El informe sobre libertad religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, país por país
En un decreto de 1995, el Gobierno indicó que el Estado sólo iba a reconocer a cuatro comunidades religiosas: la Iglesia ortodoxa Tewahedo de Eritrea; la Iglesia evangélica luterana de Eritrea, la Iglesia católica y el islam.
El Gobierno ha conseguido tener bajo su control a la dirección de la Iglesia ortodoxa y del islam, no sólo pagando a sus jerarquías, sino controlando sus actividades y recursos económicos. La Iglesia católica y la luterana siguen conservando su autonomía.
En 1997, la Asamblea Nacional aprobó una Constitución que garantizaba la libertad de religión. No obstante, nunca ha entrado en vigor y las autoridades siguen gobernando mediante decretos.
Las cuatro comunidades religiosas autorizadas siguen necesitando licencia de la oficina de asuntos religiosos para editar y distribuir textos religiosos entre sus fieles.
Sus líderes religiosos y los medios de comunicación con los que tienen vínculos oficiales tienen prohibido comentar cuestiones políticas.
También se les exige presentar al Gobierno informes sobre todas sus actividades cada seis meses. Todos los años, el Departamento de Asuntos Religiosos repite la disposición contenida en el decreto de 1995 sobre organizaciones religiosas.
Alecciona a las cuatro religiones reconocidas para que dejen de aceptar financiación procedente del extranjero y para que funcionen con sus propios recursos económicos, limitando sus actividades exclusivamente al culto religioso.
El decreto además establece que si las Iglesias quieren desarrollar labor social, se tienen que registrar como ONG y aceptar que las autoridades supervisen la financiación, que reciben de otros países. Sin embargo, en la práctica, estas prohibiciones no se aplican ni observan.
Además de las cuatro religiones oficialmente reconocidas, otros grandes grupos religiosos son los cristianos pentecostales, evangélicos y Testigos de Jehová. Eran tolerados hasta 2002, cuando se les exigió por decreto, que sus organizaciones presentaran solicitudes de registro en las que debía aparecer información detallada sobre sus líderes.
Les advirtieron de que en caso de no cumplir esta obligación, sus actividades serían declaradas ilegales. Ninguna de las solicitudes presentadas obtuvo una respuesta favorable. Como mucho, algunas autoridades locales toleran a los grupos no registrados y les permiten practicar su fe en privado.
Los miembros de estos grupos pentecostales y evangélicos y los Testigos de Jehová son sometidos a detenciones, largas estancias en la cárcel a la espera de juicio, malos tratos y torturas a causa de sus actividades religiosas no autorizadas.
En Eritrea se exige a los miembros del clero y a otros individuos pertenecientes a grupos religiosos que realicen el servicio militar. El reclutamiento militar se organiza a discreción de las autoridades entre individuos de hasta 50 años. Sin embargo, en la práctica, este es un límite teórico, y en la realidad hay muchos hombres por encima de los 50 años, que siguen haciendo el servicio militar.
Hace años se aceptaba una exención parcial para los sacerdotes y seminaristas de la Iglesia católica, pero desde 2005, el clero católico y los seminaristas están obligados a realizar el servicio militar. Se calcula que cada año se exige la incorporación al servicio militar a unos 3.000 sacerdotes y seminaristas, imanes y estudiantes de religión ortodoxos y musulmanes eritreos.
Católicos
El Gobierno decretó en 1995 que a las comunidades religiosas no les era permitido recibir financiación del exterior. En 2007, el Gobierno emitió otro decreto anunciando la nacionalización de todos los servicios sociales, pero desde entonces las únicas confiscaciones que se han realizado han sido las de las instalaciones de la Secretaría católica de Asmara, una granja, una escuela y un parvulario de la ciudad de Asab.
La Iglesia sigue dirigiendo 50 colegios, 25 centros médicos, 61 hogares para niños y una o dos empresas comerciales.
Entre 2007 y 2008, el Gobierno de Asmara obligó a 18 misioneros católicos (hombres y mujeres) a abandonar el país al negarse a renovar los permisos de residencia, y ningún misionero ha conseguido que se le conceda un visado permanente.
Ni siquiera se conceden visados con fines religiosos a miembros de órdenes que visitan el país temporalmente, por ejemplo para dirigir retiros para alguna congregación, sino que se ven obligados a solicitar visados de turista y a residir, al menos en teoría, en hoteles.
Cristianos ortodoxos etíopes
Abuna Antonios, el tercer patriarca de la Iglesia ortodoxa Tewahedo de Eritrea, fue depuesto en 2006, ante la presión ejercida por el Gobierno, por un sínodo que no ha sido reconocido por el resto de las Iglesias ortodoxas de rito alejandrino (como la Iglesia ortodoxa eritrea de rito Ge’ez y la Iglesia ortodoxa copta). Permanece desde 2007 bajo arresto domiciliario en un edificio separado de la residencia del patriarca.
Entre los refugiados que huyen de Eritrea al extranjero en busca de asilo, muchos son monjes y sacerdotes de la Iglesia ortodoxa eritrea, que huyen del país desde que en julio de 2005 el Gobierno revocó la exención del servicio militar que disfrutaban.
Tres miembros reformistas de la Iglesia ortodoxa eritrea fueron arrestados en 2005 y desde entonces no se tiene la menor información sobre ellos.
Confesiones cristianas no reconocidas
El Gobierno sigue dando caza, arrestando y deteniendo a numerosos pentecostales y evangélicos, presentando o no cargos formales, bajo la acusación de poner en peligro la seguridad nacional. Se les encarcela sin juicio, ni acceso a asistencia legal, ni visitas de sus familiares.
Los creyentes de estas comunidades están constantemente vigilados y acechados, y se les arresta unas veces en grupo, cuando se reúnen a orar en domicilios privados, y otras de uno en uno.
A algunos los han arrestado cuando cumplían el servicio militar. Según varias ONG, grupos de defensa de los cristianos y fuentes oficiales de Estados Unidos, en Eritrea hay unas 3000 personas en la cárcel por motivos religiosos, la inmensa mayoría de ellos cristianos evangélicos y pentecostales. Según la Alianza Evangélica de Eritrea, actualmente 1.200 cristianos están encarcelados en Eritrea.
Todos estos presos soportan condiciones terribles; bien en celdas subterráneas o en contenedores de metal expuestos al sol durante el día y al frío de la noche durante largos períodos de tiempo.
Muchos de los centros de detención en los que se encierra a este tipo de presos están situados en bases militares, por ejemplo en Mai Serwa, Sawa, Gelalo, Alla, Me’eter y Adi Abeto; otros están cerca de comisarías de policía de la capital, Asmara, o de otras ciudades.
Numerosos testigos de estas prisiones hablan de la brutalidad y las torturas que se infligen a estos detenidos, con la intención, sobre todo, de obligarles a abandonar su fe religiosa.
Entre los sufrimientos que soportan están los trabajos forzados, la privación del alimento y la bebida, las pésimas condiciones higiénicas, se niega la atención médica a los que contraen enfermedades durante su estancia en prisión (malaria, neumonía) y a los que ya estaban enfermos antes del arresto (por ejemplo con diabetes, hipertensión, cáncer).
Antiguos detenidos comentan otros tipos de tortura, como hacerles caminar descalzos sobre piedras puntiagudas y espinas. Los que no caminan suficientemente rápido son golpeados con bastones de plástico duro.
También se les hace rodar desnudos sobre la tierra calentada por el sol mientras los guardias les golpean. Un antiguo detenido llamado Asmerom, entrevistado por
International Christian Concern, contó que había pasado más de un año en una celda de aislamiento completamente a oscuras y que sólo le daban cinco minutos al día para ir al aseo.
Muchos de los detenidos por motivos religiosos son Testigos de Jehová que se niegan a prestar el servicio militar, a los que no se ofrece un servicio social alternativo. Otros han sido descubiertos por los soldados en posesión de textos religiosos prohibidos o rezando según los ritos de alguno de los grupos religiosos no autorizados.
No obstante, en el caso de algunas unidades militares, las sanciones contra los que tienen biblias o textos religiosos ilegales se limitan a la confiscación y destrucción del material en cuestión.
Informes del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) también confirman que un número cada vez mayor de refugiados que llegan desde Eritrea son cristianos pentecostales o evangélicos, o Testigos de Jehová.
Testigos de Jehová
Un decreto presidencial de 1994 declara que los Testigos de Jehová “han renunciado a su nacionalidad” y a los derechos relacionados con ella, ya que se negaron a participar en el referéndum por la independencia de Eritrea de 1993 y porque se niegan a votar o a prestar el servicio militar.
En consecuencia, el Gobierno les niega los documentos de identidad, permisos comerciales o documentación para viajar al extranjero y les impide acceder al empleo en el sector público. Sin este tipo de documentos, no pueden viajar, comprar tierra ni obtener el reconocimiento legal de sus matrimonios.
En general, las penalidades que sufren los Testigos de Jehová, que se niegan a prestar el servicio militar, son más duras que las que afectan a otras personas que cometen el mismo delito pero no pertenecen a este grupo religioso.
Según Human Rights Watch, a principios de 2013, el número de Testigos de Jehová encarcelados ascendía a 56, 11 de ellos de más de 70 años. Tres estaban en la cárcel desde 1994, a pesar de que, por ley, la condena máxima es de dos años de cárcel.
Además, el sistema escolar incluye una especie de entrenamiento militar que se inicia en la escuela secundaria, del que no hay exención. Esto supone en la práctica que los adolescentes de los Testigos de Jehová están obligados a abandonar la escuela y muchos intentan huir al extranjero.
Musulmanes
Además del actual patriarca ortodoxo eritreo, también el gran muftí de Eritrea fue designado por el Departamento de Asuntos Religiosos del Gobierno, a pesar de la oposición de la mayor parte de los musulmanes.
La mayoría de los musulmanes que siguen en prisión por motivos de identidad religiosa fueron arrestados en el período comprendido entre 1992 y 1994, en 1995 o en 2008.
Muchos de ellos fueron considerados sospechosos de pertenecer a la oposición política, pero unos cuantos se limitaban a manifestarse contra la supuesta discriminación de los musulmanes a favor de los cristianos ortodoxos. Muchos proceden de la ciudad de Keren o pertenecen a la tribu saho, que vive diseminada a lo largo de la costa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su Informe sobre Libertad Religiosa Internacional 2012, indica que el número de musulmanes eritreos detenidos como presos de conciencia asciende a unos 180.
Arrestos, muertes y cárcel
A finales de febrero, primeros de marzo de 2013, arrestaron a 85 cristianos miembros de Iglesias evangélicas a los que humillaron mientras los conducían a las comisarías de la ciudad de Berentu, al oeste de Eritrea.
El 27 de febrero de 2013, otras 45 personas, hombres y mujeres, fueron arrestadas por haberse reunido para celebrar un servicio de culto en lugares que no eran templos autorizados. Se calcula que, en total, el número de cristianos arrestados en la zona de Berentu entre principios del 2013 y el 1 de marzo ronda los 125.
En la segunda quincena de marzo murió un preso en la prisión de la base militar de Ala, cerca de la ciudad de Dekamere. Diagnosticado de leucemia, a Belay Gebrezgi Tekabo le negaron el tratamiento en el hospital de Dekamere por no renunciar a su fe evangélica. En la misma prisión están presos otros 45 cristianos evangélicos y pentecostales en condiciones muy duras.
El 5 de julio de 2013 murió otro preso en el centro de detención de la región de Mendefera. Se llamaba Yosief Kebedom Gelai. Era un maestro de 41 años recientemente convertido al cristianismo evangélico. Lo habían arrestado en diciembre cuando las autoridades de la escuela descubrieron que rezaba y participaba en reuniones de estudio de la Biblia.
Otros 39 cristianos, alumnos de una escuela de educación secundaria, fueron encerrados en el campo de entrenamiento de Sawa, en el desierto, cerca de la frontera con Sudán, donde les someten a malos tratos y trabajos forzados. Amenazaron a los varones con mantenerles detenidos indefinidamente si se negaban a abjurar de su fe religiosa.
El 14 de octubre de 2013, murió en la prisión de Adi Quala, cerca de Mendefera, una presa que había sido detenida un año antes, por realizar actividades religiosas ilegales. La causa de la muerte fue la neumonía, para la que le negaron tratamiento, según la práctica habitual de no dar tratamiento médico a los presos que se niegan a abjurar de su fe.
Wehazit Berhane Debesai, de 30 años, había sido arrestada cuando cumplía el servicio militar. El mismo día de su muerte, arrestaron a su novio, Yohanes, que sigue preso en Asi Quala.
El 25 de octubre de 2013, las fuerzas de seguridad arrestaron a unos 180 cristianos de la Iglesia Dios Viviente, que se habían reunido a rezar en Maitemanai, barrio periférico al norte de Asmara. El grupo rezaba en recuerdo de las víctimas de un naufragio cerca de Lampedusa, ocurrido el 3 de octubre.
El 1 de noviembre de 2013, pusieron en libertad a 80 mujeres y niños del grupo de 180 personas arrestadas un mes antes en Maitemanai, después de hacerles firmar un documento por el que aceptaban no volver a reunirse a rezar.
Berhane Asmelash, director de Release Eritrea, declaró: “Los últimos arrestos constituyen la detención colectiva más numerosa de una sola vez de los últimos años. Estas detenciones, junto a la avalancha de arrestos, que se produjo entre enero y marzo, se están convirtiendo en una tendencia preocupante contra la Iglesia clandestina. El hecho de que ni siquiera se libren los niños es una prueba de la gravedad de la persecución contra la Iglesia de Eritrea”.
El desastre del hundimiento de Lampedusa
El 3 de octubre de 2013, un barco que llevaba a más de 500 emigrantes de Libia a Italia se hundió en la isla de Lampedusa. Muchos de los emigrantes procedían de Eritrea, Somalia y Ghana. Se calcula que más de 360 personas murieron en el desastre.
El padre Mussie Zerai, presidente de la Agencia Habeshia (organización que presta ayuda a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Italia), declaró a World Watch Monitor que la mayor parte de las víctimas del hundimiento del barco eran cristianos.
“Miro la lista de supervivientes y el 90 % son cristianos”, dijo. “Venían de Eritrea y Etiopía. La situación es muy mala porque, políticamente, Eritrea vive bajo una dictadura y no tienen ningún tipo de libertad ni democracia. Muchos de los cristianos ortodoxos, que no pertenecen a la Iglesia de Eritrea, son perseguidos por su fe. En este momento no les resulta fácil vivir en Eritrea”.
En marzo de 2014, Radio Vaticana celebró una conferencia sobre las dificultades que obligan a los eritreos a huir de su país. La reunión, patrocinada por la Organización Internacional para las Migraciones, tenía el siguiente título: “Desde Eritrea a Europa, noticias de una emergencia humanitaria”.
Vatican News declaró: “desde 2004, unos 200 000 eritreos, de una población de 5,6 millones de personas, han huido a campos en la frontera oriental de Sudán e Israel. Miles de personas también han intentado escapar a Europa, cruzando el Mediterráneo en barcas que apenas pueden navegar y muchos mueren en la travesía”.
Resumen de la situación de Eritrea
El ejercicio de los derechos humanos básicos de los ciudadanos eritreos sigue deteriorándose debido a que las autoridades manifiestan un absoluto desinterés por el bienestar de sus propios ciudadanos. Este sufrimiento se siente de forma especial en la comunidad cristiana ortodoxa no eritrea.
A pesar de las peticiones recurrentes, la relatora especial de Naciones Unidas en Eritrea, Sheila B. Keetharuth, no ha podido viajar al país desde que fue designada en noviembre de 2012. En consecuencia, su primera misión oficial sobre el terreno, realizada en mayo de 2013, consistió en realizar entrevistas a eritreos de los campos de refugiados de las vecinas Etiopia y Yibuti.
“Estoy enormemente preocupada por la situación de los derechos humanos en Eritrea”, señaló esta experta independiente. “Una militarización excesiva que afecta a la misma estructura de la sociedad eritrea, y a su unidad central, la familia… Las graves restricciones de la libertad de movimiento, opinión, expresión, reunión, asociación y del derecho a la libertad de religión justifican una profunda preocupación”.