La determinación del máximo tribunal colombiano de eliminar un artículo del Código Penal que imponía penas de prisión de hasta nueve años a quienes de manera eficaz indujeran al suicidio o prestaran auxilio a personas que deseaban morir, fue cuestionada con firmeza por la Conferencia Episcopal Colombiana.
En una declaración suscrita por su presidente, los obispos afirmaron lo siguiente: “En armonía con la perenne enseñanza de la Iglesia y de su opción fundamental de servir integralmente al ser humano, y haciendo propios los sentimientos del pueblo creyente, reciben con profundo dolor la decisión de la Corte Constitucional de favorecer el Suicidio Médicamente Asistido (SMA)”.
Los prelados exhortaron a las autoridades colombianas para que sean consecuentes con el valor inviolable de la vida humana de conformidad con los postulados de la Constitución Nacional (artículo 11), y adopten decisiones que “estén encaminadas a su protección, defensa y no a su destrucción”.
Los obispos agregaron: “Como sociedad estamos llamados a recibir la vida y a conservarla con gratitud; a elegir, en toda circunstancia, los medios necesarios humanos, científicos y espirituales para rodearla de sentido y valor”.