La Iglesia recuerda que proteger a las audiencias es necesario, pero ninguna autoridad debe convertirse en árbitro de la verdad, la conciencia o la libertad religiosa.
En el Evangelio, Jesús pronuncia una de las frases más luminosas y exigentes para toda la sociedad: “Conocerán la verdad y la verdad los hará libres” (Jn 8,32). Ni dijo que la verdad serviría para dominar, censurar o someter; dijo que libera. Por eso, cuando en México se discute la protección de los llamados derechos de las audiencias, la pregunta de fondo no es solo jurídica o política, es profundamente humana y moral: ¿cómo defender la verdad sin poner en riesgo la libertad?
La presidenta de México Claudia Sheinbaum ha defendido que los lineamientos sobre derechos de las audiencias no buscan censurar, sino garantizar que radioescuchas y televidentes puedan reclamar cuando consideren que reciben información falsa, descontextualizada o contraria a sus derechos. Es legítimo que una sociedad se preocupe por la calidad de la información. La mentira daña, la manipulación confunde. La publicidad disfrazada de noticia engaña. Las audiencias no son consumidores pasivos: son personas con dignidad.
Pero los obispos de México han querido advertir algo esencial: una cosa es promover una comunicación responsable y otra muy distinta es permitir que una autoridad administrativa se convierta en juez de la verdad. En su mensaje, la Conferencia del Episcopado Mexicano recuerda que “cuando el Señor dijo que la verdad nos haría libres, no estaba prometiendo una verdad impuesta”. Jesús propone, pregunta, escucha, narra parábolas. Nunca obliga a creer.
La verdad no necesita imponerse
Por eso, la Iglesia no parte de una defensa cómoda de los medios, ni un rechazo automático a cualquier regulación. Los obispos mexicanos reconocen que el proyecto toca “la vida cotidiana de millones de mexicanos” y valoran elementos como la no discriminación, el pluralismo y la protección frente a contenidos que degradan la dignidad humana. Sin embargo, advierten que “la libertad de expresión es pilar fundamental del orden democrático” y que “ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad”.
Este es un punto muy importante del mensaje. La verdad periodística exige contrastar, verificar, corregir y distinguir hechos de opiniones. Pero la verdad de las convicciones, de la fe, de la conciencia y de las ideas no puede quedar sometida al visto bueno del poder. Los obispos lo expresan con una frase que debería ser meditada más allá de las fronteras partidistas: “La verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural”.
Libertad no es permiso para mentir
Desde una mirada cristiana, la libertad no es licencia para mentir. Quien comunica tiene una grave responsabilidad ante Dios y ante los demás. La calumnia destruye reputaciones; el rumor divide familias; la información manipulada envenena la vida pública. Pero tampoco se cura la mentira entregando al Estado la facultad de decidir qué opiniones son aceptables y cuáles merecen sanción.
La preocupación se vuelve aún más delicada cuando se trata de libertad religiosa. La CEM recuerda que la “libertad religiosa que incluye la libertad de profesar y divulgar la religión o las creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, debe garantizarse como riqueza de pluralismo en la comunicación social”. En un país diverso, nadie debería temer expresar públicamente su fe, su pensamiento moral o su visión del mundo, siempre dentro del respeto a la dignidad de todos.
También el que escucha tiene responsabilidad, las audiencias tienen una tarea. Los obispos dicen con claridad que “ninguna norma nos librará del deber de discernir lo que recibimos, de verificar antes de compartir y de no propagar aquello que hiere la fama del prójimo o siembra confusión”. Esta frase vale para la televisión, la radio y también para nuestras redes sociales. No podemos exigir verdad a los medios mientras compartimos sin pensar aquello que confirma nuestros prejuicios.
Comunicar como Guadalupe: escuchar y enviar
El documento episcopal concluye con una imagen profundamente mexicana: Santa María de Guadalupe. Ella habló a Juan Diego en su lengua, con sus símbolos, y “no lo corrigió, sino que lo escuchó y lo envió”. Esa es una comunicación verdaderamente humana: escucha antes de mandar, ilumina sin humillar, persuade sin imponer.
La libertad, la justicia y la paz necesitan la verdad. Pero necesitan una verdad buscada con conciencia, defendida con valentía y propuesta sin miedo. Cuando la palabra pública se convierte en arma, la sociedad se divide; cuando se convierte en servicio, la sociedad sana. La primera defensa de la verdad no es un reglamento, sino una conciencia formada, una ciudadanía crítica, comunicadores honestos y un Estado que proteja derechos sin apropiarse de la verdad.












