Venezuela ha pasado de ser un lugar de tránsito y destino, a un lugar de captación
El tráfico de personas con propósitos de explotación y bajo engaño es lo que conocemos como trata de personas. Un delito que factura tanto como el narcotráfico y que se desliza a través de las fronteras entre los países amparado en la complicidad.
Por una parte, de los estados negligentes. Por la otra, debido, justamente, al caudal de recursos con que cuenta para las operaciones de captación, traslado y recepción de seres humanos. Hay quienes diferencian entre trata y tráfico pues el tráfico implica el pase de fronteras, pero en la práctica, se desdibujan esas diferencias.
Venezuela presenta condiciones que favorecen la trata dada la situación de emergencia humanitaria que padecemos. La ONG Transparencia Venezuela dice:
“Los conflictos armados y las emergencias humanitarias aumentan las condiciones de vulnerabilidad de las personas a ser víctimas de trata de personas”. Las migraciones por tierra y mar facilitan esa tarea a los tratantes y convierten a las personas en presa ingenua de estos delincuentes.
Crimen contra la humanidad
Razón tiene el papa Francisco quien, casi desde que asumió el pontificado, ha hecho de la trata de personas un tema crucial de sus preocupaciones. Lo hizo con llamados a los gobiernos y organismos especializados en su combate. Y no es para menos pues, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito es el negocio ilícito más lucrativo del mundo.
El Santo Padre, el día 6 de febrero pasado se presentó ante los participantes en la Conferencia internacional dedicada a la implementación de las Orientaciones Pastorales sobre la Trata de Personas – que él mismo aprobó – organizada por la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
En ese contexto les recordó que en nuestro tiempo ha aumentado el individualismo y el egocentrismo. Dos actitudes que tienden a considerar a los demás desde una perspectiva meramente utilitarista, atribuyéndoles valor según criterios de conveniencia y de provecho personal. Esa perspectiva es la que subyace a este atentado contra la dignidad de la persona que es la trata.
Las cifras oficiales son difusas
El Ministerio Público en Venezuela admitió en diciembre pasado haber procesado 214 casos de trata de personas en los últimos tres años. Igualmente, declaró mantener bajo acusación a 195 personas por estos hechos. Aún así, las autoridades no informaron haber asistido a ninguna víctima, ni haber investigado, procesado, o condenado a ningún tratante de personas. Los esfuerzos para hacer cumplir la ley, a todas luces, fueron deficientes.
Transparencia Internacional-Venezuela advertía a mediados del año pasado:
“El Estado venezolano no ha publicado cifras o reportes oficiales sobre víctimas de trata de personas, ni de procesados por este delito. Sin embargo, de acuerdo con los medios de comunicación, en 2019 se registraron 17 personas detenidas o imputadas por trata de personas. La cifra representa un descenso, con respecto al número de imputados en 2018. Llama la atención este dato, ya que en 2019 fue creada la Fiscalía 95 con competencia especializada en el delito de trata de mujeres. No obstante, la creación de esta fiscalía hace énfasis, una vez más, en el delito de trata de personas en la legislación venezolana como un hecho de violencia basada en género, excluyendo los casos donde las víctimas sean niños, niñas, adolescentes y hombres, víctimas que no deben dejarse de lado”.
Las redes, procedimiento clave
Los tratantes no actúan solos, siempre formando parte de redes que se enlazan para construir un entramado de corrupción que permite el delito y su impunidad.
Si bien es cierto que muchos funcionarios pueden desconocer la dinámica de este crimen, también lo es el que, sin complicidad, sobornos y abusos de poder la trata y tráfico de personas se haría cuesta arriba. La ONG en Venezuela insiste en señalar las debilidades del sistema que propician este crimen:
“El cruce de fronteras sin controles o la cooperación del personal de aerolíneas y oficiales de visas. La corrupción en las instituciones encargadas de emitir documentos de viaje también ayuda a que la trata de personas se cometa. En el ámbito de la justicia penal, un sistema de justicia corrupto y debilitado puede dejar de procesar y sancionar a los culpables, e incluso dejar de prestar la protección debida a los sobrevivientes de este delito”.
La Covid ha complicado las cosas
Así mismo, hay que citar a la organización Walk Free Foundation que mencionó riesgos claves en la fragilidad de las personas ante la trata debido a la pandemia por COVID-19. Explicaron que “la vulnerabilidad a la esclavitud moderna es afectada por una interacción compleja de factores relacionadas a la protección y respeto de los derechos, seguridad e integridad física, acceso a servicios básicos y patrones de migración, por lo que los impactos sociales y económicos del COVID-19 exacerbará los factores que llevan al incremento de la migración, pobreza, desigualdad y falta de acceso a trabajos decentes”.
Correlativamente, otro factor favorece la trata y es lo que ha venido ocurriendo en los últimos cinco años ante los ojos del mundo: la fuga de venezolanos hacia el exterior producto de la crisis que atraviesa el país. A medida que la situación económica derivó hacia un deterioro crítico, más de 5 millones de venezolanos huyeron de Venezuela hacia países vecinos. La ONU estima que aproximadamente 6,5 millones de venezolanos dejaron el país para finales del año 2020. Los tratantes de personas aprovechan esta situación para explotar a víctimas venezolanas y extranjeras dentro de Venezuela, y a víctimas venezolanas en el extranjero.
“Categoría 3”
En el Informe 2020 sobre trata de personas de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela se lee: “El gobierno de Venezuela no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas y no está haciendo ningún esfuerzo para conseguirlo; por consiguiente, Venezuela se mantuvo en la categoría 3”.
Subrayaron el hecho de que las autoridades venezolanas no hicieron suficientes esfuerzos para frenar el reclutamiento forzoso de niños venezolanos por parte de grupos armados ilegales colombianos que operan en su territorio de manera impune y no hicieron ningún esfuerzo para investigar a profesionales médicos cubanos en busca de indicadores de tráfico o trata de personas.
Otro de los puntos álgidos del informe se refiere a La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT):
“Con una plantilla de aproximadamente 60 empleados, siguió siendo el principal organismo de investigación de los delitos de trata de personas. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios no investigaron delitos de trata de personas o delitos relacionados con la trata de personas. Las autoridades venezolanas no reportaron ningún adiestramiento u operación en el año 2019, a pesar del aumento de las denuncias de trata de venezolanos en las regiones fronterizas”.
Se impone una incidencia eficaz
Si no se desmantela la complicidad, ni hay empeño en identificar y proteger a las víctimas, si no se criminaliza a todas las formas de trata de personas, ni se pone en acento en la prevención, ni se capacita a los funcionarios de fronteras si no se mejora la legislación ni se educa a los venezolanos que huyen del país sobre los riesgos de la trata de personas, así como dónde y cómo solicitar servicios de apoyo ni se mejora la cooperación interinstitucional será muy difícil, siquiera rasguñar, las poderosas mafias detrás de este crimen organizado.
Por ello, el llamado de las ONG y organismos especializados es a seguir vigilando el comportamiento de este delito en el país, a estudiar la trata de personas y su relación con la corrupción, a evaluar las respuestas dadas por el Estado, y a exigir que se tomen medidas adecuadas para la prevención de este delito, la prosecución y juzgamiento de los perpetradores, así como los esfuerzos para desmantelar las redes de trata, y la protección de los sobrevivientes de trata de personas.
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