Tras dos años de intensos debates, la Asamblea Nacional francesa ha aprobado oficialmente un controvertido proyecto de ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido
Tras dos años de debate, el proyecto de ley que crea "el derecho a la asistencia para morir" fue aprobado por una estrecha mayoría en su lectura final por la Asamblea Nacional francesa el miércoles 15 de julio. Los legisladores aprobaron la medida con 291 votos a favor, 241 en contra y 29 abstenciones.
Esta es la cuarta vez que los diputados aprueban la legislación. Sin embargo, las crecientes dudas parecen haber sacudido las certezas que antes rodeaban este importante cambio social. Si bien la votación inicial en la Asamblea obtuvo una amplia mayoría, el apoyo ha disminuido progresivamente con cada lectura posterior: 305 votos a favor y 199 en contra en mayo de 2025; 299 a favor y 226 en contra en febrero de 2026; y 295 a favor y 232 en contra en junio de 2026.
"'Este 15 de julio de 2026 marca una grave ruptura en la historia de nuestro país. Al optar por legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, los diputados han incorporado a la legislación francesa la posibilidad de provocar la muerte', reaccionó la Conferencia Episcopal Francesa poco después de la votación.
Esta decisión rompe con la larga tradición de cuidados cuya vocación es aliviar el sufrimiento y acompañar a cada persona hasta el final natural de su vida".
El proyecto de ley finalmente se aprobó a pesar de los numerosos obstáculos. Entre sus opositores figuraban sucesivos primeros ministros y un Senado que bloqueó sistemáticamente el texto. En cada nueva lectura, también se alzaron voces disidentes por parte de médicos, trabajadores sanitarios, la sociedad civil y representantes religiosos.
Además, el proceso legislativo sufrió importantes interrupciones. Entre ellas se incluyen dos disoluciones de la Asamblea Nacional y la posterior caída del gobierno del primer ministro François Bayrou (2024-2025).
Impulsar la aprobación del proyecto de ley
En definitiva, estos obstáculos no fueron suficientes. El presidente francés, Emmanuel Macron, cumplió su promesa de aprobar la legislación antes de que finalizara su segundo mandato de cinco años. "En 2022, me comprometí a abrir este camino con el pueblo francés. Con seriedad, con humildad y con pleno respeto a nuestra democracia, he cumplido este compromiso", declaró Macron tras la votación.
La aprobación del proyecto de ley deja un sabor amargo a sus numerosos opositores, que sienten que sus advertencias fueron desestimadas sin más.
"Si bien existen tantas necesidades de salud mental, tantas deficiencias en nuestro sistema de salud, tantas demoras para obtener una consulta sobre el dolor y tantos de nuestros conciudadanos que sufren de soledad, ofrecer tal alternativa podría generar una falsa sensación de libertad", argumentó Thibault Bazin, legislador del departamento de Meurthe-et-Moselle.
Últimos obstáculos institucionales
Inicialmente presentada como un texto equilibrado, la ley final se ha convertido en una de las más permisivas del mundo en este tema. Va más allá de conceder acceso al suicidio asistido. En ciertos casos, autoriza a un médico o enfermero a administrar una sustancia letal, legalizando de facto la eutanasia.
Las salvaguardias anunciadas al inicio de los debates se fueron debilitando progresivamente. La ley ya no exige una opinión médica colegiada (una revisión colectiva por un panel de médicos o especialistas). Además, la negativa de un médico puede sortearse derivando al paciente a un colega.
Si bien los profesionales sanitarios pueden negarse a participar en el procedimiento, no existe una cláusula de objeción de conciencia colectiva que se aplique a los centros sanitarios. Esto significa que las instituciones privadas o religiosas no pueden optar por no participar en su totalidad. Además, la supervisión regulatoria solo se produce tras el fallecimiento del paciente, lo que impide que cualquier posible irregularidad tenga una solución efectiva.
Los opositores advierten que, una vez que la ley establezca la muerte como una respuesta médica al sufrimiento, los límites actuales podrían interpretarse fácilmente como arbitrarios en el futuro, lo que allanaría el camino para nuevas ampliaciones.
Revisión constitucional
El martes 14 de julio, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció su intención de remitir el proyecto de ley al Consejo Constitucional tras su aprobación definitiva por el Parlamento. El Consejo deberá pronunciarse sobre varios artículos que podrían entrar en conflicto con los principios de libertad individual y dignidad humana.
Entre los puntos polémicos se encuentran el escaso plazo de reflexión de dos días concedido a los pacientes que solicitan asistencia para morir y la situación de los adultos legalmente protegidos. La ausencia de una cláusula de conciencia colectiva para los centros sanitarios también está siendo objeto de escrutinio. Esta omisión afecta particularmente a instituciones como las gestionadas por las Hermanitas de los Pobres, cuya misión principal excluye la muerte asistida.
El Consejo Constitucional puede validar el texto completo, anular disposiciones específicas o emitir reservas interpretativas que impongan una lectura más estricta de la ley. Si se declara conforme, el presidente promulgará la ley, la cual entrará en vigor una vez publicados los textos reglamentarios necesarios. Esta próxima revisión del Consejo se erige ahora como el último obstáculo institucional para la reforma.
