Mujeres expresan dolor y vuelven a exigir respuestas ante el daño irreparable “¿Si yo hubiera nacido? ¿Si me hubieran dejado nacer? ¿Sólo sería la hija de una campesina que no pudieron esterilizar?”.
Es lo que muchas jóvenes peruanas salieron a replicar en los últimos días en representación de muchas madres que no pueden dar más a luz.
“¡Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar!”, coreaban las muchachas durante una masiva manifestación hacia la Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima en Perú, semanas antes de las elecciones generales de 2016. Más allá de las utilizaciones políticas, subyace una gravísima violación de los derechos humanos contra los pueblos originarios, que es necesario sacar a la luz.
Según el primer reporte documentado del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem), esta misma situación se vivió en Latinoamérica entre la década de los ´90.
La verdad descarnada
Asediadas, confundidas, engañadas, así vivían las mujeres en los pueblos olvidados de los Andes peruanos.
“Nos llevaban en camiones, varones y mujeres íbamos a la fuerza (…) ¡Cuando tengas otro hijo, ya no lo vamos a inscribir!, nos decían las enfermeras del centro de salud”.
“La verdad descarnada”, es lo que nos muestran estos testimonios, recogidos por la abogada Giulia Tamayo del Cladem. Ellas se animaron a narrar los hechos, motivadas por organizaciones locales de mujeres de cada poblado, como lo indica este documental producido en 1999, por la propia abogada Tamayo.
“Fingí gritos, entonces me resistí…Me dijeron: ¡Tu marido es borracho seguro ya estarás embarazada, primero te haremos abortar, luego te ligaremos las trompas!¡Nos obligaron y ahora nos abandonan!”, contaban en el documental las mujeres entre lágrimas.
A raíz de esto algunas mujeres quedaron impedidas de trabajar en la chacra.
Preguntas sin respuestas
¿Cuándo saltaron a la vista las primeras irregularidades en la implementación del programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar en el Perú?
A setiembre de 1996 se habían ejecutado el 42% de Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias (AQV) en el poblado de Huancabamba en Piura, denunció Tamayo, una de las principales defensoras de los derechos de la mujer en Perú.
Para la especialista, la causa de muchos de los abusos a las mujeres andinas en edad fértil eran las metas de AQV que se fijaban al año.
Para el primer semestre de 1997, por ejemplo, ya se tenía 64.831 esterilizaciones, para ese año la meta fijada era de 150.000 AQV.
¿Qué estaba pasando en el sector salud? ¿Se trataba de un patrón sistemático para erradicar la pobreza, o para exterminar a los pobres en el país?
Entre los años 1996 al 2000 las mujeres pobres estaban condenadas a ser infértiles. A vivir mutiladas. Su cosmovisión había sido afectada.
Luego de casi 20 años aún no se ha logrado determinar cuál es el grado de participación voluntaria que tienen las víctimas, cuántas mujeres dieron su consentimiento, cuántas no lo dieron, o cuántas lo dieron sin entender con claridad lo que firmaban.
Mujeres y hombres al borde de la muerte
“Decían que la ayuda había llegado para 300 mujeres de Pampa Anta en Cuzco. No podía comer, al no encontrar comprensión en mi actual pareja he pensado hasta en suicidarme (…) Firmé por temor a la Policía, a mi esposo lo amenazaron con llevárselo, entonces quedé inválida”.
En Huaytará Huancavelica, Juana Rosa Ochoa no corrió la misma suerte. Fue intervenida durante una campaña de salud. A ella le perforaron el intestino grueso cuando intentaban ligarla, como lo documenta el video denominado “Nada Personal” del Cladem. Las imágenes fueron recogidas por el propio centro de salud cuando intentaban registrar la alta calidad en la atención que ofrecía el nosocomio.
No sólo las mujeres estuvieron al borde de la muerte, sino también muchos varones. A fines de 1997 se registraron 11.434 vasectomías.
Según el Ministerio de Salud, las ligaduras también iban en aumento. La última cifra registrada en ese año fue de 14.542.
Piden reparación y aún no son escuchadas
Luego de 15 años, 2 .074 mujeres figuran como agraviadas en la Fiscalía. El expediente ha sido reabierto en reiteradas oportunidades. En 2001 se mandó al archivo. En 2009 se cerró, hasta que en 2011 a pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a iniciarse el proceso.
Más de 272.000 mujeres fueron ligadas y alrededor de 22.000 vasectomías fueron realizadas en los varones.
Sin embargo, el exministro de Salud Alejandro Aguinaga, ministro del sector de 1999 al 2000, reconoce que sólo 34 mujeres fueron afectadas.
Hasta el momento sólo a los familiares de la fallecida María Mamérita Mestanza, a quien se le aplicó la AQV en Cajamarca, se le ha concedido la reparación que tantas otras exigen.
Bajo la lupa
A solo un mes de que los peruanos deban acudir a las urnas por segunda vez, temas como estos empiezan a colarse en la agenda mediática. Sin embargo, más allá de “clima electoral”, el daño ocasionado a las mujeres es irreversible.
La excongresista de la República Hilaria Supa reconoce que el método aplicado en las mujeres andinas no fue el más adecuado.
Condenadas a conseguir solo las promesas de los futuros gobernantes, estas mujeres exigen se resuelvan estos casos y piden el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad, para que no queden impunes.
En 2014 el expediente fue llevado al archivo por quinta vez, luego de que en 2011 fuera reabierto pese a que no habría ninguna nueva prueba como lo dispone la ley.
A principios de este año, a través de un decreto, el Ministerio de Justicia dispuso la creación de un marco jurídico para implementar la asistencia legal y gratuita, el acompañamiento psicológico y la atención de la salud integral a las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas.
