R. era un “teporocho”, es decir, una borrachito consuetudinario que dormía en las calles de Querétaro (México). Estaba ya muy deteriorado cuando fue acogido por el personal del Banco de Ropa y Enseres Domésticos (BRED) de la localidad. Iba ahí a pedir refugio. A pedir lo que fuera, una ayuda, un trozo de pan o una camisa; un par de zapatos, quizá alguna mano amiga que lo quisiera emplear.
La encargada del Banco le dijo que si podía trabajar, tendría trabajo. Al preguntarle cuál había sido su último empleo dijo –él que era totalmente mexicano—que había estado laborando “como migrante hondureño” en un crucero de la ciudad. Aprendió el dialecto y la forma de hablar de los migrantes y pudo sobrevivir haciéndose como uno de ellos.
Han pasado los años y R. ha sido un extraordinario empleado en el BRED. Ya no “trabaja de centroamericano” en las calles de la ciudad. Pero hay muchos que sí son centroamericanos, iban a Estados Unidos y no llegaron. Se establecieron en las casas de migrantes (la mayoría de la Iglesia, como la Casa San Toribio Romo de Querétaro) y siguen viviendo de la caridad, en los cruceros y en las calles de todo México.
La pregunta es: ¿por qué?
Se sabe que en estos momentos, en Estados Unidos, hay 3.5 millones de centroamericanos viviendo ahí, la mayor parte sin documentos en regla. En México, este año 2019 se ha registrado la tasa más alta de migrantes centroamericanos que pasaron por el país: 460.000 tan solo en los primeros seis meses del año.
¿Cuántos se han quedado a vivir en México? No hay números oficiales. Nadie lleva un control. Muchos se esconden de las mafias, de las policías, de los extorsionadores. Muchas familias trabajan, como R, en los cruceros. Y muchas otras viven de la caridad cristiana. Tan solo la Iglesia católica tiene 70 casas de migrantes a lo largo y ancho del territorio mexicano.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo dependiente de la ONU, deja en claro que hay tres factores que son causas estructurales para la migración actual.
Uno es el crecimiento de la población, el cual ha provocado, en los últimos años, un aumento de jóvenes en edad de trabajar. Como la agricultura ha decrecido, incluso por fenómenos naturales, la segunda causa es la falta de empleos formales en Centroamérica, fenómeno que contrasta con el auge de empleos formales en Estados Unidos desde 2015.
Y como tercera causa está el bajo nivel de sueldos y las malas condiciones de trabajo que hacen que muchos vean en la migración su única opción para mejorar las condiciones de vida de las familias, sobre todo de las que tienen hijos pequeños, jóvenes con la fuerza para recorrer cientos de kilómetros en condiciones precarias.
En resumidas cuentas, las causales de la migración son la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia e inseguridad, la vulnerabilidad a los fenómenos climáticos y la reunificación familiar lo que ha hecho, hasta ahora, que haya flujos migratorios extraordinarios desde Centroamérica hacia México y, sobre todo, hacia Estados Unidos.
¿La única alternativa?
Hay una frase pronunciada por Simón Bolívar en 1830 que muy pocos reconocerían como propia de este héroe de la emancipación sudamericana: “La única cosa que se puede hacer en América es emigrar”. Para miles de centroamericanos (ya no digamos los propios venezolanos, paisanos de Bolívar, pero ésa es otra historia) pareciera ser la única alternativa a la mano.
Desde luego, se trata de un problema muy complejo, que no se resolverá con buenos propósitos ni, tampoco, de manera individual. Los primero que habría que reconocer es que la migración no está en el ADN de los ciudadanos de los salvadoreños, los guatemaltecos y los hondureños. Lo segundo es encontrar soluciones multilaterales que arraiguen a la gente en sus comunidades de origen.
Según los especialistas, los flujos podrían reducirse si se generan políticas de inmigración legal y regulada. No solamente para quienes huyen de la violencia y de la inseguridad, sino también para quienes huyen de la pobreza y la falta de oportunidades, pues podrían encontrar empleos y hacer muchas labores que les permitirían tener un trabajo digno y colaborar en la economía de los países receptores.
Esto implicaría, también, legalizar a los indocumentados que ya se encuentran en los países receptores, permitiéndoles integrarse, formalmente, en el mercado de trabajo. Ello enviaría una señal muy clara de que ya no habría mayor demanda de empleo y, por lo tanto, los nuevos inmigrantes tendrían que entrar de manera regulada. Con ello también se vendría abajo el tráfico de personas que tanto lesiona a las familias de la región.
Y, finalmente, el sentido común implica el apoyo económico y político de los países receptores a los tres países que forman el Triángulo Norte de América Central, cosa que no ha sucedido en la media que Estados Unidos podría haberlo hecho. Y México, también. Nadie quiere irse de su comunidad “por gusto”.
Ganarse la vida en los cruceros –como lo hacía R., aunque fuera mexicano disfrazado de hondureño—no es, ni con mucha imaginación un “trabajo”. Es una esclavitud disfrazada a la que se le podría dar término. El apoyo a las economías locales y a la educación reduciría, dramáticamente, las caravanas de migrantes que cruzan México y o se quedan en México o van a Estados Unidos indocumentados. En ambos casos, jugándose la vida.
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