Este 30 de agosto se celebra la XV edición del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La Iglesia sigue iluminando con su palabra este fenómeno, acompañando pastoralmente a las familias buscadoras, y coadyuvando según su misión en la solución a este flagelo
El fundamento del magisterio social de la Iglesia y de su correspondiente acción pastoral en torno a este caso es, invariablemente, el de la dignidad humana. Este principio nace del acto por el que Dios Padre creó el género humano a su imagen y semejanza; acto llevado a la elocuencia del Amor encarnado y redentor de Dios Hijo, y al del Amor santificador de Dios Espíritu Santo.
Tal dignidad –infinita por estar fundada en Dios– da sustento a la moral social de la Iglesia que procura el bien personal y común de todos sus hijos como buena madre que los protege, y exigente maestra que los instruye en la verdad.
“Crece el elenco (de violencia colectiva) cuando miramos los ejemplos de secuestros de personas por razones políticas, y contemplamos los raptos motivados por afán de lucro material que embisten con tanta dramaticidad contra la vida familiar y la trama social. En el mundo, tal como lo encontramos hoy, ¿qué criterios podemos adoptar para conseguir que los derechos de las personas sean protegidos? ¿Qué fundamento podemos ofrecer como terreno en que puedan desarrollarse los derechos individuales y sociales? Sin duda alguna tal fundamento es la dignidad de la persona humana”
Problema de todos = solución de todos
Con cada persona que sufre la desgracia de la desaparición forzada se abre una herida no sólo en su persona, familia y círculo social; sino en la sociedad global y en la Iglesia misma. Esto es así por el hecho de ser parte de una misma familia, la familia humana. Por ello, las víctimas no pueden reducirse a un expediente, a una cifra, a una estadística, informe, discurso o programa social o gubernamental.
Es imperativo que toda la sociedad participe en la toma de conciencia acerca de la gravedad del delito, y se comprometa en la solución del mismo, cada quien desde su ámbito y alcance particular de gestión. A este respecto la Iglesia ha venido ofreciendo el ser centro de escucha y conocimiento del tema, así como de gestión ante las autoridades correspondientes.
Responsabilidad del Estado: inteligencia, prevención, búsqueda, rescate y procuración de justicia
La autoridad pública tiene la grave responsabilidad de proteger la vida, dignidad y derechos de todos sus ciudadanos. Esta protección conlleva el cuidado de su libertad y su seguridad. De tal responsabilidad se deriva otra de igual importancia: ante la violación de tales derechos, el Estado está obligado a la búsqueda y retorno de los desaparecidos a sus hogares o, en su defecto, a entregar los restos mortales de estos a sus seres queridos; y en ambos casos, a la sanción de los responsables conforme a Derecho.
Desafortunadamente, el problema de las desapariciones forzadas ha cobrado tal dimensión que manifiesta la ineficacia y/o la colusión de las autoridades con el crimen organizado. La sociedad no puede permitir que este problema siga robando la paz de cientos de miles de familias, y enlutando a muchas de ellas. La búsqueda colectiva del bien común obliga no sólo a exigir eficacia a las autoridades, sino a la sustitución de las mismas cuando no ofrecen a la sociedad población las garantías de seguridad que les obligan.
La acción pastoral de la Iglesia
No es labor de la Iglesia la búsqueda de desaparecidos, ni la promulgación de leyes y decretos que coadyuven a la solución del problema, ni a la procuración de justicia, pero sí el iluminar la realidad social y la acción ciudadana con la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo; motivar a la conversión de vida en orden a la santificación de los fieles, incluyendo a los delincuentes, para que abandonen el camino del mal que les hace daño y con el que tanto daño ocasionan a sus víctimas y sociedad; acompañar a las familias de las víctimas con la caridad cristiana; orar por las víctimas y por todas las personas involucradas en este fenómeno; favorecer la educación, toma de conciencia y defensa de la dignidad y derechos humanos según su doctrina social; y exigir a las autoridades el combate a este y todos los delitos, así como la aplicación de las sanciones penales correspondientes, a fin de hacer viable y tangible el Reino de Dios que se vive en la justicia, la paz, la solidaridad y el amor fraterno.
