Varios de los que están tras las rejas, en su mayoría estudiantes, sufren condiciones infrahumanas en la máxima penal de VenezuelaDe veintidós a treinta horas para recorrer 1.000 quinientos kilómetros por tierra son necesarios para verlos. Por razones logísticas y económicas, solamente pueden hacerlo una vez cada 15 días. A la última visita no pudieron acudir tres damas.
Están en el Centro Penitenciario de Oriente bautizado como “El Dorado”. Se trata de la máxima penal de Venezuela, donde lo único que brilla es la esperanza de unos muchachos presos por enfrentarse al régimen de Maduro.
Esperan hasta 15 días para poder acudir al penal, “porque semanalmente es imposible reunir los fondos para cubrir los gastos. Familia y vecinos ayudan con aportes directos o ‘potazos’, los cuales sirven para comprarles: arroz, galletas, desodorante, jabón o cereales”, según cuenta en conversación con Aleteia, Nicolás Valencia, padre de un joven de 18 años que figura en la lista de recluidos.
“A una madre que faltó por estar haciendo diligencias para su hijo la botaron”, sostiene al lamentar “la falta de humanidad de algunos”. Pero también confía en que “¡Dios hará justicia!”. E insiste en que deben mantener el ánimo para movilizarse, “porque ellos necesitan ver a sus madres”.
El calvario de las damas para visitar a sus muchachos comienza los miércoles en horas de la tarde, cuando parten en un expreso que las lleva hasta Ciudad Bolívar o Puerto Ordaz. Una vez allí, agarran un carro que las conduce a Tumeremo, donde descasan unas horas para ir el día siguiente al recinto.
A las 5.30 de la mañana “van saliendo con todo el equipaje para los muchachos hacia El Dorado. Y de ahí llegan finalmente a la cárcel”, cuenta Marialli Castillo, esposa de Juan Saldivia, el primero de un grupo de muchachos que resultó infectado de paludismo.
Seis días invierten las mujeres para realizar la visita. Tres se van en viajar. La movilización de los productos es otro problema y resulta costoso: tanto para trasladar la carga desde el sitio de origen, como dentro del estado Bolívar hasta el penal. Luego vienen los controles, que según Castillo, resultan más agresivos según el ánimo con que se encuentren los funcionarios de la Guardia Nacional.
No obstante, reitera, aparte del “secuestro” de los muchachos y lo que ello implica desde el punto de vista emocional, el gasto es la prueba más difícil de superar. La última semana fueron tres las mamás que no pudieron ir. ¿La razón? Ninguna de ellas consiguió el dinero. Y es que aun dejando de comer, a las familias les cuesta mucho reunir de 750 mil bolívares a un millón para viajar. De 65 a 100 dólares, a cambio real, por persona, “sólo para viáticos y estadía”.
Gracias a un acuerdo verbal con los custodios de la cárcel, hay algunos “privilegios”. No obstante, en la práctica resultan insuficientes para matizar las graves violaciones de derechos humanos que sufren los detenidos y sus familias. Entre los beneficios por estar tan lejos de su lugar de origen (Maracay), les ‘concedieron’ la entrada de alimentos, según una pequeña lista en la cual se indica: azúcar, arroz, pasta, salsa de tomate, aceite, cereal o avena, entre otros.
“Además, cada madre lleva una gavera de agua potable. Pagan a cada expreso para cargar las cosas en el bus, y aparte para movilizarlo. En la cárcel nos hacen la revisión, pero normalmente nos dejan pasar lo que estipularon en la lista”, explica Valencia.
Ya son más de 60 días, cifra que contabilizan en un acumulado de dolores en horas, minutos y segundos. Esperan con ansia que todo acabe para poder abrazar de nuevo en libertad a sus hijos.
En medio de las dificultades abunda la solidaridad. Una acción en el municipio Sifontes del estado Bolívar permite que ocasionalmente reciban apoyo del Cuerpo de Bomberos en temas de alimentación y estadía, según confirmó el alcalde Carlos Chancellor en conversación con Aleteia.
La autoridad municipal fue clave en la aplicación del tratamiento para los muchachos. Una reunión entre Abel Bandres, hermano de José Saldivia, logró la carta de solicitud al personal de malariología que derivó en el envío de medicinas. No obstante, insisten en que los esfuerzos son insuficientes para dar respuesta a tratos crueles en tiempos de revolución.
“Las requisas son bastante fuertes. Varían dependiendo del estado de ánimo del guardia. Antes permitían el ingreso de todos los rubros especificados en la lista. Ahora, solamente un rubro y exclusivamente los viernes”, señala otra de las damas del grupo.
Las familias se ayudan. “No se conocían. Ahora se reúnen para consolidar acciones grupales y apoyarse. Y también porque el dinero es un factor fundamental en esto”, indican. Cuando alguna no puede viajar, colaboran entre ellas. “Una lleva las cosas a los muchachos de las que no pueden ir y así las hacemos pasar. E igual es un riesgo, porque esos intercambios están prohibidos”, señalan.
Marialli es coordinadora de eventos en un hotel. Aún así, “no me da para pagar”. Se bandea con donaciones “y haciendo trabajos extra”. En el grupo hay mamás que son cocineras, amas de casa, o que trabajan en una tienda como encargadas. Ninguna pertenece a una familia de clase alta; ni siquiera de clase media, por lo que las visitas resultan una empresa complicada.
“A Dios le pido que me proteja a mi hijo. A él y a los demás. Que no les dé otra enfermedad”, señala Valencia, quien se lamenta de que “por ser hombre” no puede ver a su hijo en El Dorado. Su madre y la esposa del muchacho viajan en su lugar.
Admite que el trato allá es mejor que el recibido el día de la detención, porque al menos no los golpean “como sí ocurrió en Maracay, cuando le fracturaron las costillas, además de ‘partirle’ la cabeza”. No olvidan la fecha, 2 de julio, cuando protestaban en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en Maracay, donde fueron emboscados mientras se protegían de grupos armados afines al gobierno, mejor conocidos como “colectivos”.
Su hijo “lo que tiene es 18 años. Para un muchacho de esa edad pasar esas vicisitudes es traumático”. Se trata de un drama “para él y para su entorno, para su familia”. Porque la prisión –coinciden los familiares- “nos encarcela a todos, pues la vida nos cambia y sufrimos juntos en esto”.
“A mi hijo lo encontré totalmente descompensado, amarillo, con una fiebre demasiado alta, con los vasitos de los ojos rotos. No me reconocía. Hoy me dieron la noticia de que mi hijo tiene paludismo (mixto). Uno de los más peligrosos. Hago responsable al juez (capitán) Edgar Volcanes (quien lo privó de libertad), ya que ellos tienen un sobreseimiento y no han hecho nada”. Es el mensaje de la madre de Kevin Rojas, uno de los afectados por el mortal paludismo, cuya epidemia está haciendo estragos en la Venezuela de Maduro.
De su llamado se hizo eco la abogada Tamara Suju, activista internacional en defensa de los derechos humanos. Y la reacción internacional fue inmediata. Hasta el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció: “Inhumanas e inaceptables condiciones de reclusión. Urge rápido traslado a centro hospitalario para tratamiento”.
También la esposa de Rojas suplicó ayuda para salvar a los muchachos: “Pido, por favor, sea trasladado a un hospital para que sea atendido como es debido, con un tratamiento adecuado para esa enfermedad. Por favor, necesitamos una ayuda humanitaria. Pónganse la mano en el corazón: Kevin tiene tres hijos que lo necesitan”, clamó, en una acción que busca salvarle la vida, pero el tiempo pasa y las acciones no llegan. Mientras, madres y padres se mantienen unidos en oración suplicando el milagro de la vida y la justicia en la nación sudamericana.
Aleteia conoció que está previsto formalizar un pedido de mediación a la Iglesia a través de la Nunciatura Apostólica y de la Conferencia Episcopal Venezolana, a fin de informar en detalle la grave situación que sufren estos detenidos en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, los obispos se encuentran en Colombia, donde conversarán con el papa Francisco esta semana, según confirmó la oficina de prensa del arzobispado de Caracas.
Aunque no colegiadas, desde la Iglesia ha habido diversas acciones y voces. Una de ellas pertenece a Susana Raffalli, coordinadora de la fundación Cáritas de Venezuela. Sus pronunciamientos vía Twitter han sido contundentes:
“No se debe morir por malaria, ni joven, ni estudiante y mucho menos preso de conciencia. Mi voz por los estudiantes de la UPEL enfermos en El Dorado”, escribió tras recordar en otra oportunidad que “quedar con daño nutricional, sin gas, sin poder adquisitivo alimentario y sin familia es una emergencia humanitaria”.
De los 27 presos políticos detenidos en las inmediaciones de la UPEL, 10 permanecen en El Dorado: José Saldivia, Angelo Sangroni, Enger Matute, Sergio Guevara, Abraham Quiroz, Kevin Rojas, Josnaiker Grajirena, Richard Suárez, Boris Quiñones y Alex González.
No todos mantienen la fortaleza de los primeros días, pero sus madres confían en que la intercesión de la Virgen de las Mercedes les ayudará a encontrar libertad y justicia. Por lo pronto se aferran a los mensajes de los muchachos. Algunos más vigentes que nunca, como el que escribió a principios de reclusión Andrés Aguilar: “Te amo, familia. Disculpa por todo lo que te hago pasar. Pero a la final, ya no tengo nada qué perder…”.
