1/7
Distribución de alimentos a las familias con mayor vulnerabilidad, estableciendo horarios de entrega en las escuelas, o a través de unidades móviles.
2/7
Incrementar la asignación económica de los programas de protección social (como los de transferencias de ingresos) en un monto correspondiente al costo de las raciones de alimentos entregadas por los programas de alimentación escolar.
3/7
Entrega de raciones de alimentos de emergencia a nivel de las comunidades y territorios más vulnerables en coordinación con organismos autorizados del Gobierno o la cooperación internacional.
4/7
Exoneración de impuestos a alimentos de primera necesidad para familias con hijos en edad escolar, especialmente para trabajadores de los sectores económicos más afectados.
5/7
Entrega a domicilio de alimentos frescos, si es posible de la agricultura local.
6/7
Redistribución de los alimentos de los programas de alimentación escolar mediante donaciones a entidades encargadas de dar asistencia alimentaria (como los bancos de alimentos, organizaciones sociales, no gubernamentales, iglesias) durante la fase de respuesta a la emergencia, bajo el seguimiento estricto de los protocolos de seguridad para evitar la propagación del virus.
7/7
Uso de instrumentos digitales (aplicaciones georreferenciadas), para la mejorar la comunicación sobre puntos de acceso a entregas de alimentos, horarios de distribución, y recomendaciones de buen uso de alimentos, y medidas para reducir el riesgo de propagación del COVID-19.

El establecimiento de mesas de alimentación y nutrición, en la que participen los sectores encargados de los programas de alimentación, puede permitir identificar otros grupos de alto riesgo de inseguridad alimentaria, como los adultos mayores que viven solos o están aislados por la situación actual, para tomar acciones oportunas para resguardar su nutrición.

Todas estas medidas necesitan de una amplia coordinación interinstitucional, bajo el liderazgo de las autoridades designadas en cada país, para enfrentar esta crisis