Abusos en EE.UU.: desestimada la acusación contra la Santa Sede

El abogado del Vaticano Jeffrey Lena explica los pormenores del casoEl Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha desestimado la apelación al caso John V. Doe vs Santa Sede, poniendo fin a un litigio que comenzó en 2002, sobre el abuso sexual de un sacerdote a un menor en el estado de Oregón en 1965.
 
Jeffrey S. Lena, abogado de la Santa Sede, publicó toda la documentación en poder del Vaticano sobre este caso en 2011. En ella se mostraba que la Santa Sede sólo fue informada del caso un año después de la denuncia del mismo, y que desde ese momento, el sacerdote fue reducido al estado laical en cuestión de semanas.
 
Lena ha hecho público un comunicado en el que explica que éste es el tercer caso de demanda contra la Santa Sede sobre casos de abusos que, a pesar de haberse inaugurado “con gran fanfarria y como si fuera un circo por parte de los medios de comunicación”, se ha desintegrado debido a su inconsistencia jurídica. Las dos causas precedentes se produjeron en Kentucky (2004) y Wisconsin (2010), y ambas tuvieron que ser retiradas por los demandantes, sin ningún tipo de pacto económico.
 
Como en los casos anteriores, explica Lena, el caso actual “se basó en errores de hecho y silogismos falaces que han engañado al público durante años. Pero se ha terminado con la retirada repentina de la demanda contra la Santa Sede, que nunca debería haber sido presentada en primera instancia”.
 
Por su interés, ofrecemos a los lectores españoles una entrevista concedida por Jeffrey Lena a la edición inglesa de Radio Vaticano.
 
-¿Qué ha sucedido en el presente caso, en términos jurídicos?
 
Este caso se ha basado en dos ideas simplificadas y erróneas sobre la Iglesia católica. La primera, que todos los sacerdotes están controlados por la Santa Sede, y segunda, que la Santa Sede recibe información sobre las actividades de todos los sacerdotes y toma decisiones específicas sobre ellos, sea directa o “por o a través de” las diócesis u órdenes religiosas. La teoría básica del demandante era que si este control existía, entonces la Santa Sede debía considerarse responsable de los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes.
 
El problema de la teoría del demandante está clarísimo: no es así como funciona la Iglesia católica. En realidad, los sacerdotes están bajo el control de sus superiores locales, que toman decisiones sobre su idoneidad para servir en un puesto particular; los sacerdotes no son “empleados” de la Santa Sede en virtud de su estado clerical, y la Santa Sede no recibe ni mantiene información de todos los sacerdotes del mundo, o sobre todos los casos de abusos sexuales relacionados con sacerdotes en todo el mundo.
 
Hay otro aspecto del caso que es importante subrayar. El abogado de la parte demandante quería demostrar que la Corte Federal de Estados Unidos podía alegar jurisdicción sobre la Santa Sede en base a la teoría de que la Santa Sede llevaba a cabo “actividad comercial” en virtud del hecho de que algunas contribuciones al Óbolo de San Pedro se hacen cada año por parte de los fieles y que los sacerdotes “solicitan” estas contribuciones. Según esta teoría, la Iglesia debería ser tratada como una gran corporación, con el Papa como una especie de Consejero Delegado. Esta idea ha sido fuertemente rechazada por el tribunal, y por todos los tribunales que han examinado el asunto.
 
Otra cuestión importante de este caso es que el juez tuvo la oportunidad de examinar de primera mano los hechos. Normalmente en estos casos, los hechos son decididos sobre una base puramente legal. Pero en este caso, todas las partes y los testigos intercambiaron documentos y se los proporcionaron todos al juez. Esto permitió al juez examinar en detalle los hechos relacionados con el sacerdote implicado, y cuáles eran sus conexiones con la Santa Sede. Lo que los documentos mostraban, muy claramente, es que la Santa Sede no tuvo conocimiento alguno de la propensión de este sacerdote a los abusos hasta que éstos tuvieron lugar, cuando llegó la petición de reducción al estado laical por parte de la orden religiosa a la que pertenecía. Y que cuando esta petición llegó, se atendió por parte de la Santa Sede sin demora.
 
Así que, en cuanto el juez comprendió los hechos – los hechos reales más que las alegaciones planteadas por el demandante – desestimó el caso.
 
– Ha habido varios casos similares. ¿Qué ha sucedido con ellos? ¿Queda alguno pendiente?
 
Como afirmo en mi comunicado, ha habido otros dos casos de particular relevancia – el caso O’Bryan en Kentucky y el John Doe 16 (“Murphy”) en Wisconsin. Estos casos proponían teorías similares y el destino fue el mismo: empezaron con alegaciones muy fuertes que aparecían hechos mostrando la implicación de la Santa Sede en los asuntos de la Iglesia local relacionados espcíficamente con la conducta de los sacerdotes. Pero cuando los casos fueron analizados y examinados cuidadosamente por un juez, quedó claro que eso no se sostenía. Ha habido muchos otros casos que no han llegado a juicio porque los abogados de los demandantes implicados los abandonaron en las primeras fases.
 
Normalmente no hay casos “sobresalientes”. Siempre es posible que surja algún otro caso. Cuando suceda, será examinado y defendido según sus propias circunstancias.
 
– ¿Qué pasos concretos ha dado la Santa Sede para combatir casos de abuso sexual?
 
En estos últimos años, Benedicto XVI, y ahora Francisco, han proporcionado liderazgo moral en este campo, no sólo siendo conscientes del problema, sino también haciendo que las Conferencias Episcopales de todo el mundo creasen sistemas sólidos para prevenir y combatir los abusos. Y este, claramente, es el futuro. Hemos visto el daño que la extensión de este mal ha causado en los cuerpos y en las almas. El daño ha sido grande. En algunos lugares, las iglesias se han vaciado a causa de esto.
 
Pero aún hay espacio para la esperanza y la renovación. En las diócesis en las que se han puesto en marcha programas agresivos para prevenir los abusos – quiero decir, donde no ha habido solo bonitas palabras de los obispos, sino que se ha dedicado tiempo, recursos, y el compromiso de los feligreses y de los párrocos – el cambio real ha llegado en seguida. La lección que debe sacarse es que una vez el problema es detectado y abiertamente afrontado, puede ser llevado de forma constructiva. Mi esperanza es que la Iglesia católica asuma totalmente que la prevención y lucha contra el abuso es uno de los mayores valores pastorales, y que la propia Iglesia puede ser un modelo a seguir por todas las demás instituciones sociales ofreciendo modelos de prevención y nunca más fuentes de escándalo.