La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) pidió mediante cartas enviadas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Organización Internacional para las Migraciones y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que velen “por el cumplimiento de los estándares de derechos humanos por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos”.
Las cartas –firmadas por el presidente de la FIO, el portugués José de Faria Costa, apelam “a los buenos oficios que dichas organizaciones pueden realizar en favor de los derechos fundamentales de las personas en contexto de migración que radican en la Unión Americana”, y están respaldadas por la declaración de la Asamblea General y del Consejo de la FIO sobre las medidas migratorias del gobierno de Estados Unidos que pueden afectar los derechos humanos de iberoamericanos que viven en ese país.
La declaración, dice Faria Costa en las cartas, “apela al desarrollo e implementación de un plan de acción orientado a la defensa de los derechos de los migrantes y para la protección de sus respectivas familias”.
También llama a “la adopción de políticas públicas que garanticen la colaboración de las representaciones diplomáticas de esos países presentes en los Estados Unidos, para garantizar que los migrantes no sean víctimas de arbitrariedades y que sean respetados en su persona, bienes e intereses”.
La FIO, fundada en 1995, está integrada por 104 instituciones nacionales, estatales, regionales y locales de 20 países dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos.
Los países representados en ella son Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, en su mayoría miembros de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
Las cartas de la FIO a los diversos organismos internacionales que ven por la integridad de los derechos de los migrantes y sus familias se dan en el proceso de toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus anunciadas políticas en contra de los migrantes indocumentados que residen en ese país y que, según estimaciones oficiales, podrían ascender a 12 millones de seres humanos, la mayor parte de ellos provenientes, justamente, de países iberoamericanos, especialmente de México y Centroamérica y El Caribe.
Aunque está pendiente la forma como procederá la nueva administración estadounidense en esta materia –el propio Donald Trump rectificó señalando que solamente iba a deportar a entre dos o tres millones de migrantes con antecedentes penales—, lo cierto es que las señales que ha dado son claras: sellar la frontera sur, construir el muro entre México y Estados Unidos, endurecer la política migratoria, no abrir la puerta a ninguna reforma en esta materia y devolver el empleo a los trabajadores estadounidenses que, en la perspectiva del presidente Trump, los indocumentados están “robando”.
Hoy celebramos a...