Por primera vez, el gobierno de Nicolás Maduro autorizó a la institución mundial de la Iglesia Católica la gestión de ayudas para ingresar medicamentos específicos a la nación sudamericana, donde medio millón de infectados espera con urgencia el tratamiento para sobrevivirEn una acción inédita en las complejas relaciones Iglesia-Estado en Venezuela, Cáritas consiguió la autorización del gobierno nacional para el ingreso de medicinas que permitan responder al paludismo.
La nación ya cuenta, según cifras extraoficiales, con más de 300.000 pacientes por esta razón, distribuidos no sólo en regiones endémicas, sino en una serie de zonas que meses atrás no figuraban en ninguna de las listas epidemiológicas.
La enfermedad, hasta hace una década completamente erradicada, está causando estragos donde los programas de control fueron prácticamente eliminados. El vector, como se llama al que transmite la enfermedad, es un zancudo que ha conseguido instalarse cómodamente en lugares donde nunca antes sufrieron por este mal.
El estado más sonado es Bolívar. Allí ocurren más del 70% del total de casos del país. Pero en la actualidad se constata –en condición pandémicas- una escalada exponencial del problema en sitios como Sucre y Zulia, con afecciones particulares.
También hay paludismo en Barlovento; así como en las tierras de misión, y no sólo en las del oriente venezolano, o la Gran Sabana. Uno de los lugares emblemáticos en este aspecto es la Sierra de Perijá, donde hacen vida religiosa los frailes capuchinos y las monjas lauritas.
No hay cifras oficiales. Sin embargo, Aleteia pudo constatar desde el sitio que más del 12% de los que integran las comunidades indígenas yukpa y barí se encuentran infectados.
Solamente durante los meses de marzo a julio, en esa región zuliana y en la frontera con Colombia se incrementaron los casos a razón de más de 300 por mes, superando exclusivamente entre las comunidades indígenas, el millar de enfermos.
La situación de Sucre es igualmente compleja. Allá se registraron 21.687 casos en 2016. Actualmente ya son más de 40.000; y con sub-registros, la cifra podría pasar de 50.000. En la zona no se consiguen los tratamientos, que sí se pueden adquirir por 50 a 100 dólares en casi cualquier lugar de la frontera.
En la actualidad, el Índice Parasitario Anual (IPA) está ubicado en 40; es decir, se enferman 40 personas por cada mil habitantes; aunque en algunas localidades la cifra logra triplicar el número de habitantes.
En este marco, la organización Cáritas viene adelantando gestiones para mitigar los efectos de la enfermedad, amén de aquellas que hasta hace poco estaban completamente erradicadas en la nación.
La directora del ente social de la Iglesia, Janeth Márquez, confirmó que tras una serie de reuniones con el alto gobierno, se permitió la entrada de medicinas, incluso si no llevan indicativos de Cáritas, “porque la prioridad es salvar las vidas de las personas”.
Además se adelantan gestiones con la UNICEF, el fondo de las Naciones Unidas (ONU) para la infancia, a fin de disminuir los elevados índices de mortalidad infantil por ésta y otras enfermedades.
La directora de Cáritas le contó a Aleteia que con ayuda de la organización civil “Médicos Sin Fronteras” han podido atender casos puntuales en diversas regiones del país. Y dijo que avanzan en la elaboración de diagnósticos precisos que sirvan para llevar la ayuda que se requiere con urgencia.
No obstante, destacó que es el Estado el que debe brindar la atención inmediata, porque las instituciones y organizaciones no gubernamentales “resultan insuficientes en capacidad logística e infraestructura” para responder ante la dimensión del problema.
Confía en que se consoliden las alianzas con los organismos internacionales para seguir brindando ayuda en todo el país, y reiteró que la Iglesia católica mantendrá su despliegue en la nación para salvar la vida del mayor número de afectador por la enfermedad.
Igualmente, destacó los esfuerzos que desde la Iglesia se están haciendo para responder a los problemas de desnutrición que siguen afectando a los niños venezolanos. Dijo en este aspecto que ya se superó el umbral de emergencia y que hay en la nación cifras alarmantes que requieren la intervención urgente del Estado y de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
Sostuvo que fueron oídos por funcionarios del gobierno. Y confía en que se puedan llevar a cabo las labores necesarias para mitigar los efectos de la crisis en ésta y otras áreas de notable prioridad para garantizar un derecho tan irrenunciable como el de la vida.
