El obispo Thibault Verny, Presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, reflexiona sobre las principales problemáticas y cómo atacarlas
"Quienes han sido víctimas de abusos nos repiten constantemente que la comunicación es fundamental", insiste el obispo Thibault Verny en una entrevista con I.MEDIA. Un año después de su nombramiento (julio de 2025) como Presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el arzobispo de Chambéry reflexiona sobre la misión de este organismo de la Santa Sede, responsable de combatir los abusos en la Iglesia Católica —creado por el papa Francisco en 2014—, y sobre sus principales problemáticas actuales.
Pregunta: Un año después de su nombramiento, ¿cuál es su valoración de este primer año como presidente?
En el plano personal, he encontrado un equilibrio entre mi ministerio en las diócesis de Saboya y mi trabajo en la Curia con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Durante este año, he comprendido cada vez más la importancia de ser obispo local, es decir, de aportar mi experiencia práctica al Vaticano. Fue decisión del Papa nombrar a un obispo local.
Este año ha sido una etapa de apropiación, que se ha logrado principalmente a través de la escucha: escuchar a las víctimas y supervivientes con quienes he podido reunirme, a los miembros de la comisión, y a través del diálogo con mis colegas de los distintos dicasterios de la Curia, durante mis visitas mensuales a Roma.
Durante este primer año, también tuve la oportunidad de viajar para reunirme con algunas conferencias episcopales y congregaciones religiosas masculinas y femeninas, particularmente en Brasil y Nigeria. Asimismo, trabajé con víctimas, por ejemplo, en colaboración con la asociación Ending Clergy Abuse, tras la audiencia entre sus líderes y el Papa León XIV en octubre de 2025.
¿Qué apoyo recibe del Papa en su misión? ¿Cuál es su postura ante este doloroso tema?
La comisión se reúne periódicamente con el Papa, a través de su presidente y su secretario. En cada ocasión, me impresiona la disponibilidad y la atención que León XIV nos brinda. También observo su gran preocupación por las víctimas. En nuestras conversaciones, el Papa subraya la responsabilidad de las iglesias locales y nos pide que las animemos y apoyemos en el cumplimiento de su deber de prevención.
Otra muestra de atención: el Papa aprobó recientemente los nuevos estatutos de la comisión, lo que supuso un hito importante para la estructura, al clarificar su mandato y reforzar su eficacia.
En estos nuevos estatutos, usted queda bajo la jurisdicción del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), que juzga los casos de abuso cometidos por sacerdotes contra menores. ¿Acaso esto no supone un riesgo de privarle de autonomía y libertad de expresión?
Estos estatutos consolidan la misión de la Comisión, teniendo en cuenta los avances logrados desde los estatutos anteriores de 2015. En los últimos diez años, la misión de la Comisión se ha profundizado, especialmente su trabajo con las iglesias locales. Se reafirma que la Comisión es un órgano consultivo que rinde cuentas directamente al Papa a través de su Presidente y Secretario, lo que confirma su autonomía. Si bien estamos constituidos bajo la tutela del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, nuestros miembros son nombrados directamente por el Papa.
La autonomía de la Comisión está garantizada por sus miembros, profesionales que trabajan sobre el terreno, voluntarios y que se encuentran en los cinco continentes, y que se reúnen dos veces al año en asamblea plenaria. Estos estatutos representan una consolidación de la Comisión, no su absorción.
Se le solicita que presente un primer borrador de su informe anual a los organismos evaluados (conferencias episcopales, etc.) antes de su publicación. ¿Es esto una respuesta al descontento de los obispos italianos tras la publicación del último informe? ¿No existe el riesgo de menoscabar su independencia?
El informe anual se elabora mediante un diálogo continuo con las diversas entidades eclesiásticas evaluadas: conferencias episcopales, congregaciones religiosas, dicasterios de la Curia, etc. Esto da lugar a numerosos intercambios previos a la publicación, lo que permite identificar cualquier error o malentendido.
Este diálogo no solo se produce durante la elaboración del informe, sino que continúa posteriormente. Por ejemplo, seguimos en contacto hoy con la Conferencia Episcopal Belga, que fue el tema central del primer informe anual (2024, nota del editor).
¿Cuándo se publicará el tercer informe?
Nos encontramos en la fase final. Esperamos completar las últimas etapas de preparación en septiembre y luego presentar el informe al Santo Padre, quien decidirá sobre su publicación.
¿Qué novedades incluirá el informe de este año?
Por lo general, evaluamos a los países cuyos obispos realizaron una visita ad limina [a Roma] el año anterior. Dado que estas visitas no se llevaron a cabo en 2025, Año Santo, la comisión optó por centrarse en la vida religiosa masculina y femenina. Trabajamos en colaboración con diversas congregaciones y con el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Al igual que el año pasado, continuamos trabajando estrechamente con grupos de víctimas, lo cual forma parte de nuestra misión principal. Asimismo, seguimos diversificando nuestras fuentes, colaborando con instituciones académicas e internacionales. Este informe no pretende ser un instrumento de censura; su objetivo es ser una herramienta cada vez más eficaz para la prevención.
¿Qué iniciativas están emprendiendo para el tratamiento de los casos de "personas vulnerables" que no son menores de edad y que, por lo tanto, no son competencia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe? ¿Existe la posibilidad de que esta categoría se incluya en el derecho canónico?
La Comisión se toma muy en serio esta cuestión crucial de la vulnerabilidad. En nuestras sociedades, los conceptos de vulnerabilidad y consentimiento plantean interrogantes sobre nuestras relaciones interpersonales. En el seno de la Comisión, durante los últimos tres años, expertos interdisciplinarios han estado trabajando en esta realidad de la vulnerabilidad e informando periódicamente al grupo de trabajo del informe anual.
En cuanto a una posible evolución del derecho canónico, esto no entra dentro de la competencia de la Comisión.
En ocasiones, se critica la falta de transparencia del Departamento de Justicia y Desarrollo (DDF) en los procesos penales. ¿Se mantiene informadas a las víctimas sobre el progreso de los juicios? ¿Qué propuestas tiene para fomentar la transparencia?
Mi experiencia como obispo local respalda plenamente su argumento: la comunicación es fundamental. Las víctimas y los sobrevivientes nos recuerdan constantemente que la comunicación es esencial. La falta de comunicación agrava las heridas y socava la confianza. Es importante ayudar a las iglesias locales a comprender esto.
Cabe destacar que, en diciembre de 2019, el Papa Francisco levantó el secreto pontificio en torno a los procedimientos relacionados con casos de violencia sexual, abuso infantil y pornografía infantil. La última actualización del Vademécum (2022) del Dicasterio para la Doctrina de la Fe especifica la responsabilidad de las iglesias locales de informar y apoyar a las víctimas. Esta transparencia debe sopesarse siempre con las obligaciones legales, el respeto y la protección de la privacidad, y los derechos de todas las partes. Justicia y transparencia no son necesariamente contradictorias, sino que deben complementarse e interactuar entre sí.
Añadiría que no podemos ignorar la cuestión del tiempo. Este es un elemento que surge dolorosamente para las víctimas que encuentran largas demoras, ya sea en la justicia civil y estatal o, lamentablemente, a veces en la justicia eclesiástica.
Para restaurar la confianza en la Iglesia, ¿no deberíamos avanzar hacia la publicación sistemática de estadísticas sobre abusos y sanciones en cada país?
La confianza no se impone. Se gana, paso a paso, y se construye a través de hechos y acciones. Esto requiere un compromiso con la verdad, unido a la humildad. Con este fin, la comisión recomienda la recopilación de datos, incluso mediante el uso de organizaciones externas.
Por nuestra parte, no somos un tribunal ni un órgano judicial. Remitimos todos los casos que recibimos al Dicasterio para la Doctrina de la Fe o a las diócesis correspondientes. A lo sumo, podemos servir de enlace; somos facilitadores, pero no gestionamos casos individuales.
