Una de las formas de torturas denunciadas por la ONU, en contra del gobierno venezolano, consiste en la aplicación de posiciones de estrés llamadas la “crucifixión”, un suplicio parecido al que vivió Jesucristo en las últimas horas de su vida terrenal
Cuando en un informe sobre las violaciones de los derechos humanos –en este caso ocurridas en Venezuela– se habla de “la crucifixión” como método de tortura del gobierno hacia las personas privadas de libertad, inmediatamente el pensamiento se traslada a la cruel y despiadada forma en la que murió Jesús de Nazaret.
También, a la dantesca imagen de un hecho histórico que fue rememorado en la película Espartaco, en la que se observa una fila de 6 mil esclavos rebeldes colgados en cruces, “adornando” la Vía Apia desde Roma a Capua, en el año 73 antes de la era cristiana.
En Venezuela, buena parte de los presos políticos padecieron este suplicio. Los signos evidentes son las marcas en muñecas, manos y brazos fracturados y dislocados por la altura a la que estuvieron suspendidos soportando el peso de su propio cuerpo. Algunos prefieren no hablar de ello porque es recordar el peor episodio de sus vidas.
Son momentos de dolor, tristeza y soledad; de quiebre emocional y de orgullos heridos; de falsos testimonios para no seguir recibiendo palizas mientras están suspendidos en el aire. Sus cuerpos quedaban entumecidos y los músculos acalambrados. Los esfínteres fueron incontrolados, y hasta desear la muerte les hacía pensar que acortaba los suplicios. La realidad era que estaban colgados de sus brazos, cual si de un Cristo se tratara.
Varios días guindados de un tubo
Keivis Alexander Sierra es un joven cocinero y músico venezolano que fue colgado de un tubo durante tres días, en la tenebrosa cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas, luego de ser detenido el 24 de junio de 2017, acusado de pertenecer a una “célula terrorista”. Al cabo del castigo recibido sus extremidades se resintieron. Fue liberado el 23 de diciembre de 2017.
José Alberto Marulanda Bedoya, médico cirujano, fue detenido el 20 de mayo de 2018, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Durante cuatro días estuvo desaparecido, y luego fue presentado en un tribunal.
“Esta persona no solo fue detenida por fines políticos, fue torturada, fue guindada a un tubo con esposas, esto ocasionó que sus manos se durmieran, no tiene sensibilidad en las manos”, dijo Alfredo Romero, director de Foro Penal, el 25 de mayo. Marulanda quedó libre el 31 de agosto 2020, “indultado” de unos delitos que nunca cometió.
Te puede interesar:
La “casa del terror” tiene nombre en Venezuela y se llama El Helicoide
La “crucifixión” en el informe de la ONU
Colocar a un ser humano con los brazos extendidos hacia los lados, clavados o atados en cruces de madera; cuerpos heridos y sangrantes, para esperar que llegue la muerte entre gemidos y sufrimientos; o como en el caso venezolano, para arrancar confesiones a todas luces falsa, solo tiene sentido para un régimen violador de los derechos humanos.
Las “conclusiones detalladas de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela” ha sido categórica al mencionar que, entre los actos de tortura y otros malos tratos a las personas, uno de estos es la aplicación de las “posiciones de estrés llamadas la ‘crucifixión’, consistente en brazos extendidos y esposados a tubos o rejas” (página 88).
Se trata de una despiadada práctica, a la que generalmente se suman palizas, asfixias con bolsas plásticas y descargas eléctricas, entre otras violaciones de los derechos humanos.
¿En qué consiste el método utilizado por el régimen venezolano?
“En el caso de los tratos crueles, y en específico el método de la crucifixión, este tipo de tortura tiene un fin: quebrarle la voluntad y la dignidad a un detenido; humillarle con el único fin de obtener una confesión o que incrimine a otra persona”, dijo el abogado Joel García al ser consultado por Aleteia sobre el informe de la ONU.
“Este método cruel y policial de la crucifixión, consiste en atar las extremidades superiores de los privados de libertad, específicamente desde sus muñecas, para impedir el movimiento de brazos y manos atándolos con esposas, correas, mecates, etcétera, y de esa manera guindarlo o suspenderlo en algún tubo o soporte que pudiera de alguna manera contener el peso del hombre o la mujer”.
“Se guinda allí con los brazos extendidos y generalmente sus extremidades inferiores no tocan el piso. Así va a estar suspendido hasta que los funcionarios lo deseen, buscando que llegue un momento en que sus brazos al no soportan el peso, pierdan la sensibilidad y se sienta que se pudieran desprender”, describe el profesor universitario.
“De esa manera, una vez que la persona ya no soporta estar en esa posición porque no toca el piso, y no consigue la forma de aliviar el dolor en los brazos, se ve en la imperiosa necesidad de, o bien confesar o bien decir cualquier cosa, para incriminar a otra persona. Este privado de libertad, aun siendo inocente, tiene que decir algo para que los torturadores le quiten los amarres o esposas y lo puedan hacer tocar piso”.
Todo esto obedece a una política de Estado
García es vicepresidente de FUNDECI, una organización no gubernamental dedicada a orientar, promover, divulgar, así como otorgar herramientas de conocimiento y participación para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la justicia y la equidad en Venezuela. Dice que el informe, además, “habla de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada de personas, de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en fin, se describe todo lo que se ha suscitado en el país”.
“Pero lo más importante es que no se limita a decir que dentro del Estado venezolano se violan derechos humanos, sino que señala directamente a los responsables de esas violaciones con nombres y apellidos. Señala las jerarquías, las cadenas de mando de las personas que, sin la autorización de ellos y sin la participación de ellos, no fuesen posible estas aberraciones de violencia hacia el ser humano dentro de Venezuela”, manifestó.
Así también, indicó: “El informe establece que todo obedece a un patrón, a una forma sistematizada que, de alguna manera sigue una política de Estado”. “También reivindica las denuncias que vienen haciendo las víctimas, las ONG y todos nosotros que, de alguna manera hemos estado involucrados en la defensa de los derechos humanos y somos testigos de tantas violaciones ocurridas en Venezuela”, reveló el abogado.
Te puede interesar:
Informe ONU Venezuela: La perversión de un régimen en 400 páginas
