La Iglesia frente a la inundación: también busca evitar la próxima tragedia

Dos años antes, en agosto de 2024, esta comunidad, enclavada en la Ruta Cristera hacia Los Altos de Jalisco, había vivido una inundación que, además de llevarse bienes y patrimonio de numerosas familias, dejó una persona fallecida.

Este año, nuevamente enfrentan una tragedia similar. Esta vez, gracias a Dios, sin víctimas mortales, pero con viviendas, comercios, vehículos y bienes familiares dañados. Las autoridades reportaron más de un centenar de viviendas afectadas, además de decenas de establecimientos comerciales.

Para algunas familias la escena resultó dolorosamente conocida. Apenas comenzaban a recuperarse de la inundación anterior. Había negocios que todavía pagaban a crédito mercancía, muebles o vehículos adquiridos después de aquella emergencia y que ahora volvieron a sufrir pérdidas.

Y junto con el agua regresó también una pregunta inevitable: ¿se podía haber evitado?

Después de la emergencia de 2024 ya habían surgido señalamientos sobre las condiciones de la presa conocida como La Tecata y otras intervenciones en la zona. Tras la nueva inundación, autoridades estatales y municipales señalaron que una tormenta severa y la saturación de la cuenca provocaron el desbordamiento; mientras algunos vecinos han pedido revisar las modificaciones realizadas en presas y canales y su posible relación con las inundaciones.

Más allá de determinar responsabilidades —una tarea que corresponde a las autoridades y especialistas—, la repetición de una emergencia de esta magnitud ha llevado a la población a pedir no solamente ayuda para recuperarse, sino soluciones de fondo.

Sin ser ajena a estos reclamos, la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Rosario, en Zapotlanejo, decidió actuar desde su vocación a la caridad y la solidaridad.

Apenas bajó el nivel del agua, integrantes del Consejo Pastoral de Participación Ciudadana (COPPACI), junto con laicos pertenecientes a distintos grupos parroquiales, pusieron manos a la obra: atendieron a los afectados, limpiaron casas, retiraron lodo y acompañaron a quienes contemplaban lo que había quedado de sus pertenencias.

Los sacerdotes de la parroquia también se movilizaron. A través de redes sociales solicitaron ayuda y recorrieron las calles para acompañar a los damnificados. La comunidad católica hizo entonces algo que conoce bien: organizarse ante el sufrimiento del otro y convertir la solidaridad en acciones concretas.

Desde la parroquia, y con la participación de la comunidad, se realizó un censo de las personas afectadas, manteniendo un espíritu de colaboración con las autoridades y procurando, al mismo tiempo, que la propia ciudadanía participe en la búsqueda del bien común.

El trabajo se ha planteado en tres etapas. La primera consiste en la limpieza y atención de las necesidades más urgentes. La segunda, a partir del censo, busca identificar a las familias con mayores necesidades para apoyarlas con enseres domésticos y otros bienes perdidos durante la inundación.

La tercera mira más lejos.

Con el apoyo de especialistas, la comunidad pretende elaborar una propuesta que pueda ser presentada al Gobierno de Jalisco y al municipio para buscar soluciones que reduzcan el riesgo de que una tragedia semejante vuelva a repetirse.

Y quizá sea precisamente en esta tercera etapa donde la respuesta adquiere una dimensión particularmente significativa desde la Doctrina Social de la Iglesia.

La solidaridad cristiana no termina cuando se entrega una despensa, se limpia una vivienda o se sustituye un refrigerador perdido. Todo eso es indispensable ante una emergencia, pero la enseñanza social de la Iglesia invita también a preguntarse por las condiciones que provocan o agravan el sufrimiento de las personas.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recuerda que la solidaridad no puede reducirse a un sentimiento momentáneo de compasión. Es una virtud que lleva a comprometerse de manera firme y perseverante con el bien común y que debe alcanzar también las estructuras de la sociedad.

Ahí aparece también otro principio fundamental: la subsidiariedad. La comunidad organizada no sustituye a las autoridades ni pretende asumir las responsabilidades que corresponden al Estado. Participa, propone, vigila, colabora y pone sus capacidades al servicio de todos. La propia Doctrina Social reconoce el valor de estos cuerpos intermedios de la sociedad civil y su capacidad de colaborar con las instituciones públicas para alcanzar el bien común.

Eso significa que limpiar una casa inundada es caridad; ayudar a una familia a recuperar lo perdido también lo es. Pero organizarse, escuchar a los afectados, recurrir a especialistas y exigir responsablemente soluciones que protejan la vida y el patrimonio de toda una comunidad también forma parte del compromiso cristiano con el prójimo.

El Papa Francisco lo explicó a partir de la parábola del buen samaritano en Fratelli tutti: una comunidad puede rehacerse cuando existen hombres y mujeres capaces de hacer propia la fragilidad de los demás, levantar al caído y trabajar para que el bien sea verdaderamente común.

Y el Papa León XIV ha insistido recientemente en esa misma relación entre solidaridad y subsidiariedad: una solidaridad sin responsabilidad puede quedarse en asistencialismo, mientras que la participación permite que las personas se involucren en las decisiones que afectan a su propia comunidad.

En Zapotlanejo todavía queda lodo por retirar, pérdidas que contabilizar y familias que necesitarán ayuda durante meses. También quedan preguntas que deberán responderse y medidas de prevención que tendrán que estudiarse.

Una Iglesia que se ensucia los zapatos para sacar el lodo de una casa, que acompaña al que perdió sus bienes y que, cuando termina la emergencia, se sienta con ciudadanos, especialistas y autoridades para buscar que aquello no vuelva a ocurrir.