Firman el primer acuerdo regional vinculante para garantizar la “democracia ambiental”Por estos días se cumplen dos años del asesinato de Berta Cáceres, una mujer hondureña y dirigente indígena ambientalista, algo que en 2015 la llevó a ser galardonada con el Premio Goldman por su lucha en defensa del medio ambiente. Su muerte, el 2 de marzo de 2016, generó conmoción internacional y desde un principio se la vinculó a su oposición a proyectos hidroeléctricos en Honduras.
En las últimas horas la Policía de ese país detuvo a Roberto David Castillo, ejecutivo de Desa, empresa que construía la hidroeléctrica y que llevó a Cáceres a protestar. Al momento de la muerta de Cáceres, asesinada a balazos en su casa, este hombre era el presidente de la empresa y ahora se lo acusa de planificar y ordenar el crimen.
Mientras tanto, en forma paralela a esta detención que procura dar con la verdad con respecto a la muerte de Cáceres, América Latina dio un paso importante en cuanto a la defensa de los líderes ambientales y “la democracia ambiental”.
Reunidos en la ciudad de San José de Costa Rica, 24 países de América Latina y el Caribe adoptaron el pasado sábado 3 de marzo el “primer acuerdo regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo)”, señala la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Según indica este organismo continental, se trata de un instrumento legal “inédito para la región” tras una ardua negociación que viene desde el año 2014.
Esta resolución, de carácter vinculante, hace énfasis también en “la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.
Detrás de este paso que da América Latina y el Caribe con respecto a la “democracia ambiental” (nuevo término legal que implica participación conjunta en la protección del ambiente) está Naciones Unidas, que ofició como secretaría técnica del acuerdo.
“Con este acuerdo, América Latina y el Caribe atestigua su firme e inequívoco compromiso con un principio democrático fundacional: el derecho de las personas a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno”, indicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
“Este es un acuerdo de segunda generación que vincula el medio ambiente con los derechos humanos y los derechos de acceso, y que sin duda va a contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030”, agregó.
En base al texto final aprobado, el gran objetivo del acuerdo (Artículo 1) es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” .
Lo acontecido en los últimos días en Costa Rica, abierto a la firma de todos los países del continente y a la espera de ser ratificado en septiembre de 208 en la sede de Naciones Unidas, debe ser motivo de celebración en todo el continente –en algunos países como Colombia o Brasil el tema ha generado gran preocupación en los últimos meses- y en especial una señal de acompañamiento a miles de personas que apoyan causas ambientales, además de motivar una plegaria especial por todos aquellos líderes que han perdido sus vidas con su lucha y defensa del medio ambiente como Berta Cáceres.
En base a Cepal
