Cada vez que salta el debate sobre la calidad del sistema educativo y de su capacidad de instrumento para el ascensor social, se pone sobre la mesa la tentativa de medida denominada cheque escolar.
El cheque escolar tiene origen en los postulados académicos del premio Nobel de Economía, Milton Friedman. En los años 50, el profesor proponía que, para para garantizar la eficiencia en la provisión de servicios básicos, era necesario un instrumento que mantuviera la libertad de elección en el cliente; y que, a su vez, permitiera la lógica de los mercados en la provisión.
Así, Friedman propuso que todas las familias, al margen de su renta, pudieran escoger en la provisión de servicios como la educación o la sanidad.
En primer lugar, el Estado debería proporcionar un cheque de periodicidad mensual o anual a las familias, para que puedan decidir con libertad a qué colegio desean llevar a sus hijos y qué tipo de educación desean darle. El valor del cheque anual sería la media del coste que implica la escolarización de un niño.
¿Cuánto cuesta una plaza escolar?
En el caso de España, el informe anual "Datos y cifras del curso escolar" revela que el gasto promedio por alumno asciende a 7.330 euros, bastante superior a la media de la Unión Europea, que es de 7.092 euros, de acuerdo con datos de Eurostat del año 2017.
Los datos del 2016 del coste de escolarización en España reflejan que el coste de una plaza en la pública asciende a 6.379 euros por alumno mientras que el de una concertada asciende a 3.249 euros por alumno; un 50,93% inferior al de la pública.
Muchos colegios privados ofrecen un coste entre 3.000 y 5.000 euros. En consecuencia, el valor medio del cheque escolar sería inferior al coste de una plaza pública.
Dado que las necesidades educativas de cada alumno pueden ser muy diversas, el sistema educativo español actual penaliza atender las necesidades educativas diferentes. También penaliza la diversidad de preferencias de los padres en favor de la normalización propuesta desde el Estado.
Sólo las familias que dispongan de altas rentas pueden responder a las necesidades educativas diversas que observen en sus hijos, llevándoselos a la escuela privada.
Es decir, sólo aquellas que puedan hacer frente al coste de la pública vía impuestos, más el coste de una plaza en la escuela privada, podrán materializar sus preferencias sobre cómo educar a sus hijos.
Menos gasto
En este sentido, con la premisa de que las familias puedan expresar sus preferencias en la Educación de sus hijos, el cheque escolar facilitaría un sistema educativo que atendiera la diversidad en las necesidades educativas con la máxima inclusión, al no excluir a nadie por renta.
Si se estableciera un mercado en el que los centros educativos tuvieran autonomía suficiente como para competir y diferenciarse en el servicio de educación ofrecido, la financiación sólo dependería de los cheques escolares de su clientela, sin más subvención. Esto permitiría asegurar eficiencia en la provisión del servicio.
No obstante, una distribución geográfica no uniforme de las familias puede generar problemas para cumplir con todo el currículo, en el caso de no alcanzar economías de escala. Eso podría conllevar un mayor vaciado de zonas de baja densidad. Por eso, el cheque escolar precisaría de medidas complementarias para tal efecto.
Este método ha sido implementado en países como Australia y Suecia; en ellos se ha constatado un menor gasto público con una mejora en la calidad académica, con igualdad de resultados entre regiones.
Más libertad
En Suecia, la ley garantiza desde 1992 la libertad de elección de escuela, incluyendo en la oferta las escuelas privadas. De esta forma, las familias menos pudientes pueden beneficiarse.
No obstante, otras experiencias como la de Chile, demuestran que la implantación del cheque escolar per se no entraña mejoras significativas homogéneas de calidad educativa.
Eso no invalida la medida, sino que requiere que se estudien las condiciones necesarias para hacer que este tipo de medida dé lugar a las mejoras en calidad educativa, eficiencia y respeto por la elección de las familias.
Otro problema consiste en que el Estado prefiera no contemplar la libertad de elección de las familias en la educación de sus hijos, basándose en que los políticos tienen una visión superior para saber qué es, supuestamente, lo que más conviene a los hijos.
