El presidente argentino envió al Congreso un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto en Argentina
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Era una promesa suya de campaña. El presidente argentino, Alberto Fernández, lo hace cuando el Congreso no debate aún presencialmente. También mientras el mundo de la salud está abocado a la contención de la pandemia.
Junto con el proyecto que legaliza el aborto en Argentina hasta las 14 semanas de embarazo, envió uno de acompañamiento durante los primeros mil días del niño.
Pero a diferencia de las políticas públicas de los mil días ya implementadas en municipios y provincias que acompañan los nueve meses gestación y los primeros dos años de vida –que totalizan 1000 días-, la ley nacional alcanzaría hasta los tres años, mencionando elípticamente el embarazo.
Intenta esquivar así la contradicción de proponer una ley que reconoce y da derechos a una vida por nacer mientras sanciona otra que la pone a disposición.
En la práctica, liberación sin plazos
De aprobarse el proyecto de aborto en Argentina, “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a acceder al aborto hasta las 14 semanas de embarazo. Y por fuera de ese plazo, en caso de violación – con una declaración jurada ante el personal e salud que la atiende- y si estuviere en peligro “la vida o la salud integral de la persona gestante”.
El 97% de los abortos realizados en la provincia de Buenos Aires como Interrupción Legal del Embarazo, habilitación que contempla la violación o el riesgo para la salud integral de la madre, se realiza justamente bajo esta última cláusula basada en la definición amplia de salud.
Esto considerando factores sociales y psíquicos, además de físicos. Por lo que en la práctica, atendiendo al posible abuso que ya se registra de esta cláusula, el aborto en Argentina se legalizaría sin plazos de aprobarse esta ley.
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Obligación de brindarlo
La ley estipula que todo el sistema de salud, tanto el Estado desde la prestación pública, como aquellas obras sociales o entidades de medicina prepaga, contemplen entre sus prestaciones reconocidas el aborto. Así, el aborto en Argentina pasa de ser un delito a un derecho.
Objeción de conciencia
De acuerdo al proyecto, el profesional de salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, aunque debe “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”. Pese a que en el debate de 2018 se expuso reiteradamente en el debate parlamentario el derecho de las instituciones que por ideario se oponen al aborto en Argentina, este proyecto las ignora.
¿Y las otras promesas? Al presentar por redes sociales el proyecto, Fernández argumentó que elevarlo al Congreso era una promesa suya de campaña.
“Es cierto que el presidente Alberto Fernández en campaña se comprometió a enviar el proyecto, pero también se comprometió a generar fuentes de trabajo, a tener las heladeras llenas, a impulsar programas de viviendas, a impulsar una serie de compromisos y promover la unidad entre todos los argentinos, cosa que vemos que no se está haciendo”, había considerado hace algunas semanas en Radio Sarmiento, de San Juan, el arzobispo de San Juan y secretario general del Consejo Episcopal latinoamericano (CELAM), monseñor Jorge Lozano.
Las perspectivas
Para convertirse en ley, el aborto en Argentina debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores. Según los medios generalistas, se aprobaría en la Cámara de Diputados y la duda persiste entre los senadores. Ya se vio en 2018: hacer cálculos prematuros es más de lotería que de previsión, con legisladores que hasta último momento cambian posturas incluso históricas dentro de su trayectoria pública.
Que sea ley, cerró su mensaje el mandatario: Un lema de quienes promueven el aborto. En conclusión, una contradicción en boca de alguien que había prometido también unir a los argentinos.
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