impulsar el desarrollo de El Salvador.
"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia", escribió Bukele en su cuenta de Facebook, tras recibir del vicepresidente Félix Ulloa (quien encabeza la Comisión rdactora) la propuesta de reformas constitucionales.
En ella se delegaba a la Asamblea Legislativa la titularidad de emitir las leyes correspondientes a estos tres temas, lo cual, según organizaciones no gubernamentales y activistas pro-vida, dentro y fuera de la Iglesia católica, dejaba abierta la posibilidad de hacer esos cambios. “Lo triste, dijo Bukele, es que están financiando a una oposición perversa”.
La Constitución salvadoreña, en el Artículo 33, reconoce como matrimonio la unión solamente entre hombre y mujer. La propuesta de reforma eliminaba esa exclusividad, lo que daría pauta al reconocimiento de la unión homosexual. Por lo que toca al aborto, el Código Penal de este país (artículos 133 a 139) prohíbe todas las modalidades de aborto.
De hecho, El Salvador, junto con Surinam, Nicaragua, República Dominicana y Honduras son los únicos países del continente americano en el que el aborto está prohibido totalmente. En El Salvador –hasta el momento—se castiga con cárcel a la mujer y al personal médico que practique un aborto.
La Asamblea Legislativa podría cambiar el artículo primero de la Constitución que reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado. En ese sentido, agrega el reconocimiento del derecho a la vida del no nacido como de la mujer embarazada. Si hay “colisión de derechos” la Ley lo iba a modificar para que esto no existiera.
La decisión del presidente salvadoreño tiene como ingrediente inmediato la postura de rechazo a estas reformas constitucionales expresadas por la Iglesia católica a través de un comunicado de la Conferencia del Episcopado de El Salvador (Cedes) el pasado domingo 12 de septiembre.
“Como cristianos, estamos absolutamente a favor de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural”, dijo la Cedes en el comunicado. Y agregó: “No se puede aceptar una reforma constitucional que ponga las condiciones para la legalización del aborto. Tampoco (...) que con un lenguaje equívoco, llamándole muerte digna, legalice la eutanasia. Nunca será legal el asesinato”.
Lo que menos “conviene” ahora a Bukele es que se abra otro flanco, sensible a la opinión pública y a la Iglesia católica. Sus baterías están enfocadas a la posibilidad de reelección, a la ampliación del plazo presidencial de cinco a seis años, a la eliminación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la creación de un Tribunal Constitucional, así como la implementación del plebiscito y la revocatoria de mandato, entre otros cambios que no entrarán en vigor sino hasta que sean ratificados por la siguiente legislatura.
