En todas las sociedades hay grupos mayoritarios y minoritarios en muy diversas materias y realidades: la política, la religión, las etnias, la cultura, entre otras. Es frecuente encontrar que la sociedad, sin mayor ponderación, es propensa a desplazar a las minorías a un término secundario y periférico de la gestión social.
Pareciera que, ante la multitud de problemas sociales y la ingente cantidad de retos que la operación social trae consigo, se toma conciencia y se atienden los casos más urgentes e importantes; y suele pasar que los asuntos de la minorías no siempre se ubican entre tales supuestos.
Valor de las minorías
Toda la sociedad –no solo el Estado– está llamada a reconocer el valor de las minorías. Valor que poseen por el hecho de estar formadas por personas que gozan de una misma dignidad e iguales derechos que las personas de los grupos mayoritarios.
Las minorías tienen capacidad para aportar y enriquecer a la sociedad en que se encuentran insertas; siempre y cuando se decidan a hacerlo con respeto a los derechos de cualquier otro grupo humano y en torno al Bien común. Nadie puede vulnerar estos derechos y objeto social en aras de una expresión cultural propia. En este sentido, todos –mayorías y minorías–, estamos obligados a vivir con apego al ordenamiento constitucional de la nación en que se vive, y principalmente, conforme la ley moral natural inscrita por Dios creador en todas las personas.
Las particularidades de las minorías son bienvenidas en tanto enriquecen la cultura y la visión humanista de la sociedad. En este sentido, son dignas de acogida las expresiones artísticas y culturales, lingüisticas y tradicionales, culinarias y rituales, también su cosmovisión e incluso su credo ya que estos dan la oportunidad de ser iluminados y transformados con la revelación plena de Jesucristo; semejante a lo sucedido en México con el acontecimiento guadalupano de 1531, que no se vino a imponer destruyendo, sino a transformar amando
Democracia y minorías
El Estado, y la sociedad en general, no pueden excluir a nadie, ni marginar a nadie. La Iglesia es muy clara al señalar la relación que existe entre la democracia y la minorías:
“Para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales. La correcta conciliación de los bienes particulares de grupos y de individuos es una de las funciones más delicadas del poder público. En un Estado democrático, en el que las decisiones se toman ordinariamente por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, aquellos a quienes compete la responsabilidad de gobierno están obligados a fomentar el bien común del país, no sólo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías”.
(Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia –CDSI–, n. 169).
No sólo derechos… también deberes
Toda vez que la dignidad humana es el elemento común que nos hermana a todos; y considerando que esta dignidad tiene su fuente en Dios que nos creó con amor a su imagen y semejanza, todos gozamos de derechos; y la Doctrina Social refina al instruir, también, las obligaciones. Para el caso de la minorías, nos enseña:
“En primer lugar, un grupo minoritario tiene derecho a la propia existencia (...) Además, las minorías tienen derecho a mantener su cultura, incluida la lengua, así como sus convicciones religiosas, incluida la celebración del culto. En la legítima reivindicación de sus derechos, las minorías pueden verse empujadas a buscar una mayor autonomía o incluso la independencia: en estas delicadas circunstancias, el diálogo y la negociación son el camino para alcanzar la paz. (...) Las minorías tienen también deberes que cumplir, entre los cuales se encuentra, sobre todo, la cooperación al bien común del Estado en que se hallan insertos. En particular, el grupo minoritario tiene el deber de promover la libertad y la dignidad de cada uno de sus miembros y de respetar las decisiones de cada individuo, incluso cuando uno de ellos decidiera pasar a la cultura mayoritaria.”
(CDSI, n. 387).
La vocación del Estado y la misión de la Iglesia
Si bien es cierto que el Estado debe ser laico (no laicista); es decir, garante de los derechos religiosos de todos sus miembros, también es justo señalar el apoyo que este debe dar a las Iglesias para el cumplimiento de su misión. Queda claro que no corresponde al Estado la evangelización de sus ciudadanos, pero sí el garantizar condiciones sociales para que la Iglesia lo haga.
En este mismo sentido, las minorías religiosas deben ser protegidas por el Estado, y evangelizadas por la Iglesia con su testimonio de caridad y la predicación clara e inequívoca de la Buena Noticia de Jesús, según el mandato misionero: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación” (Mc 16,15).
