Las últimas semanas han visto reanudarse en la India el debate alrededor del tema de la libertad religiosa y las conversiones, argumentos tradicionalmente delicados en una sociedad como la India que desde siempre ha defendido su laicidad frente a la rica presencia multi religiosa. Los hindúes, de hecho, son una neta mayoría (el 78%) respecto a los musulmanes (13%) y a los cristianos (poco más del 2%) y a otras afiliaciones religiosas (sijes, janistas, budistas y judíos).
La victoria en las elecciones de la primavera pasada del partido Bharatya Janata, que se inspira en la ideología del Hindutva, prevé que la India sea la patria de los seguidores del Sanatana Dharma, las religiones con raíces védicas, normalmente sintetizadas con el término “hinduismo”, había previsto el resurgimiento del tema religioso.
Recientemente, los ataques a los lugares de culto (iglesias cristianas) y gestos de intemperancia en relación a las minorías, tanto musulmana como cristiana, han referido el tema en primer plano. Se discute, sobre todo, el Ghar Vapasi, literalmente, regreso a casa, un proceso que prevé la reconversión al hinduismo de grupos cristianos y musulmanes, según una práctica madurada en el siglo XIX de las ideas y la praxis de un famoso reformador local, Swami Dayananda, fundador del Arya Samaj.
El proceso del Ghar Vapasi fue realizado por algunos grupos de inspiración fundamentalista hindú (el Dharm Jagran Samiti, parte del más vasto Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS) y del Bajrang Dal), sobre todo, en el norte de la India, en zonas de tugurios y con buen porcentaje de dalias (descastados), que en el pasado se habían convertido al Islam.
Por la parte cristiana se protestó la propuesta del gobierno de hacer coincidir el 25 de diciembre con la Jornada Nacional del Buen Gobierno (Good Governance Day). La decisión a favor de tal coincidencia quitaría el verdadero significado religioso a la Navidad, como fiesta cristiana, la única prevista por el calendario gubernamental, junto al Viernes Santo.
Precisamente en los días previos a la celebración de Navidad, el National United Christian Forum (NUCF) – en representación de la Conferencia Episcopal Católica India (CBCI), del Consejo Nacional de las Iglesias (NCC) y el Comité Evangélico de India (EFI) – declaró que la intención del gobierno de presentar un modelo de ley que prohíba las conversiones significa procurar “un ataque directo a la libertad de conciencia de las personas para la elección de la propia fe y a la libertad de profesar, practicar y difundir la religión, como previsto en el artículo 25 de la Constitución”.
El documento subraya que, por un lado, las Iglesias están atentas a hacer que las conversiones no sucedan bajo coerción y con engaños y subterfugios y, por otro lado, que el artículo en cuestión ha sido introducido en la Constitución de la India, después de un largo y articulado debate, que contemplaba mantener la laicidad del país, sin minar los derechos inalienables de los hombres y mujeres ciudadanos.
El Forum ha acordado sensibilizar al Primer Ministro Narendra Modi y a los políticos y parlamentarios del hecho que, el desarrollo del país está vinculado a una armónica relación entre los varios grupos religiosos y, al mismo tiempo, ha insistido cómo la comunidad cristiana está “desde siempre en primera línea para servir al país, además de estar presente en la India desde hace alrededor de dos mil años”.
Los cristianos se han sido afectados no sólo por ataques a iglesias, sino también por otros episodios preocupantes: por ejemplo, la prohibición a los alumnos de una escuela católica de dirigirse al director con la denominación padre (don) y la obligación en otro instituto didáctico cristiano de instalar la estatua de Saraswati, una divinidad de la rica mitología hindú.
Mientras el inciso 1 del artículo 25 de la Constitución India dicta que todas las personas tienen los mismos derechos a la libertad de conciencia y profesión, a la práctica y difusión de la religión, ahora se está discutiendo sobre la necesidad de distinguir el derecho a propagar y difundir la propia fe de aquel de convertir personas de otras religiones a la propia religión. Mientras se reconoce que el primero permanece un derecho fundamental, el segundo aspecto, si se realiza a través de la fuerza o a modo de estafa o incentivos es, en cambio, considerado ilegal.
El problema está al centro del debate presente desde hace décadas. Después de varias intervenciones de la Corte Suprema en mérito a la competencia de los estados – India es una república con un ordenamiento fundado en un gobierno central y gobiernos estatales, que se dividen las competencias específicas – de legislar o no en mérito al tema de la libertad religiosa, el Parlamento en su sesión invernal volvió sobre el argumento.
El Ministro de las finanzas Arun Jaitley, ha públicamente presentado una interpelación para conocer si la oposición parlamentaria “está a favor de una prohibición absoluta sobre las conversiones o si se debiera limitar a casos donde se demuestra que el convertido ha sido obligado al acto de cambiar su afiliación religiosa”. “El gobierno – declaró Jaitley, uno de los políticos más representativos del fundamentalismo hindú – está abierto a ambas alternativas”.
El tema de la conversión había terminado sobre la mesa de los políticos el 6 de diciembre de 1948, cuando, en la sede Constituyente, se encendió un debate muy significativo sobre la cuestión del ‘derecho a difundir’ la propia fe como un derecho fundamental o no. Los padres de la Constituyente vieron uno de los momentos más complejos en la redacción de la Carta Constitucional, dándose cuenta de cuánto la religión representase un lazo delicado para todo el país y sus equilibrios internos.
Frente a otras posiciones, emergió con particular fuerza, la necesidad de insistir en la tradición de los ideales y conceptos religiosos que desde tiempos inmemoriales han marcado la cultura india y que hablan de tolerancia y aceptación de la diversidad cultural y religiosa. Por eso no se había considerado oportuno negarle a nadie la posibilidad no sólo de profesar y practicar, sino también difundir el propio credo.
Durante los años, el país ha visto momentos de tensión entre hindúes y musulmanes y también entre hindúes y cristianos e hindúes y sijs, que han llevado a cabo tentativos de ley contra la conversión religiosa en varios estados. En algunos de ellos (Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Gujarat y Odisha) tal legislación está todavía en vigor, en otros ha sido abolida o nunca aprobada o, incluso, retirara antes de ser discutida en el parlamento estatal (Tamil Nadu).
En el pasado, la Corte Suprema ha reafirmado que el derecho a difundir la propia religión no significa el derecho a convertir otros a la propia fe, sino sólo presentar y explicar sus aspectos fundamentales y sus principios. Aún en 1950 la misma Corte Suprema había intervenido para clarificar que las conversiones forzadas pueden llevar a encender la rivalidad entre grupos pertenecientes a religiones distintas y, por lo tanto, pueden constituir una amenaza al orden público del estado. Actualmente en una de las legislaciones estatales que regulan el tema de las conversiones en el estado del Madhya Pradesh, quien quiera cambiar de religión debe declararlo frente al Magistrado del Distrito de competencia.
En los días precedentes a Navidad intervino en mérito a la cuestión también el cardenal Gracias, arzobispo de Bombay y Secretario General de la Federación de las Conferencias Episcopales Asiáticas (FABC). La iglesia en la India, afirmó el cardenal en una entrevista a AsiaNews, “se opone con fuerza” a cualquier ley sobre la libertad religiosa y usará “cualquier medio posible”, entre los cuales “el recurso a la justicia” para obtener la cancelación. Gracias añadió que “las normas existentes son adecuadas para contener los abusos vinculados a las conversiones”, así como el derecho a la libertad de conciencia y de religión “es parte de los derechos de base de cualquier ciudadano indio”.
Como demostración de cuán inútil es una legislación contra la posibilidad de cambiar la propia fe los cristianos hacen ver que su presencia, aunque es muy apreciada para los servicios sociales y educativos, está detenida desde hace mucho tiempo en el 2,3% de toda la población, como clara demostración que “no pueden ciertamente ser acusados de conversiones forzadas”.
Hoy celebramos a...