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Uruguay repara a víctimas de la acción ilegal del Estado

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Más de 400 indemnizaciones y 890 certificados de responsabilidad del Estado

La comisión especial encargada de estudiar los casos, reconoció el derecho a una reparación en materia sanitaria a más de 400 personas y a otras tantas una indemnización económica.

A lo largo del año pasado, la Comisión Especial de la Ley de Reparación a las Víctimas de la Actuación Ilegítima del Estado durante el período 1968-1985, aprobó 412 indemnizaciones de diferentes tipos que abarcan prestaciones sanitarias vitalicias y gratuitas y se indemnizó económicamente a 413 personas, además de emitir 890 certificados de responsabilidad del Estado.

La Comisión Especial de Reparación fue establecida por ley y su actividad ha podido permitir algún tipo de reparación a personas que padecieron el accionar ilegal del Estado los años 1968-1985.

La asistencia sanitaria vitalicia y gratuita abarca la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica. Las reparaciones económicas consisten en una indemnización que se expide por única vez, según indica el artículo 11 de la ley.

Las causales para este tipo de indemnización son cuatro: a los familiares de desaparecidos o fallecidos a raíz del accionar ilegitimo del Estado, a quienes sufrieron lesiones gravísimas como consecuencia de la violencia física por agentes del Estado, a niños secuestrados por más de 30 días y a los niños nacidos en cautiverio o detenidos por sus padres o madres por más de 180 días.

Las solicitudes estudiadas por la comisión alcanzaron al 88 % del total y se estima que este año 2017 finalizará el análisis de todas las reclamaciones.

Por otra parte, la Comisión proyecta más sitios de memoria y homenajes a personas asesinadas en el período de la dictadura. Desde la instalación de la primera placa hasta hoy fueron instaladas 29 placas recordatorias en todo el país.

La Comisión está integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y dos organizaciones de la sociedad civil: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la asociación de expresos políticos del Uruguay Crysol.

Artículo originalmente publicado por Ciudad Nueva

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